Visto para sentencia el juicio por saqueo de 11,5 millones en el gobierno balear

La Audiencia de Palma ha dejado esta tarde visto para sentencia el juicio del llamado caso Scala, con 17 acusados, entre ellos un exconseller autonómico, por el saqueo de 11,5 millones de euros a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la legislatura 2003-2007.

La petición de cárcel de la Fiscalía y la comunidad autónoma (como acusación particular) ha sido de 51 años y 9 meses entre todos, de manera que los cinco principales acusados afrontan condenas que implicarían su ingreso en prisión (por penas de más de 2 años).

Quince acusados han aceptado las penas solicitadas y se les ha aplicado atenuantes de confesión y restitución del daño. No lo ha hecho el principal imputado, el exconseller de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona (PP) ni un supuesto testaferro.

Las multas reclamadas a los 17 ascienden a 9,38 millones de euros y además las acusaciones piden una responsabilidad civil de 11,5 millones de euros y 1 millón de dólares, que contempla las cantidades íntegras de fondos públicos que considera defraudados.

El exconseller Cardona afronta una petición de 21 años de cárcel, multa de 7,5 millones de euros y una responsabilidad civil de 1,2 por siete delitos: asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación, falsedad documental por funcionario y en documento mercantil y fraude a la administración.

La Fiscalía ha pedido hoy medidas cautelares contra Cardona, con la retirada del pasaporte, comparecencias diarias en sede judicial y que se le prohíba salir del territorio nacional.

Cardona no ha hecho uso de su turno final de palabra en el juicio por unos hechos que empezaron a investigarse en marzo de 2008, pero al abandonar la Audiencia ha declarado: “Si no me he ido hasta ahora, no me iré”.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha asegurado en su exposición final que el expolio llevado a cabo por esta trama “es la corrupción” y ejemplo de una secuencia de hechos que “se repite de forma interminable”.

Según Horrach, el testimonio de la arrepentida Antonia Ordinas, exdirectora del CDEIB, “es un relato pormenorizado de la impunidad, del saqueo sistemático de las arcas públicas y de cómo se utiliza la Administración para intereses bastardos”.

Horrach ha descrito a Cardona como “el jefe de la banda”, por ser quien tenía la responsabilidad administrativa, política y económica, y ha relatado 31 indicios en su contra.

Según Horrach, la actividad del CDEIB se desarrolló durante cuatro años con irregularidades como contratos amañados, elevados pagos por una guía turística plagiada y trabajos copiados de internet o un plan de negocio en China del CDEIB que “es un libro que relata cómo saquear los fondos públicos”.

Las acusaciones reclaman al Partido Popular de Baleares que restituya de forma directa 10.585 euros al gobierno regional, como responsabilidad civil subsidiaria, por el traslado de material electoral del PP de Mallorca a Ibiza.