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Piden la nulidad del caso de los cursos de formación por dudas sobre Alaya

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Alaya también niega a CCOO licencia para denunciar al testigo clave

Alaya también niega a CCOO licencia para denunciar al testigo clave

El abogado del exconsejero Antonio Fernández, imputado en los cursos de formación, ha presentado un escrito en el que pide la nulidad de las actuaciones realizadas hasta ahora por la juez Mercedes Alaya, respecto a la cual dice que existe una "grave sombra de duda" por cómo asumió la instrucción.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo afirma que la asunción de la competencia en este caso por parte de Alaya "no se ha producido de una forma regular, normal", y se adhiere a la petición de la Junta de Andalucía y del abogado de Ángel Ojeda para que la juez deje de instruir la causa.

El abogado explica que el testigo clave y protegido en este caso, Teodoro Montes, "tras un largo peregrinar sin que nadie le escuchara", se presentó ante el juzgado de Alaya, que lo remitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una situación que califica de "insólita".

De hecho, el abogado recuerda que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ya dijo que lo ocurrido con ese testigo y la asunción del caso por Alaya "no es el procedimiento normal" de los juzgados.

Tras la denuncia ante la UCO en agosto de 2013, los agentes enviaron el caso al juzgado de Alaya en vez de remitirlo al juzgado de guardia para su reparto, ha criticado el abogado a la vez que ha subrayado que Montes ya había declarado un año antes ante otro juzgado de Sevilla por los mismos hechos sin que la iniciativa tuviera repercusión posterior.

El defensor del exconsejero Fernández, que manifiesta su intención de acudir al Tribunal Constitucional, alude a la "alarmante situación creada" en este caso, que califica como "causa general" por parte de Alaya.

Agrega que lamenta constatar un "efecto de pérdida de la apariencia de imparcialidad objetiva" en la juez por las circunstancias procesales en este caso.

"Basta la mera apariencia de ello", señala el abogado, "para que se produzca la violación de la garantía de imparcialidad objetiva, con la consiguiente vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías", concluye su escrito.

Tras las peticiones de la Junta y de Ojeda de apartar a Alaya del caso, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a ambas solicitudes porque consideró que la juez actuó correctamente al admitir el caso y que no se vulneraron las normas de reparto de los juzgados.

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