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Los maltratadores que terminen su condena tendrán libertad vigilada

El Gobierno improvisa una presentación de su Estrategia Nacional contra la Violencia de Género ante la avalancha de casos de la última semana

El plan, que incorpora más de 250 medidas y está dotado con más de 1.500 millones de euros, recibirá la luz verde del Gobierno en junio

Colectivos de defensa de la mujer y expertos alertan de la salida de la violencia machista de la agenda política

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Los maltratadores que terminen su condena tendrán libertad vigilada

Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Los maltratadores que hayan concluido su condena en la cárcel por delitos de violencia de género tendrán libertad vigilada, una medida que se incluirá en la reforma del Código Penal, según ha avanzado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Esta es una de las iniciativas de la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, que ha presentado este sábado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, y que será aprobada por el Consejo de Ministros en junio tras el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que reúne a Gobierno y Comunidades Autónomas.

El Ministerio se ha visto obligado a improvisar una presentación de su estrategia, filtrada en las últimas horas a varios medios, tras la peor semana de la violencia machista en lo que va de año, con cuatro asesinatos entre el martes y el viernes. 22 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2013, dos más que el año pasado en estas fechas, según las estadísticas del Gobierno. Prueba de lo improvisado de la presentación es que la puesta de largo del plan del Ejecutivo ante la prensa se ha producido en sábado y sin presencia de la titular de la cartera de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Un plan con más de 250 medidas

El plan, que consta de más de 250 medidas, está dotado con 1.539 millones de euros y tendrá una duración de cuatro años. La estrategia incluye diferentes sistemas de evaluación anuales, que, según Igualdad, permitirán hacer un seguimiento de los casos y modificar aquellas medidas que no estén ofreciendo los resultados deseados.

La extensión de la libertad vigilada para los condenados por violencia machista implica que el juez podrá imponer a los excarcelados la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado, comunicar cambios de residencia y trabajo o portar mecanismos que permitan conocer sus movimientos. El texto incorpora también la puesta en marcha de mecanismos que permitan dar cuenta "de inmediato" de la situación de los internos condenados que se encuentren de permiso penitenciario a los agentes encargados de la seguridad de las víctimas.

El Ejecutivo pretende incentivar la denuncia de las víctimas y su entorno con la puesta en marcha de un paquete de medidas, algunas de ellas ya anunciadas - como la creación de una ventanilla autonómica única de atención a las víctimas-, dotado con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Entre las novedades de la nueva estrategia, figura la coordinación entre administraciones para facilitar la movilidad por el territorio nacional de las víctimas de la violencia machista, que en el caso de las empleadas públicas permitirá agilizar los trámites para el cambio de plaza.

Para mejorar la formación de los profesionales e incidir en la detección precoz del maltrato, la estrategia prevé que en todas las asignaturas troncales de la formación de personal sanitario se incluirán nociones sobre violencia de género. Los profesores contarán también en los colegios con un manual o protocolo para detectar, a través de los síntomas y comportamientos, a los menores que viven en entornos de violencia de género.

La crisis sitúa la violencia de género en un segundo plano

Asociaciones y expertas denunciaban hace unos meses en eldiario.es que la violenca de género ha salido de la agenda política y social, y expresaban su preocupación por la vuelta a un discurso que culpabiliza a las mujeres. Con la llegada de la crisis, el Gobierno ha recortado las partidas destinadas a la igualdad y la violencia de género y muchas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, han perpetrado un duro golpe a la red de centros y programas de atención a mujeres.

Tampoco ha sido una señal positiva la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el marco de la reforma educativa impulsada por el ministro de Educación José Ignacio Wert. Mientras la nueva estrategia pretende introducir formación específica sobre violencia de género en las carreras sanitarias, la materia que promovía entre los más jóvenes valores como la igualdad y concienciaba sobre la violencia machista ha sido eliminada en escuelas e institutos.

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