“Universidad en la calle” pide retirar el informe de expertos para la reforma

El movimiento madrileño “La Universidad en la calle” ha pedido hoy la retirada del informe para la reforma universitaria propuesto por expertos nombrados por el Ministerio de Educación, como parte de la movilización contra el “estrangulamiento económico” de universidades y “la merma de autonomía”.

El sábado próximo, unos 600 profesores de las seis universidades públicas y de los centros de la UNED y del CSIC ubicados en la Comunidad de Madrid intervendrán en 400 clases y otras actividades académicas y científicas al aire libre en la Puerta del Sol, las plazas Mayor, de España y de Felipe II y otros espacios públicos tanto de la capital como de Alcalá de Henares, Getafe y Leganés.

“Queremos protestar contra los recortes para las universidades públicas y la investigación, la subida de tasas de matrícula, la precarización de los empleados universitarios e investigadores y el proceso de sometimiento de la universidad a los intereses del Gobierno, de las grandes empresas y los poderes económicos”, ha comentado en rueda de prensa Isabelle Marc, de la coordinadora “La Complutense en la calle”.

El profesor de la Universidad Carlos III Rafael Escudero ha cuestionado la idoneidad de los “supuestos” expertos del informe citado para la reforma universitaria, pues se nombraron “en función de los intereses y afinidades” del ministro José Ignacio Wert, “sin tener en cuenta” toda la pluralidad universitaria.

En un análisis crítico, la coordinadora de “La Universidad en la calle” considera que ese informe “vulnera” el principio de autonomía universitaria, según Escudero.

“El informe propone que el rector no sea elegido por la propia comunidad universitaria, como hasta ahora, sino por un órgano en que participa la comunidad universitaria y el Gobierno autonómico de turno, lo que puede significar -ha interpretado- que el rector sea elegido por los intereses políticos de la comunidad autónoma”.

También ha criticado que se plantee que “emprendedores y empresarios” participen en el gobierno de la universidad pública con la intención de ponerla “al servicio” de intereses corporativos y que se “precarice” el empleo con contratos laborales en detrimento del funcionariado.

“Todo esto recuerda claramente a la universidad franquista”, ha rematado.