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Alguien tiene que parar esto

Empieza a estar bastante claro que ocurra lo que ocurra el 1-O, o unos días antes, la pelea va a seguir después de esa fecha

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Puigdemont convoca mañana a los partidos favorables al referéndum

Carles Puigdemont. EFE

Sigue el combate. Golpe va y golpe viene. Sin parar un momento. Y sin que se atisbe quien puede ganar. El Gobierno central está subiendo el ritmo: el anuncio de Montoro de que intervendrá la hacienda de la Generalitat es un salto cualitativo, seguramente inevitable tras de que Junqueras dijera que no le iba a mandar las cuentas. Pero no será el último. Y con todo, y a menos que Rajoy se líe la manta a la cabeza, lo más probable es que ni así se logre impedir que haya referéndum, o algo que se le parezca mucho.

Lo que empieza a estar bastante claro es que ocurra lo que ocurra el 1-O, o unos días antes, la pelea va a seguir después de esa fecha. De lo que se deduce que la pregunta que cualquier persona sensata se tendría que hacer en estos momentos, piense lo que piense del contencioso, es si existe alguna posibilidad de parar la guerra. Sólo provisionalmente, antes de que todo salte por los aires, que es lo que puede pasar si finalmente se vota el 1 de octubre. Y no digamos si la participación y el sí son lo suficientemente altos como para que el parlamento catalán declare la independencia. O si unos días antes el gobierno central desembarca en Catalunya y anula por la tremenda los poderes de la Generalitat.

Hoy por hoy, todas esas posibilidades son perfectamente reales. Ningún decreto del BOE va a parar a los independentistas. Si Montoro se hace con sus cuentas, buscarán la manera de seguir gastando para financiar su proceso. Aunque les acarree nuevas querellas y más riesgo de cárcel. Deben tenerlo todo bastante pensado, dan la impresión de que no dejan mucho espacio a la improvisación. Contrariamente a lo que sugieren algunas actuaciones del poder central, como la del fiscal general del Estado y su orden de imputar a 712 alcaldes, que puede volverse en su contra porque esa iniciativa sólo correspondería a un juez.

O la de permitir, sin una sola cortapisa, que se celebrara el acto inaugural de la campaña por el sí en Tarragona. ¿Por prudencia o porque la policía no puede impedir ese tipo de movilizaciones, al menos sin provocar una tragedia? Aparte de que la cosa ha irritado, y no poco, a los más duros –“El Estado debe actuar en firme para evitar burlas como la de ayer”, ha dicho el editorial de El Mundo-, el hecho sugiere una posibilidad inquietante para más adelante. La de que la acción policial, por masiva que sea, no va poder evitar las protestas masivas que con seguridad casi absoluta se producirán en toda Catalunya reprimen a los dirigentes independentistas. Y no digamos si los encarcelan. A menos que se decrete un estado de excepción en Catalunya y se detenga a miles antes de que salgan a la calle.

En las tertulias mediáticas y en los editoriales se siguen esgrimiendo los argumentos cien veces repetidos. En los medios madrileños se dice todos los días que la ley no permite un referéndum de autodeterminación o que el independentismo se está saltando la ley. Y en los catalanes más cercanos a la causa que el derecho a decidir está por encima de todo que la legislación internacional ampara las iniciativas de los independentistas. Sin añadir nunca nada nuevo. Para satisfacer únicamente a los convencidos. Y, sobre todo, ocultando lo que de verdad está en juego. O sea, que la cosa puede terminar explotando y que si eso ocurre importará muy poco quien tenía razón o quien mentía.

Los independentistas catalanes han optado por la vía de la tremenda, de ir a por todas sin pararse en componendas ni contemplaciones. Puede que no tanto porque crean que la independencia está a la vuelta de la esquina, sino porque esperan que el 1-O, si se les sale medianamente bien, será un salto cualitativo en ese camino. O porque quieren que, por una vez, el Estado central muerda el polvo. En todo caso no van a ceder.

Rajoy, por su parte, está atrapado por su obligación de ser el máximo responsable de la acción política de un Estado que tiene que parar ese proceso. Es el culpable de que las cosas hayan llegado a este punto de no retorno. Su ideología y su empeño en satisfacer a su público electoral más fiel, unida a una insensibilidad respecto de la realidad que raya el delito, le han llevado durante cinco años a rechazar cualquier posibilidad de un diálogo. Que seguramente era posible y que hubiera evitado el drama de hoy. Pero ahora lo que importa es que el Estado tiene que reaccionar al desafío. Y aunque cueste aceptarlo a la vista del personaje, Rajoy es el jefe de ese negociado. Que le viene ancho, sin duda. Pero no hay otro. 

Encima está crecido. Porque con un PSOE que ha dejado de tener voz en este entuerto y con Ciudadanos en tres cuartos de lo mismo, él es el líder de la España que rechaza el desafío independentista y de la que siempre ha visto mal al catalanismo. Y que no sólo es de derechas, ni mucho menos. Hasta el punto de que no pocos votantes socialistas, y alguno no precisamente de base, empiezan a confesar en privado que por mucho que les cueste aceptarlo confían más en Rajoy que en su partido de siempre. Habrá que ver si eso se traducirá en votos.

Por unos y por otros motivos es impensable que una u otra parte den su brazo a torcer antes de llegar al desastre. ¿Puede un tercero entrar en juego y ofrecerse como mediador de última hora? ¿Cabe esperar algo del Rey tras su profesión de fe constitucionalista que ha sonado a apoyo a las posiciones del gobierno? ¿Y del PNV que amenaza con romper la baraja y obligar a elecciones dentro de unos cuantos meses si Rajoy se pasa de frenada?

¿Y de una Europa que empieza a manifestar claramente su preocupación por la crisis catalana? “Si Madrid continúa tratando la Constitución como una ‘tabla de piedra’, en lugar de como un documento vivo para servir a un Estado moderno, dinámico y en evolución, aunque sea un fracaso, el tiempo para el sentido común pasará pronto” acaba de escribir el Financial Times. Y que el presidente de la Comisión Europea Juncker declarara el martes que la UE reconocerá el resultado del referéndum, seguramente expresa la inquietud que debe cundir en esos ambientes, más allá del oportuno desmentido. Ni Bruselas ni Angela Merkel ni Emmanuel Macron ni otros quieren que España entre en una espiral de desestabilización como la que podría provocar la dinámica catalana.

Quedan dos semanas para evitar lo peor. Y si la cosa no se pone espantosa antes del referéndum, algo que no solo puede pasar sino que es probable que ocurra, luego será mucho más difícil arreglar las cosas. Confiemos en un milagro.

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