Netanyahu pretende expulsar de Israel a decenas de miles de migrantes africanos
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido a su equipo que analicen si es posible deportar por la fuerza a miles de inmigrantes africanos, en otro ejemplo de la campaña anti-inmigración que está llevando a cabo.
Según el periódico israelí Haaretz, Netanyahu encargó al consejero de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, que analice la expulsión forzosa de inmigrantes, mientras el Gabinete se reúne para aprobar un proyecto que obligaría a 40.000 personas a elegir entre ser deportadas con una ayuda en efectivo o ser enviadas a la cárcel de forma indefinida.
A pesar de la polémica que ha generado el actual proyecto, Netanyahu, preocupado por la superpoblación carcelaria y su coste, preguntó a su equipo que fuera un paso más allá y analizase si es posible expulsar a los inmigrantes por la fuerza, una propuesta que casi seguro sería recurrida ante los tribunales.
El martes, se revelaron detalles de un plan muy cuestionado que comenzó en abril, según el cual se intenta convencer a los inmigrantes de que se marchen del país, por un lado amenazándolos con enviarlos a la cárcel y por otro ofreciéndoles una ayuda en efectivo de casi 3.000 euros.
La mayoría de los inmigrantes en cuestión –principalmente de origen sudanés y eritreo– llegaron a Israel en la segunda mitad de la última década, cruzando desde Egipto, antes de que cerraran esa frontera reforzando la seguridad.
Muchos de estos inmigrantes residen en barrios pobres al sur de Tel Aviv, lo que provocó una campaña contra ellos por residentes de la zona, que lograron el apoyo de Netanyahu a pesar de ser acusados de racismo.
En un discurso ante la reunión de Gabinete que aprobó el proyecto, Netanyahu dijo que la “misión” era “deportar a los infiltrados ilegales que entraron a Israel antes de la construcción de la nueva barrera en la frontera con Egipto”.
“El Gabinete aprobará el proyecto que deportará a los infiltrados en Israel. Reforzaremos la acción, destinaremos fondos y personal para poner este proyecto en práctica. Creo que es importante que la gente entienda que lo que estamos haciendo es totalmente legal y absolutamente esencial”, aseguró.
“Los infiltrados tienen una opción clara: cooperan con nosotros y se van voluntariamente, con respeto, humanidad y en total legalidad, o nos obligarán a utilizar otras herramientas a nuestra disposición, que también están dentro del marco de la ley”, apuntó.
Duras críticas a la propuesta
El plan fue criticado por grupos de derechos humanos, incluido el Centro para Refugiados y Migrantes, Amnistía Internacional Israel y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, que firmaron recientemente una carta para pedir que se ponga fin a las deportaciones. “Cualquiera que tenga corazón debe rechazar la deportación de refugiados”, declaran en la carta.
En referencia a un acuerdo con Ruanda que implica pagar a ese país más de 4.000 euros por cada migrante que acepte recibir, los grupos añadieron: “Ruanda no es un país seguro. Toda las pruebas indican que cualquier persona expulsada de Israel y enviada a Ruanda se encuentra al llegar sin ningún estatus legal ni ningún derecho, expuesta a amenazas, secuestros, torturas y al tráfico de personas”.
Esta medida es parte de una serie de iniciativas populistas de derecha a cargo de la coalición de Netanyahu, que algunos sugieren que se quieren poner en práctica antes de que llegue la petición policial para dar luz verde a dos investigaciones de denuncias de corrupción contra el primer ministro.
A principios de esta semana, el Parlamento de Israel votó en contra de la división de Jerusalén, a pesar de que ya existía legislación similar sobre el asunto.
Luego, tras la reunión del Gabinete que debatió el futuro de los inmigrantes africanos, el Parlamento aprobó la toma en consideración de una ley que facilita que los “terroristas” sean sentenciados a la pena de muerte, después de que Netanyahu dijera que la ley es necesaria para casos extremos.
La legislación propuesta necesita tres votaciones más en el Parlamento para convertirse en ley y se busca aprobarla a pesar de que la pena de muerte –que no se aplica en Israel desde la ejecución del nazi Adolf Eichmann en 1962– ya está aprobada según la legislación del país.
Traducido por Lucía Balducci
