Ven imposible llegar en 2017 a la accesibilidad universal para discapacitados

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, estima que va a ser imposible que España llegue a cumplir el límite legal máximo fijado el 4 de diciembre de 2017 para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles.

En una entrevista concedida a Efe, Cayo señala que aquellos que no lo sean incurrirán en una ilegalidad y desde el movimiento asociativo se plantearán demandas judiciales o denuncias administrativas por infracción solicitando la aplicación de una sanción.

La fecha procede de la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad del año 2003 y su desarrollo posterior, a través de reales decretos.

El mandato legal afecta a los entornos, productos y servicios nuevos y a los anteriores a 2003, siempre que sean susceptibles de “ajustes razonables”.

“No hay tiempo para lograr que todos los entornos arquitectónicos, urbanísticos, las telecomunicaciones, la sociedad digital, los transportes, las infraestructuras, las relaciones con las Administraciones, los bienes y servicios a disposición del público y los procesos electorales sean accesibles antes de que termine 2017”, asegura Cayo.

El presidente del Cermi indica que quizás el ámbito del urbanismo y la edificación esté en “peor” disposición de cumplir la normativa, ya que en torno al 60 o 70 por ciento del parque construido todavía no es accesible.

Por ello, considera que “es más necesaria que nunca” la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para lograr que las comunidades de propietarios se hagan cargo de las reformas para eliminar barreras arquitectónicas que impiden que personas mayores o con discapacidad puedan entrar y salir libremente de su vivienda.

En el área del transporte, alrededor de un 60 ó 70 por ciento es accesible, aunque hay diferencias en los distintos modos de transporte y en las infraestructuras estatales, autonómicas, provinciales o locales, puesto que existen servicios como el eurotaxi o taxi accesible para todas las personas.

En el medio digital, entre un 50 y un 60 por ciento de las páginas web públicas son accesibles, mientras que en accesibilidad audiovisual hay un rango de cumplimiento de la ley del 60 ó 70 por ciento.

“España está lejos de cumplir el objetivo de la accesibilidad universal, como cualquier país de Europa y del mundo”, admite Cayo, quien argumenta que se trata de una inversión rentable para una potencia turística, puesto que sus visitantes, especialmente personas mayores y con discapacidad, eligen el destino por contar con unas infraestructuras accesibles.

Entre los ejemplos de buenas prácticas, destaca que actualmente el 96 por ciento de los edificios de la Agencia Tributaria donde se atiende al público, así como su página web, son accesibles.

Detalla que el sector ferroviario español ha pasado de disponer un 25 por ciento de material rodante accesible a contar con un 60 por ciento en una década.

Por eso, opina que algunas gestoras de infraestructuras ferroviarias estatales podrían tener un rango de cumplimiento de la normativa de accesibilidad del 90 ó 95 por ciento en cinco o diez años, dedicando esfuerzo e inversión a estas políticas.

“Algunas comunidades autónomas están mejor en transportes, otras en edificación y otras en el parque público de edificios administrativos, pero, en general, están bastante igualadas”, según el presidente del Cermi.

Reconoce que las autonomías en las que el medio rural tiene un gran peso están lejos de alcanzar los objetivos en el transporte, el urbanismo y la edificación y se encuentran en desventaja con respecto a las regiones urbanas, pequeñas y con la población concentrada, en las que es más fácil mejorar la accesibilidad de las infraestructuras.

El Cermi ha propuesto al Parlamento la creación de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad, que se nutriría del 1 por ciento del presupuesto de las inversiones de los Ministerios en obras públicas y en nuevas tecnologías.

La organización sugiere aplicar el modelo existente para el patrimonio histórico en el ámbito de la discapacidad para favorecer el cumplimiento de esos límites legales de accesibilidad en todos los entornos.