La mujer rural afronta la violencia con miedo y peor acceso a los recursos

Menos información, más presión y miedo a la hora de denunciar, dificultad para que se respeten medidas judiciales como órdenes de alejamiento y peor acceso a los recursos disponibles son algunas de las barreras que afrontan las mujeres que sufren el drama de la violencia de género en el medio rural.

Diferentes estudios y expertos en la materia coinciden en que, aunque es imposible conocer si la prevalencia del maltrato doméstico es mayor o menor en el medio rural, abordar y atajar estas situaciones es más difícil lejos de las grandes urbes.

La investigadora de la Universidad de Salamanca Marta del Pozo señala a Efeagro que “las diferencias son totales”, especialmente por la falta de información, una situación que se está intentado mejorar con charlas divulgativas en núcleos urbanos e incluso con la edición de un libro, que se distribuye gratuitamente, en el que se trata la violencia de género e igualdad en el medio rural.

“Hay una mayor presión sobre las mujeres para ocultar el maltrato que viven, al ser un medio más cerrado, puesto que las relaciones de vecindad son más intensas y sienten que hacerlo público afectaría al entorno”, asegura la publicación, titulada “Violencia de genero igualdad en el medio rural”.

En el otro lado de la moneda, “los maltratadores se sienten menos cuestionados por su entorno, pues creen que gozan del respeto de sus vecinos y que no se inmiscuirán en lo que ocurre dentro de casa”.

Para acabar con esta situación, los expertos recomiendan sensibilizar a la población para que identifique la violencia desde estadios iniciales y para que los hombres hagan ver al agresor que no son sus cómplices y muestren su desaprobación.

Entre los consejos incluidos en esta publicación se insiste en que las mujeres lo hablen con alguien de confianza y pidan el asesoramiento de los profesionales y, en caso de que no haya en el núcleo rural, lo hagan aunque sea por teléfono.

Para la investigadora Marta Arroyo “es duro” ser víctima en el mundo rural, porque “el miedo a denunciar es mayor”, y hacen falta inversiones para mejorar las políticas de igualdad y el acceso a los recursos.

En cuanto a las cifras, no se puede constatar que la violencia tenga una mayor prevalencia en el ámbito rural, puesto que las estadísticas no están filtradas por ámbito geográfico, si bien “lo importante son los números relativos, el número de delitos respecto al número de mujeres que viven en este entorno”, precisa Del Pozo.

A juicio de la presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (Ceres), Inmaculada Idáñez, “no es que haya más casos, lo que ocurre es que cuando los hay suelen estar más escondidos, y al hacerse públicos se oyen más”.

Insiste en que “no hay datos fidedignos, pero lo que está claro es que es más difícil afrontar esta situación en el medio rural por la falta de información y de acceso a los recursos”.

Por ello, Ceres puso en marcha hace dos años una campaña para frenar la violencia en el medio rural, una iniciativa que ha incluido la edición de una guía para ayudar a estas mujeres “que están más aisladas” a saber qué tienen que hacer ante una situación de violencia.

En una segunda etapa de este programa, está previsto realizar la próxima primavera un curso de formación para 25 personas en aspectos técnicos de la violencia de género para que difundan la información en el territorio.

“Queremos aprovechar cualquier evento, foro o reunión para abordar este tema”, resalta Idáñez.

En el estudio sobre Violencia de Género en los Pequeños Municipios del Estado Español, realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno, se detallan los obstáculos y problemas en la aplicación de las normas para prevenir la violencia de género en los municipios pequeños.

Entre ellos, la existencia de una cultura tradicional con un “acusado sexismo”, de una población envejecida y de dificultades de movilidad para las mujeres.

Recoge también la escasa información y formación sobre género y la falta de idoneidad de algunas de las medidas adoptadas para la protección de las víctimas, en especial órdenes de protección, lo que deriva en desprotección de las mujeres e incremento del riesgo de agresión. Lucía Ruiz Simón