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INTERNACIONAL

El último escándalo de Trump Jr. no le llevará a prisión... de momento

Los emails de Trump Jr. en relación a una reunión para obtener información sensible sobre Hillary Clinton colocan al hijo del presidente en una delicada posición jurídica

Expertos legales dudan de que la oferta de información sobre Clinton por una abogada rusa suponga una vulneración de la ley de financiación de campañas

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Donald Trump hijo, durante la convención en la que se nombró a su padre candidato a la presidencia de EEUU.

Donald Trump hijo, durante la convención en la que se nombró a su padre candidato a la presidencia de EEUU. Richard Ellis/ZUMA Press/EFE

¿Ha violado la ley Donald Trump Jr.? ¿En qué problema legal podrían verse él y otras figuras del mundo de Trump, incluido el propio Trump? ¿Estamos más cerca del impeachment o el tablero sigue intacto?

Los emails publicados recientemente parecen mostrar al hijo mayor de Trump aceptando alegremente una oferta de “información y documentos oficiales ultrasensibles” de “una abogada del Gobierno ruso”. Los emails fueron publicados por el propio Trump Jr. en una decisión que el presentador de televisión Bill O'Reilly ha calificado de “inteligente”, a pesar de que fue una decisión tomada bajo la presión de los periodistas.

Según muestran los correos, el comportamiento de Trump Jr. desprende algo más que un fuerte tufo a ilegalidad, opinan muchos expertos. Pero otros argumentan que el caso contra Trump Jr. no está tan claro.

Merece la pena mencionar que el presidente tiene amplios y excepcionales poderes para indultar a culpables. Si Richard Nixon se ganó el indulto de un vicepresidente que no le importaba demasiado, es concebible que Donald Trump Jr. pueda ganarse el indulto de su padre si finalmente, en un giro histórico y extraordinario de los acontecimientos, lo llegase a necesitar.

También merece la pena mencionar que el aspecto más urgente de este caso al que se enfrenta el país pueden no ser los posibles delitos por una figura secundaria en el entorno de Trump, sino el posible abuso de poder, obstrucción a la justicia y violación del juramento del propio presidente.

Esos asuntos no se pueden solucionar en un tribunal federal, sino que lo debe hacer el Congreso, que actualmente está bajo el firme control de los republicanos. A primera vista, estos republicanos no parecen estar muy inquietos por el último giro del escándalo entre Trump y Rusia y no han mostrado ninguna intención de ir contra el presidente.

Finalmente, también es importante apuntar que la gente no sabe lo que los investigadores del Departamento de Justicia hayan podido descubrir sobre los vínculos entre el equipo de campaña de Trump y representantes de Moscú. Las revelaciones de los correos electrónicos llegan tras un persistente ejercicio de periodismo y publicaciones estratégicas, y quizá vengativas, de miembros de la Casa Blanca. Investigadores del Departamento de Justicia pueden tener información en la misma línea con el análisis actual, o no.

No hay traición

Di lo que quieras, pero no lo llames “traición”, advierte Jed Shugerman, profesor de la Facultad de Derecho de Fordham y autor del blog the Shugerblog.

“Como asunto legal, es irresponsable llamarlo traición”, sostiene. “Estos conceptos no solo tienen un significado jurídico, sino que también pueden ser parte de una estrategia de exageración legal o retórica”.

La “traición” está muy bien acotada en la Constitución y se define como ayudar a los enemigos en tiempos de guerra, explica Shugerman. Los autores acababan de luchar en una revolución y eran conscientes del potencial explosivo de esta acusación.

En su lugar, la mayor acusación actual contra Trump Jr. parece recaer bajo la ley federal de financiación de campañas, la cual prohíbe a las campañas recibir contribuciones de organismos extranjeros. Si te presentas a la presidencia en EEUU, en teoría solo puedes buscar y recibir ayuda de estadounidenses. Bernie Sanders lo sabe, por eso criticó a Hillary Clinton por las donaciones extranjeras concedidas a la fundación de su familia.

“Si estos correos no son un fraude, son la prueba de que Donald Trump Jr. solicitó ayuda a un extranjero en forma de investigaciones contra Hillary Clinton”, indica Paul S. Ryan, vicepresidente de Common Cause, un comité de vigilancia independiente. “Estos correos electrónicos muestran una clara violación de la ley federal de financiación de campañas”, añade.

Muchos expertos legales comparten la visión de Ryan, pero “realmente es bastante complicado”, asegura Shugerman, que afirma que estamos en un “terreno sin precedentes”.

Luego habrá que debatir si “la investigación de rivales”  proporcionada posiblemente a Trump Jr. por parte de Moscú se considera un “bien de valor” bajo la ley de financiación de campañas, que prohíbe explícitamente “contribuciones, donaciones, gastos y desembolsos”.

“Por lo que puedo saber, esta ley nunca se ha aplicado a un intercambio de información”, afirma Shugerman. “El mayor problema es que los tribunales van a deber tener mucho cuidado a la hora de aplicar esta ley al intercambio de información por preocupaciones respecto a la libertad de expresión”.

“Aunque uno podría argumentar que estos correos incluyen pruebas de conspiración para violar la legislación de financiación de campañas, no existen precedentes que indiquen una aplicación tan amplia de estas leyes”, añade el profesor.

Aun así, parece que la amenaza legal a Trump Jr. no acaba en la legislación de financiación de campañas. La legislación federal prohíbe también el hackeo bajo la Ley de Fraude Informático y Abuso de 1986, indica Shugerman. Trump Jr. no ha sido acusado de hackeo, pero es posible que en algún momento se enfrente a acusaciones de conspiración en las que se hayan producido hackeos.

Finalmente, también hay peligros legales generales que no solo afectan a Trump Jr., sino a todos los miembros de la campaña del presidente involucrados en acusaciones de confabulación con Rusia. Un argumento reciente de los conservadores en el clamor de este caso es que tal confabulación no constituye un delito.

La página web Politifact ha examinado esta afirmación y ha determinado que es falsa. Los expertos legales apuntan a las leyes de financiación de campañas, leyes contra la corrupción, contra el chantaje y contra el fraude.

Bajo la legislación federal antifraude “es un delito federal conspirar con alguien, incluido un gobierno extranjero, para despojar a otro de su derecho intangible a unos servicios honestos”, declaró el profesor de Derecho de Harvard John Coates a Politifact. “Desde mi punto de vista, eso incluiría solucionar unas elecciones fraudulentas bajo el absoluto poder de la ley”, añadió Coates.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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