El Tribunal de Cuentas propone más control de los órganos constitucionales

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado una moción en la que propone profundizar en el control contable y de fiscalización de determinados órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Tribunal de Cuentas.

En la moción remitida a las Cortes Generales, el tribunal considera conveniente mejorar la gestión económico-financiera del sector público y establecer un nuevo régimen contable y de mejora del control interno de las cuentas de modo que se dé respuesta a las “carencias existentes en el modelo actual”.

Propone una mejor regulación de la figura del interventor así como la implantación de controles de carácter financiero, más allá del mero cumplimiento de la legalidad contable.

Recomienda que sean estos mismos órganos constitucionales quienes elaboren y rindan sus propias cuentas anuales completas, el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de flujos de efectivo y la liquidación del presupuesto y la memoria, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.

Para ello, plantea otorgar a cada uno de estos órganos constitucionales y de relevancia constitucional la consideración de entidad contable, lo que permitiría que tuvieran un control directo sobre su propia contabilidad.

Con ello se obtendrían al final del año unas cuentas anuales completas que podrían publicarse en sus páginas web respectivas, así como rendirse al Tribunal de Cuentas, formando parte de la Cuenta General del Estado.

No obstante, reconoce el Tribunal de Cuentas que sería necesario hacer modificaciones en sus respectivas leyes orgánicas por lo que considera “más operativo” que, de forma transitoria, se implante una solución con modificaciones normativas menos relevantes.

Además de esta iniciativa, el pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado otra moción en la que propone modificar la normativa que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado con el fin de reducir el plazo legal de rendición de cuentas por parte del Gobierno.

El objetivo es que el Tribunal de Cuentas pueda emitir su fiscalización en el año siguiente al ejercicio económico correspondiente y dotar a las Cortes, como vienen reclamando, de un pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado, en exceso, de dicho ejercicio.