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Mongolia acude a las urnas con polémica por su reforma electoral

Mongolia acude a las urnas con polémica por su reforma electoral

EFE

Pekín —

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Algo más de 1,9 millones de personas están llamadas a las urnas mañana miércoles en Mongolia para unos comicios legislativos en las que se aplicará por primera vez una polémica reforma electoral que, según ONG y organismos internacionales, perjudica a los partidos minoritarios.

En estos comicios, los octavos que se realizan en Mongolia desde la revolución pacífica que puso fin a siete décadas de dominio comunista en la órbita de la Unión Soviética, se eligen los 76 diputados del Gran Hural (Parlamento), que nombrarán al primer ministro.

La economía es, según las encuestas, la principal preocupación de los votantes de un país que depende de la minería y ha sufrido la caída de los precios de las materias primas, la desaceleración de China (su mayor socio comercial) y el retroceso de la inversión extranjera.

En esta ocasión, los comicios llegan en un clima de creciente desapego a los valores democráticos y con una ley que ha provocado críticas de ONG como Asia Foundation y del equipo de observadores que ha enviado al país la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE).

Según los datos de la Comisión Electoral General de Mongolia, se presentan un total de 498 candidatos, pertenecientes a doce partidos y tres coaliciones, con 69 aspirantes independientes.

Un 26 % de las candidatas son mujeres, después de que la reforma electoral rebajara la cuota de género anterior del 30 % al 20 % y más de un tercio de las circunscripciones no cuentan con aspirantes femeninas, señalaron los observadores de la OSCE en un informe previo a los comicios.

En la pasada legislatura, el Parlamento mongol acogió a cinco formaciones, con mayoría para el Partido Demócrata (PD, conservador), mientras que el Partido Popular de Mongolia (PPM, socialista), que gobernó el país durante las siete décadas que fue un satélite soviético, fue el principal opositor.

Ambos partidos, que se han alternado en el poder desde el desmantelamiento del régimen comunista, están llamados a dominar una vez más los comicios, gracias a la reciente reforma electoral.

La nueva Ley Electoral de Mongolia fue aprobada del Parlamento en mayo, a menos de dos meses de los comicios, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó el texto original al que los legisladores habían dado luz verde en diciembre del año pasado.

La ley de diciembre contemplaba un sistema electoral mixto para las legislativas, que combinaba elementos proporcionales y mayoritarios, pero el Constitucional invalidó la parte proporcional de ese modelo.

El Parlamento tomó nota de esa sentencia y enmendó la ley para dejarla con un sistema puramente mayoritario, en el que en cada circunscripción resulta elegido quien más votos obtiene y el resto se queda sin representación.

Así, cambió el sistema de circunscripciones, que pasó de tener 26 distritos en los que se elegía a varios diputados a 76 distritos que únicamente envían un legislador al Gran Hural.

En algunas circunscripciones habrá una competencia feroz de hasta diez contendientes, mientras que en otros distritos sólo habrá dos aspirantes, lo que, sobre el papel, favorece a los dos grandes partidos, PD y PPM, los únicos que presentan candidatos en todo el país.

“La adopción de la ley electoral sólo seis meses antes de las elecciones y las subsiguientes enmiendas fundamentales menos de dos meses antes suscitan serias preocupaciones en cuanto a las buenas prácticas internacionales”, alerta el informe de la OSCE.

Los observadores también denunciaron que los cerca de 150.000 mongoles residentes en el extranjero no podrán votar, como tampoco los policías y militares destinados fuera de sus circunscripciones, lo que supone privar de este derecho a un 8 % del censo electoral.

Además, la OSCE advirtió de las “ambigüedades” de la ley electoral, las quejas de “recuentos defectuosos” en elecciones previas, las irregularidades en el proceso de formación de las circunscripciones (diferentes de las divisiones administrativas) y el “sesgo político” en las comisiones que controlan los comicios.

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