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El Gobierno dice que recurre la paralización de la Lomce para salvar los fondos europeos

Educación argumenta que frenar la ley haría que Bruselas retirara 615 millones para acciones como evaluaciones o nuevos itinerarios que el Ejecutivo adelanta

La iniciativa del PSOE respaldada por el Congreso se ve ralentizada, ya que Ciudadanos ha alargado los plazos para empezar a debatir el texto

El Gobierno ya ha modificado la parte de la norma que atañe a las pruebas conocidas como reválidas que, de momento, han desaparecido 

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Iñigo Méndez de Vigo

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno Iñigo Méndez de Vigo. Foto de archivo.

El Gobierno quiere tumbar a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional el acuerdo parlamentario para paralizar la Lomce. Para hacerlo, justifica que frenar la ley implicaría perder 615 millones de euros procedentes de fondos europeos. Los fondos que no quiere perder el Ejecutivo están presupuestados, entre otras cosas, para pagar los exámenes externos al alumnado, según explica el Ministerio de Educación.

Educación abunda que ese dinero tiene carácter "finalista", es decir, adelantado por el Ejecutivo e ingresado a posteriori por Bruselas para sufragar esas acciones. Además de estas evaluaciones externas, también aluden a los nuevos itinerarios de 4º de la ESO (enseñanzas académicas o aplicadas). El Gobierno argumenta que si no se cumple lo acordado en la ley, ese dinero nunca llegaría y, al correr a cargo del Estado, alteraría los Presupuestos Generales.

Sin embargo, el Ejecutivo ya renunció a buena parte de su plan de exámenes. Educación modificó la Lomce en diciembre con  un decreto ley que paraliza las reválidas de 4º de ESO y 2º de Bachillerato y pone fin a que sean evaluaciones vinculantes para obtener el título.

Además solo algunos centros tendrán que hacer el examen de ESO y no todos, como estaba previsto.  De este modo, el Gobierno ha cambiado sustancialmente lo estrictamente dispuesto en la ley Wert en este punto a principio de curso.

El Ejecutivo utiliza la argumentación de los fondos que da Bruselas en su recurso ante el Tribunal Constitucional pese a que la proposición de ley del PSOE, semilla del acuerdo de la oposición contra la Lomce, no contempla en ningún caso un vacío legal sino crear a través de la introducción de enmiendas un proyecto de ley que sustituya a la Lomce.

La subcomisión del pacto

Este resultado es el mismo que busca la Subcomisión para la elaboración del Pacto Social y Político por la Educación promovido por el Gobierno. PSOE y Unidos Podemos no quieren fiar solo a esa subcomisión la desaparición definitiva de la Lomce porque desconocen las renuncias que el PP está dispuesto a hacer sobre su propia ley.

"El PP quiere evitarse tener otro frente abierto y de crítica de donde puedan surgir modificaciones legales. Con su recurso a esta vía pretenden arrinconar otras iniciativas y plantearlo todo en el marco de la subcomisión", afirma el portavoz socialista de Educación, Manuel Cruz.

Unidos Podemos subraya que el ministro de Educación "fue claro desde el principio y dijo que la subcomisión no iba en ningún caso a derogar la Lomce". "Creemos que pretenden solo hacer cambios cosméticos que hagan la norma más presentable y nos parece lamentable que el PP no asuma, ya que gobiernan en minoría, estar controlado por el Parlamento", sostiene el diputado Javier Sánchez.

El recurso planteado por el Gobierno no pide al Constitucional la suspensión cautelar de la proposición de ley, de manera que su admisión a trámite no tendrá efectos inmediatos sobre el proceso parlamentario. Habrá que esperar a que emita una sentencia, lo que podría tardar al menos un año. 

Proceso estancado

La vía parlamentaria para tumbar la ley Wert aún no ha podido echar a andar porque Ciudadanos está alargando los plazos: el grupo ha solicitado la ampliación del tiempo para presentar enmiendas a la totalidad, un periodo previo a la creación de una ponencia donde se discuta el texto. 

El grupo parlamentario de Albert Rivera defiende que  la subcomisión es el foro para tocar los aspectos de la Lomce no les convencen. "No entendemos qué sentido tiene hacer un proceso paralelo. Lo que tengamos que decir, lo diremos en la subcomisión", zanja la portavoz Marta Martín. 

El plazo puede expandirse aún más si el PP, que no lo ha hecho todavía porque ya lo han pedido otros grupos, solicita la misma medida en la Mesa del Congreso. De momento la fecha límite es el 7 de febrero cuando inicialmente estaba fijada en el 15 de diciembre. Hasta hoy ningún grupo ha enmendado completamente el texto inicial del PSOE, confirman fuentes socialistas.

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