Los nacionalistas aprovechan el 1-O para acorralar al Gobierno con los presupuestos
El Gobierno encara el curso parlamentario con varios frentes políticos de primer orden abiertos que añaden cada vez más dificultades al hito de completar la legislatura. El conflicto con el referéndum independentista del 1-O ha dejado la puerta abierta para que otros partidos nacionalistas aprovechen la debilidad del Ejecutivo y pongan en entredicho el apoyo a las cuentas públicas de 2018.
El próximo viernes 22 de septiembre el Consejo de Ministros aprobará el borrador de los Presupuestos Generales de 2018 con la misma dificultad para conseguir apoyos que ya tuvo hace apenas tres meses, cuando tras un largo periodo de forcejeo parlamentario salieron adelante con un retraso de medio año las cuentas de 2017.
El escenario no pinta mucho mejor para el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que tendrá que volver a negociar con la oposición en un contexto de creciente tensión política. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya ha advertido de que “responder al tema de Catalunya rebasando determinadas líneas y niveles complicaría la relación que pudiéramos tener con el PP” cuestionando el necesario apoyo para sacar adelante la ley de la que depende la gobernabilidad de la legislatura. Aunque desde el Gobierno restan dramatismo a esta escenificación política de las negociaciones, habitual cada año que el partido del Gobierno está en minoría, lo cierto es que desde Hacienda trabajan con el escenario de que estas cuentas puedan ser las últimas de la legislatura.
Ante la posibilidad de que no haya acuerdo, fuentes del Ejecutivo recuerdan que siempre se podrían prorrogar los Presupuestos de 2017 con lo que la legislatura no se vería abocada a un final precipitado, pero descartan esta opción. “El Partido Popular tiene 137 escaños y tiene que hacer equilibrios complicados. Ahora comienzan las negociaciones con otros partidos y es normal que pongan el listón más alto”, resume un miembro del grupo parlamentario popular.
En el Gobierno aseguran estar “tranquilos” ante los avisos de apoyo condicionado del PNV a los Presupuestos de 2018 a lo que suceda el 1-O, y aseguran que los nacionalistas vascos no han llegado a especificar hasta dónde llegaban esas “líneas rojas” que no se deben rebasar. Para Montoro sería “un error” vincular la negociación presupuestaria con las actuaciones gubernamentales contra la consulta independentista catalana, y fuentes del Ministerio de Hacienda añaden que la actitud del PNV responde más a “una puesta en escena” ante sus votantes que les puede servir para tensar la negociación que para sacar algún rédito adicional.
“Esta escenificación no significa que vayan a romper. Se juegan mucho económicamente. Tienen temas importantes encima de la mesa como la negociación del cupo y las inversiones de la Y vasca, donde se espera que las obras acaben en 2023, ademas de otras inversiones plurianuales a las que no van a renunciar”, aseguran fuentes del Gobierno.
Sin embargo, desde el PNV aseguran que no se sienten en absoluto comprometidos para firmar las cuentas de 2018 después de conseguir que el acuerdo para apoyar los presupuestos de 2017 ya comprendiera estos desembolsos millonarios dirigidos a completar las infraestructuras de Euskadi.
El paquete que el PNV consiguió en primavera para apoyar las cuentas del año 2017 comprendía una mejora del cupo vasco, 3.380 millones de euros para infraestructuras y mejoras en el cuerpo de la Ertzaintza. Muchas de estas partidas presupuestarias se pautaron para ser ejecutadas en el ejercicio 2018, pero, repiten en el PNV, no estaban ligadas a apoyar los presupuestos que ahora se presentan. Concernía, exclusivamente, a los del año pasado.
Desde el Partido Popular no lo ven igual y creen que los compromisos adquiridos en la última negociación les llevarán a dar el visto bueno también a las nuevas cuentas. “En las negociaciones el PNV exigió el fin de la litigiosidad en los tribunales en temas como la plantilla de la Ertzaintza y el respeto a las leyes vascas. Son un partido serio que respetan las leyes como nosotros estamos exigiendo ante el golpe al estado de derecho que se está cometiendo en Catalunya. Es normal que el PNV juegue sus cartas pero no hace falta que nos digan que tenemos que darle una respuesta proporcionada y ajustada jurídicamente al desafío secesionista porque es lo que el Gobierno va a hacer”, aseguran las fuentes consultadas.
Por lo pronto, Hacienda todavía no ha citado al PNV a hablar sobre los presupuestos y sí ha empezado la ronda de encuentros con los partidos políticos con un primer encuentro con los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Fue tras este primer encuentro cuando el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, aseguró que estudiaría con su formación presentar una enmienda a la totalidad. Quevedo aseguró que esta enmienda a la totalidad era una forma de “no convalidar las políticas generales del PP”, aunque a la vez señaló sus disposición a negociar: “Que no se pare el proceso de Presupuestos es muy importante para consolidar algunas cosas” en referencia a inversiones plurianuales para las Islas Canarias.
Quevedo arrancó el año pasado varias bonificaciones al transporte en las Islas y también una partida de 250 millones de euros en inversiones.
Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, admitió que “mantiene conversaciones con Hacienda de forma permanente” para la puesta en marcha del nuevo Régimen Económico y Fiscal de las Islas Canarias y agilizar las inversiones del Estado comprometidas en 2017.
Montoro se verá en los próximos días con Ciudadanos, con los que ya ha tenido conversaciones preliminares y con cuyo voto cuenta por el momento a cambio de una prometida, y anunciada, rebaja del IRPF para las rentas de menos de 17.500 euros. El ministro tiene que simultanear estas citas con los encuentros con los representantes de los empleados públicos que han elevando las movilizaciones en las últimas semanas para mejorar sus condiciones en las cuentas del próximo año.
