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ONG exigen un acuerdo por la atención sanitaria de inmigrantes irregulares

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El Gobierno valenciano garantizará por ley la atención sanitaria universal

El Gobierno valenciano garantizará por ley la atención sanitaria universal

Las organizaciones que trabajan con los inmigrantes han instado hoy al Ministerio de Sanidad a liderar un acuerdo político para poner fin a las disparidades entre las distintas comunidades autónomas en la atención sanitaria de los extranjeros que se encuentran en situación irregular.

De esta forma lo expresan a Efe tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la ley valenciana, que prevé la atención sanitaria para inmigrantes "sin papeles", al haber admitido a trámite el recurso que el Gobierno central presentó contra esta norma.

Médicos del Mundo muestra su sorpresa y decepción por la decisión del Constitucional que traerá como consecuencia que 5.000 ciudadanos residentes en las tres provincias valencianas que habían conseguido por fin la tarjeta sanitaria se vayan a ver excluidos de nuevo del sistema público de salud.

Esta decisión sorprende todavía más, según Médicos del Mundo, porque se produce cuando el propio Ministro de Sanidad ha admitido que denegar la atención primaria a las personas inmigrantes fue "un error".

Por ello, pide que se anteponga el derecho básico a la asistencia sanitaria de toda persona frente a otras consideraciones competenciales, evitando así los graves efectos que se producirían sobre la salud y la vida de decenas de miles de personas.

El presidente de la Red Española de Inmigración, Daniel Méndez, muestra su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional, aunque no la comparte.

"La atención sanitaria es un derecho humano", subraya el presidente de la Red Española de Inmigración, quien apunta que la situación regular o irregular de una persona no puede limitar su acceso a la sanidad.

Méndez resalta que la Red Española de Inmigración apoyó, en su momento, la ley valenciana y no entendió el recurso que impulsó el Gobierno central y defiende la anterior regulación que cambió el Ejecutivo del PP en esta legislatura, al considerar que "todo lo que no sea equiparar derechos en la atención sanitaria supone crear ciudadanos de primera y de segunda".

El portavoz de Red Acoge, Manuel Sobrino, expresa su preocupación por que esto pueda suponer "una prolongación dramática e innecesaria de la situación de vulnerabilidad y de peligro para la salud que corren los inmigrantes en situación irregular en la Comunidad Valenciana".

Sobrino insta al Ministerio de Sanidad a liderar "un acuerdo político" para evitar que haya disparidad entre las distintas comunidades sobre la atención de los inmigrantes en situación irregular.

Reclama al Departamento de Sanidad que ninguna persona quede excluida de la atención sanitaria y que evite la situación actual, en la que la Comunidad Valenciana y otras gobernadas por el PP como la de Madrid han rechazado la reforma sanitaria de 2012.

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