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Ojeda se adhiere a la petición de la Junta de apartar a Alaya de los cursos

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La Fundación Tripartita y los sindicatos defienden su gestión de los fondos de formación

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El abogado del exconsejero Ángel Ojeda ha presentado hoy un escrito en el que se adhiere a la petición de la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya sea apartada de la instrucción del caso de los cursos de formación y pide también que se declaren nulas todas las actuaciones que ha hecho.

El escrito, al que ha tenido acceso Efe, insiste en que cree en la independencia de todos los jueces, plantea una nueva petición de nulidad respecto a la realizada por la Junta, que alegaba una posible vulneración del derecho a un juez natural, y solicita que la causa se reparta por el juez decano de Sevilla.

El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, también solicita que las declaraciones del testigo clave y protegido policialmente, Teodoro Montes, exresponsable de Formación de la Junta, se remitan al juzgado en el que denunció un acoso laboral y determinadas irregularidades en los cursos, lo que se archivó.

Para argumentar esa denuncia, que el abogado cree que se hizo en el juzgado de Instrucción 4 pero no tiene certeza, Montes aludió a numerosas irregularidades en los cursos de formación que luego relató ante Alaya, indica el escrito.

El abogado hace referencia a otra denuncia de Montes ante la Guardia Civil en agosto de 2013, que las hizo después de que el juzgado de Alaya le señalara a la Unidad Central Operativa (UCO) como el lugar adecuado para plantearlas.

Una vez hizo estas denuncias, el juzgado de Alaya abrió la causa de los cursos de formación alegando conexión con investigaciones sobre el "conseguidor" Juan Lanzas, lo que vulneraría las normas de repartos de las causas judiciales porque la Guardia Civil tendría que haber comunicado la denuncia al juzgado de guardia, según el abogado de Ojeda.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía reclamaron el pasado 27 de octubre que Alaya dejara de instruir la causa de las presuntas irregularidades en los fondos públicos destinados a los cursos de formación en Andalucía alegando que podría haberse vulnerado el derecho a un juez natural.

En el mismo recurso, la Junta indicaba que "si se santifica la forma de actuar" de Alaya de atribuirse el caso, "nada impediría" que la juez pudiera conocer "de todo lo actuado en el seno de la Junta de Andalucía, desde su origen y en cualquier materia".

Tras asumir el caso por la denuncia de Montes, la juez ha realizado una instrucción "prospectiva", que está prohibida por la ley, según la Junta, que se queja del hecho de que el juzgado de Alaya está instaurando una causa general contra la Administración andaluza, algo también prohibido legalmente.

El recurso sostiene esta argumentación en que la juez ha adoptado medidas "en constante aumento con el único fin de someter a un exhaustivo examen todos y cada uno de los expedientes de formación, incluidos ahora también los expedientes de reintegro incluso "a futuro", tramitados por la Junta de Andalucía desde el año 2001".

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