La lucha por la propaganda se cuela en la pugna entre Rajoy y Puigdemont

¿Quién ha empezado? Según el Gobierno, quien “ha dado un golpe de Estado en Catalunya entre el 6 y el 7 de septiembre”. Según el Govern, “quien lleva una década desoyendo al 80% de los catalanes que piden decidir su futuro”. ¿Quién tiene la culpa? Según el Gobierno, quien “ha convocado un referéndum ilegal” el 1 de octubre; según el Govern, “quien ha impedido con violencia que los catalanes voten”. ¿Qué supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución? Según el Gobierno, “la restauración de la autonomía de Catalunya”; según el Govern, “la supresión de la autonomía catalana”.

El Gobierno de Mariano Rajoy y el Govern de Carles Puigdemont han entrado de lleno en el terreno de la propaganda, en el de la disputa del relato ante la ciudadanía: una batalla no sobre lo que ocurre, sino sobre la interpretación que de ello hacen los políticos y cómo lo comunican. En este caso, a través de la relación epistolar que están manteniendo, vía requerimientos del artículo 155 de la Constitución, uno y otro.

No en vano, como teorizaron Noam Chomsky y Edward S. Herman en Los guardianes de la libertad, hace tres décadas ya, el modelo de propaganda funciona gracias a la información generada por el Gobierno –en este caso hay dos–, las administraciones públicas, las instituciones burocráticas –y las corporaciones–, que está cuidadosamente preparada por las burocracias –o las empresas–, con el fin de “facilitar” el trabajo.

En el territorio independentista manejan dos conceptos poderosos en política: votar –sinónimo de democracia– y el Sí –lleno de connotaciones positivas–. Y enfrente, el Gobierno de Rajoy, que intenta erigirse como el garante de la legalidad democrática frente a un “golpe de Estado”; si bien las imágenes de la represión durante el 1-O dieron la vuelta al mundo han supuesto un pesado lastre en la pugna por presentarse como el bueno de la película.

Como decía el intelectual francés Christian Salmon, “el político ahora se ve como un objeto de consumo, un artefacto de la subcultura de masas. Un personaje de serie de televisiva. El homo politicus se ve obligado a actuar 24 horas al día, siete días a la semana: contar un relato, influir en la agenda de los medios, fijar el debate público, crear una red, es decir, un espacio para difundir el mensaje y hacerlo viral...”

Salmon advierte de que “la teatralización trae consigo contradicciones, es autodestructiva. Primera paradoja: la inflación de relatos socava la credibilidad del narrador. Segunda: la hipermovilización del público crea fenómenos reales de adicción –como si fuera una droga–, con sus momentos de subida y de descenso, de depresión democrática; con una baja participación en comicios intermedios y el descrédito del discurso público. Tercera paradoja: la del 'voluntarismo impotente'. La postura del voluntarismo es la forma que adopta la voluntad política cuando el poder se queda sin capacidad de acción. El homo politicus constantemente apela a la retórica de ruptura y cambio. Son fórmulas performativas o teatralizadas por excelencia. Una vez elegido, el político se enfrenta a la dura realidad y a una ciudadanía fragmentada”.

En este caso, además, la situación entre Rajoy y Puigdemont encierra unas cuantas paradojas: hay dos leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional –la del referéndum y la de transitoriedad–, que no tienen ningún efecto jurídico efectivo –salvo para quienes dicen no vivir bajo la ley española–; y consecuencia de ello es que el 1-O fue en puridad una movilización con urnas y cargas policiales.

Además, la declaración de independencia suspendida por Puigdemont del 10 de octubre difícilmente puede tener consecuencias legales: no se ha votado ni publicado nada en el diario oficial de Catalunya, por lo que no ha modificado en nada la legalidad. Consecuencia de ello sí son los procedimientos penales abiertos.

Por todo ello, el intercambio epistolar de requerimientos y respuestas, ¿sobre qué es en realidad si el plazo que vence este jueves se refiere al restablecimiento de una legalidad que no ha sido modificada? ¿Cómo se restablece algo que no ha sido alterado? ¿Se le está dando valor jurídico a declaraciones políticas sin procedimiento alguno?

Si tenemos en cuenta que hay una verdadera intervención previa en Catalunya, sin necesidad de artículo 155 como es la intervención de las cuentas, ¿qué se está ventilando entre Rajoy y Puigdemont? Quién aparece como culpable de la crisis; quién aparece como el que rompe los puentes; quién se queda con el significante democracia, legalidad y legitimidad; y quién es percibido como el generador de caos o de orden. En definitiva: quién tiene más éxito con su propaganda, con su interpretación de los hechos y cómo lo comunican a la ciudadanía.