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La Policía avala las informaciones periodísticas que relacionaron donativos al PP con adjudicación de obras

eldiario.es adelantó en febrero que gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B del PP se solapaban en el tiempo con lucrativos contratos públicos

Un informe de la UDEF señala que el partido de Rajoy vulneró supuestamente la ley de financiación de partidos

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La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía ha analizado los papeles de Bárcenas y ha enviado un informe al juez que instruye en caso Gürtel, y la pieza separada que investiga la supuesta financiación irregular en el Partido Popular, en el que señala que las donaciones de algunas empresas apuntadas por el extesorero Luis Bárcenas coinciden con "una concentración (de adjudicaciones) en un momento determinado": "Las fórmulas de entregas varían de unas cantidades a otras, si bien se observa una continuidad en las aportaciones en el caso de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y en otros casos, existe una concentración (de adjudicaciones) en un momento determinado, como es el caso de Sedesa, en el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004", dice la Policía.

eldiario.es ya adelantó en febrero que gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas se solapaban en el tiempo con lucrativos contratos públicos. Por ejemplo, el 25 de mayo de 2003, durante el Gobierno de Aznar, Luis Bárcenas anotó un supuesto donativo de 18.000 euros a nombre de Juan Manuel Fernández Rubio, vicepresidente de la constructora Adelsa. Al día siguiente, Adelsa recibió una adjudicación de 1,3 millones de euros firmada por el Ministerio de Medio Ambiente. 

El 15 de octubre de 2004, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a OHL la construcción de una nueva salida a la M-30. Fueron 25 millones de euros. Cuatro días después, el 19 de octubre, aparece en los papeles de Bárcenas el nombre del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con un donativo de 100.000 euros.

En el caso de la Constructora Hipánica, cuya relación con una presunta financiación irregular del PP se investiga en la causa del caso Gürtel, recibió, entre 2000 y 2004, 703 millones de euros en contratos públicos adjudicados por administraciones en manos del PP. En los estadillos de cuentas atribuidos a Bárcenas figuran constantes entradas de dinero procedentes de Alfonso García Pozuelo, entonces consejero delegado de la constructora.

En este caso, llama la atención la cercanía de fechas entre los supuestos pagos a Bárcenas y las adjudicaciones recibidas por las administraciones gobernadas por el PP. Constructora Hispánica fue la encargada de construir la estación del AVE en Zaragoza. La licitación de esa obra data de noviembre de 2000. Según la documentación que refleja la supuesta contabilidad B en el PP, en esas mismas fechas García Pozuelo entregó a Bárcenas 30.000 euros. En junio de 2000, Hispánica consiguió la adjudicación de la plataforma de un tramo de AVE entre Lleida y Barcelona. Es un gran contrato: 28 millones a repartir con otra empresa, Copisa. Sólo un mes después, según los papeles del extesorero del PP, Alfonso García Pozuelo entregó 12.000 euros al PP. La concatenación de presuntos pagos al PP y suculentos contratos públicos es constante en el caso de esta compañía. La mayor parte de las adjudicaciones de Hispánica proceden del ministerio de Fomento, en la época en la que Francisco Álvarez Cascos estaba al frente de esa cartera.

Son solo algunos ejemplos, pero hay decenas de coincidencias entre los donativos registrados por Bárcenas en su contabilidad y las adjudicaciones de administraciones públicas. El informe de la UDEF demuestra, por tanto, que el PP vulneró presuntamente la ley de financiación de partidos políticos, que prohíbe a las organizaciones recibir donaciones de empresas adjudicatarias de contratos públicos. Esas entregas también aparecen en las cuentas oficiales que el PP ha enviado al juez Pablo Ruz.

La Policía también destaca que el partido que dirige Mariano Rajoy infringió supuestamente la ley al recibir donaciones que superaban el límite legal y que ingresó “troceadas en pequeñas cantidades”: “Se observa una actuación [del PP] persistente en el tiempo consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”, señala el informe.

Hasta 2007, la norma permitía la entrega anónima de dinero a las organizaciones, por lo que el propio presidente del Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los partidos, ha reconocido que era "prácticamente imposible" hasta esa fecha determinar la legalidad de las donaciones anónimas.

A continuación, se encuentran los gráficos que demuestran la relación entre las donaciones registradas por Bárcenas y los contratos, elaborados a partir de los papeles manuscritos publicados por El País y los distintos boletines de la administración donde se recogen las adjudicaciones públicas.

         

     

     


     


     

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