Treinta miembros de PSOE y CPM se sentarán en el banquillo por compra de votos en 2008

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha comunicado hoy la apertura de juicio oral contra treinta dirigentes de PSOE y Coalición por Melilla (CPM), entre ellos sus números uno, Gregorio Escobar y Mustafa Aberchan, por un supuesto fraude electoral cometido en las elecciones generales de 2008.

Según el auto por el que se acuerda la apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, a los implicados en la supuesta trama de compra de votos a cambio de puestos de trabajo en planes de empleo, se les acusa de delitos electorales, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, asociación ilícita, revelación de secretos o infidelidad en custodia de documentos, además de falsedad de documental.

El auto, contra el que no cabe recurso salvo en la situación personal de los treinta acusados, está firmado por el juez Miguel Ángel García Gutiérrez, que ha tenido en cuenta tanto la solicitud de penas del Ministerio Fiscal como de la acusación particular.

La Fiscalía de Melilla ha pedido un total de 231 años para el conjunto de los treinta dirigentes de ambos partidos, quienes concurrieron en coalición a dichas elecciones.

La fiscal Isabel Martín López ha solicitado para 17 dirigentes del PSOE, entre ellos su actual secretario general un total de 132 años de prisión, mientras que los 13 miembros de CPM, incluido su líder y candidato a las recién celebradas autonómicas, Mustafa Aberchan, suman una petición de 99 años en total.

Aberchan y el entonces secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, son los más perjudicados en el escrito de la Fiscalía, ya que se pide para cada uno una pena de 27 años de cárcel por varios delitos electorales, falsedad, prevaricación, malversación de caudales y asociación ilícita.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de penas para ambos a 29 años y nueve meses, según el escrito del juez.

Las diligencias previas de este procedimiento, que se ha instruido durante varios años, se iniciaron en marzo de 2008 para la investigación de un supuesto delito electoral.

Todo ello se produjo a partir de la remisión en masa a la ciudadanía de unas cartas “falsas” con motivo de los comicios generales celebrados en marzo de 2008, en las que se ofrecían puestos de trabajo en los planes de empleo que se iban a convocar.

Durante la instrucción, según la Fiscalía, quedó de manifiesto la existencia de un “entramado” conformado por diversas personas que pretendieron la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición que formaban entonces CPM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo.