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México: permiso para matar mujeres

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El feminicidio de Nadia Muciño se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos y que mejor reflejan el clima de impunidad y despropósito que vive México. Tuvo lugar en 2004 en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. Nadia tenía 24 años y tres hijos, fruto de la relación con su pareja, Bernardo López. Él había agredido a Nadia en varias ocasiones e incluso llegó a privarla de su libertad durante seis días.

A pesar de una denuncia y de un intento de separación, el 12 de febrero, Bernardo llegó a casa acompañado de su hermano, Isidro. Entre los dos golpearon y torturaron a Nadia. La introdujeron en una cisterna de agua para, finalmente, ahorcarla de una viga de su casa. Los niños --de cinco, cuatro y dos años de edad-- presenciaron el crimen.

“La hermana de Bernardo vino a informarme de que Nadia se había suicidado. No lo creí. Fui a la casa, y vi a mi hija muerta. Estaba arrodillada en el baño. Inmediatamente, regresé a mi casa para llamar a las autoridades porque donde ella vivía no había servicio telefónico”, recuerda Maria Antonia Márquez, madre de Nadia, que ha accedido a hablar con eldiario.es.

María Antonia comprobó con sus propios ojos cómo las irregularidades comenzaron desde el primer momento. Su hija estaba ahogada por tres objetos diferentes: unos cordones, un cable de luz y una soga. El perito no se molestó en recoger como prueba la soga y la dejó en la casa. El cable de luz y los cordones se extraviaron. Cuando la madre de Nadia aún no tenía abogado, se presentaron en la casa los dos letrados de Bernardo, uno de ellos un conocido político local, que no tuvieron problema para hablar con el perito allí mismo. 

A su salida, las autoridades dejaron la casa sin precintar, abierta para que entrara quien quisiera. “Pocos días después Bernardo y su familia volvieron y quemaron casi todo”, afirma la madre de Nadia. Efectivamente, en una segunda inspección, las autoridades encontraron la casa quemada y apenas pudieron recoger alguna prueba más. Las muestras de sangre que encontraron en varios lugares de la casa también acabaron por perderse. “Extraviaron todas las pruebas y sólo nos dejaron la declaración de los niños, que el perito descalificó. Del reguero de sangre que había en el suelo, dijo que se trataba de la suciedad habitual de la casa”, señala María Antonia.

En México, violar y matar mujeres sale gratis. Si hace unos años, Ciudad Juárez adquirió una truculenta fama mundial debido a los frecuentes asesinatos y desapariciones de mujeres que quedaban impunes, a día de hoy esa violencia se ha extendido a prácticamente todo el país.

Así lo constató la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés), que hace apenas dos semanas evaluó la actuación del Estado de México, como hace cada año con varios países. Al examen acudió una delegación que representaba a más de 140 organizaciones civiles, la más numerosa hasta la fecha, que presentaron decenas de informes que ponen en entredicho los avances de los que presume el país.

“El Gobierno simula cumplir y mantiene un doble lenguaje. En el plano internacional habla de defender los derechos de las mujeres y promueve legislaciones y órganos y, en el plano interno es omiso o actúa en contra de los mismos”, explica Gloria Ramírez, coordinadora de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Unam.

En sus documentos, las organizaciones cuestionan la actitud del Estado mexicano, al que acusan de alentar la impunidad y de aprobar leyes (como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007, muy avanzada sobre el papel) y de crear organismos que sin embargo no se aplican o, incluso, a los que se pone trabas para operar. Critican también la estrategia de militarización llevada a cabo en el país en los últimos años en un intento desesperado de combatir el narco y que ha extendido aún más la violencia.

Para Rodolfo Domínguez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la ley del 2007 es “una gran norma teóricamente hablando”, pero no en la práctica: “Nos enfrentamos a una política de simulación por parte del Estado. Se está generando un marco normativo que sólo se queda en lo legal. No se aplica ni hay efectos reales que se reflejen en una mejora de las condiciones”.

La norma establece dos mecanismos de protección de las mujeres. Uno de ellos, la alerta de género (que serviría para movilizar a todos los actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil ante hechos graves sucedidos en un territorio), no se ha aplicado una sola vez, a pesar de que las asociaciones la han solicitado en cuatro ocasiones (son las autoridades quien tienen que activarla). El otro mecanismo, las órdenes de protección, apenas se han concedido en unas pocas ocasiones.

Durante años, el asesinato de Nadia Muciño no se investigó. Cuando varios años después, Isidro, el cuñado de Nadia, se entrega a las autoridades, la sala penal que le juzga descalifica el informe del perito, toma en cuenta la declaración de los niños y le condena a 42 años y 6 meses de prisión. Sus abogados recurren. El caso recae en la misma sala. Pero esta vez, los mismos magistrados deciden dar valor al informe pericial e ignorar el testimonio de los hijos de Nadia. Isidro, que ya salió absuelto de otro caso de violación e incesto por “desvanecimiento de pruebas”, queda en libertad.

Casualmente, un mes antes de las elecciones presidenciales y más de ocho años después del asesinato, las autoridades detienen a Bernardo López. “Yo llevaba muchísimo tiempo diciéndole a la policía dónde estaba, en casa de sus papas, les llevaba fotos, pero no hacían nada”, dice indignada María Antonia.

Actualmente, la CMDPDH se encarga del caso, que ha llevado incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante este tiempo, María Antonia, que se encarga del cuidado de sus nietos, ha sido amenazada por la familia de Bernardo López. “A veces, en la noche, aparcan frente a mi casa durante horas. A los chamacos (sus nietos) les digo que tengan mucho cuidado. Tengo miedo de que les pase algo, son los testigos”. A pesar de su sufrimiento, María Antonia muestra entereza, aunque, eso sí, pocas esperanzas en que la justicia mexicana condene a López.

Es imposible obtener datos homogéneos para todo México, pero algunas cifras ayudan a hacerse una idea de la envergadura que ha cobrado la violencia y la impunidad: entre 2007 y 2009, se produjo un aumento de muertes violentas del 68% de media en todo el país, aunque en algunos estados, como Nuevo León, los crímenes han aumentado un 400%. En uno de los informes presentados por las organizaciones ante la CEDAW y que recoge datos de las oficinas de los fiscales, se habla de casi 4.000 asesinatos de mujeres desde 2007 hasta junio de 2011 tan sólo en  la mitad de los 32 estados de México. Entre 2010 y mediados de 2011, se declaró desaparecidas a 3.000 mujeres en sólo nueve de los 32 estados.

La impunidad alcanza cifras impresionantes. Los estudios más serios coinciden en señalar que se castiga menos del 1% de los delitos cometidos. Según Guillermo Zepeda, que es el autor del más amplio estudio sobre la impunidad y la ineficacia del sistema penal en México, la posibilidad de que el probable responsable de un delito llegue ante la autoridad judicial (es decir, solamente que llegue ante el juez, no que sea condenado) es del 3,3% del total de delitos denunciados.

Según datos del Observatorio del Feminicidio, sólo un 4% de los casos de feminicidio acaba en sentencia, y no necesariamente culpatoria. En cuanto a las violaciones, en 2009 se registraron unas 14.000 denuncias, pero sólo en el 2% de los casos se obtuvo una sentencia.

La coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, insiste en que México tiene “un problema grave de impunidad y falta de acceso a la justicia”. “Se genera un patrón de impunidad en la medida en que el Estado no investiga, no sentencia, a pesar de tener un marco normativo. Los operadores jurídicos siguen discriminando a las mujeres y no investigan, es más, las desacreditan diciendo cosas como que andaban en prácticas de riesgo o que no se resistieron a una violación”, afirma.

Estrada menciona casos en los que, por ejemplo, las autoridades tardaron meses en extraer pruebas del cuerpo de las víctimas. En otros casos, en los que los cuerpos de las mujeres aparecen mutilados, las autoridades se niegan a certificarlo como feminicidio a no ser que la mutilación sea de los senos. “Si tienen amputadas las piernas o si tienen decenas de puñaladas, no parece suficiente ensañamiento”, ironiza. En muchas ocasiones, son las propias familias las que tienen que iniciar investigaciones, con riesgo para su vida.

El observatorio insiste en la importancia de crear y mantener registros y bancos de datos que permitan conocer el contexto y las cifras reales. Se trata, además, de una de las recomendaciones que la CEDAW ha hecho en otras ocasiones. De esta forma, los datos serían más fiables, menos manipulables y más accesibles, es decir, todo lo contrario a lo que sucede ahora. Actualmente, no todos los estados contemplan la figura del feminicidio y muchos asesinatos de mujeres no se contabilizan como tal, lo que tergiversa las estadísticas.

Por otro lado, tampoco se contabilizan las desapariciones de mujeres, que se cuentan por miles. En muchos de los casos, mujeres que desaparecieron son encontradas asesinadas. En otros, simplemente nunca más se vuelve a saber de ellas. Tanto el observatorio como la CMDPDH han observado la relación entre las desapariciones de mujeres, los feminicidios y los corredores de trata de personas que recorren el país. Por eso, por la gravedad y la complejidad del tema, lo han denunciado también ante la CEDAW.

“En muchos casos de mujeres asesinadas se había denunciado su desaparición pero nadie hizo nada por buscarlas. La desaparición en sí no es un delito, hay otras formas jurídicas, por tanto no se investiga como si hubiera un delito”, explica Rodolfo Domínguez, que aboga por sancionar a las autoridades que no cumplen con su deber, así como por un cambio radical en las políticas públicas. “El Estado es totalmente responsable”, sentencia una representante del Movimiento Nacional contra el Feminicidio que prefiere no ser identificada. El Movimiento exije el fin de la impunidad, pero también trabajar por que los nombres de las mujeres asesinadas queden limpios tras las acusaciones machistas de las que son objeto.

Uno de los lugares donde más han empeorado las cosas en los últimos años es en el Estado de México (denominado Edomex para distinguirlo de nombre del país y cuyo territorio rodea a la capital, Distrito Federal) que precisamente fue gobernado entre 2005 y 2001 por Enrique Peña Nieto, el ganador en las últimas elecciones presidenciales, sobre el que pesan, no obstante, acusaciones de fraude y compra de votos y sobre cuya elección tiene que pronunciarse a comienzos de septiembre el Tribunal Electoral.

Bajo el mandato de Nieto se negó una de las alertas de género presentadas por las asociaciones debido a la gravedad y frecuencia que estaban cobrando los feminicidios. Además, el candido del PRI ordenó en 2006 la represión de manifestantes en Atenco, donde llegaron a producirse torturas y violaciones.

Las asociaciones critican que el Estado se escude en la violencia del narco para justificar los feminicidios y atacan la militarización. “Dicen que en el norte las mujeres asesinadas tenían lazos con el narco, ¿cómo lo saben si no hay ni investigaciones?”, se pregunta la coordinadora del observatorio. “La política de seguridad de Calderón ha demostrado el riesgo que conlleva la militarización para la seguridad de las mujeres, que han sido objeto de múltiples vejaciones por parte de las fuerzas armadas. La impunidad prevalece ante estas situaciones debido al fuero castrense, lo que, en lugar de disminuir la violencia hacia las mujeres, la aumenta”, destaca la coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos.

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