¿Hacia la expertocracia?
Las razones existen y son complejas. Los estados democráticos llevan, desde su origen, consagrado en lo que los conforma que la división y los contrapesos entre poderes nos libran del abuso. Cierto. ¿Pero no cabe discutir si en la política económica este proceso no se está llevando demasiado lejos? Es una pregunta legítima.
En los últimos años, en medio de la corriente de la crisis más larga y profunda que las economías occidentales hayan vivido desde que hay registros, se percibe, de manera clamorosa, como las principales decisiones en la materia se han tomado, o dicen haberse tomado, por instancias ajenas a los procesos democráticos. El hecho de que la idea sea aceptada como un mal menor por la misma gente que decidimos ceder este poder, tiene que ver con la desconfianza general hacia todo lo que lleve el término «político» adscrito.
No puede explicarse de otra manera el que se considere como esencialmente virtuoso el hecho de que decisiones claves que afectan al futuro de todos sean mejor tomadas por otra gente distinta a la de nuestros representantes, o siquiera a los poderes públicos. En nuestro mismo país disponemos de una buena cantidad de ejemplos:
La primera reforma laboral impulsada por el gobierno de Zapatero estaba basada en el informe de un grupo de expertos; ya en la etapa Rajoy vino la reforma del sistema de pensiones, también propuesta por un grupo de expertos, y la última vuelta de tuerca, una reforma fiscal alumbrada por otro grupo de expertos. A la vez, hemos asistido a la extinción de las cajas de ahorro como último resquicio de banca en algún grado pública, extrayendo de ellas cualquier elemento perteneciente a partidos políticos o gobiernos. Mientras tanto, las principales decisiones de política económica a nivel internacional no eran consensuadas entre los distintos gobiernos nacionales, sino propuestas desde instituciones muy alejadas del control democrático.
Da la impresión de que los ciudadanos aceptáramos que no somos capaces de evaluar el éxito o fracaso de las medidas que nos imponen. Da la impresión de que no solo nuestros representantes, sino ni siquiera nuestros funcionarios públicos, que llevan años de experiencia lidiando con temas complejos, tampoco tuvieran la entidad suficiente.
Dando una especie de salto hacia atrás en la historia, admitimos que determinados asuntos son demasiado complejos para nosotros y que, esencialmente, alguien sabe mejor lo que nos conviene. Por un lado, cargamos con frustración contra el sistema de partidos, el electoral, el diseño institucional, las autonomías y los ayuntamientos, y por otro, simultáneamente, se considera como salida aceptable la de que alguien de quien no sabemos, y que no es responsable ante nosotros, tome las decisiones que considere oportunas sobre nuestro futuro.
Sin embargo, uno de los elementos más llamativos de la situación, es que no se percibe que esta preponderancia de lo experto frente a lo democrático traiga unos resultados visibles.
No debe olvidarse que a la situación de desequilibrio financiero mundial se llegó con los parabienes mayoritarios de la academia y las instituciones. Apenas meses antes de que el sistema colapsara, todavía se abogaba por la desregulación a ultranza y se citaban como ejemplos a seguir países como Irlanda e Islandia, luego denostados como paradigmas de todo lo que no había que hacer.
Asimismo, todas las decisiones llamadas “duras”, que han arrumbado con programas de gobierno, con pilares fundamentales de los sistemas redistributivos y que han agravado hasta más allá de lo previsible la situación de algunos países muy cercanos, se han hecho con esta supuesta pátina experta.
Los expertos pueden equivocarse, como todo el mundo, a lo que se suma que la economía como ciencia sufre limitaciones analíticas que hacen sus dictámenes menos sólidos que otras. No es física, ni química, ni medicina. Recuérdese desde el célebre artículo de Reinhart y Rogoff -que defendía la existencia de un umbral de endeudamiento a partir del cual era imposible crecer, y que luego se descubrió que estaba basado en unos cálculos erróneos (lo que podría haber sido meramente anecdótico si no se hubiera esgrimido como respaldo a las políticas de austeridad extrema)- a la asunción pública del error del FMI al dictar el plan de recortes en Grecia, donde erró su impacto negativo, subestimándolo en más de la mitad.
Y el hecho es que, aparentemente, solo desde el manejo de la esfera eminentemente económica no va a bastar, o no está bastando. La situación de crisis se lleva prolongando un tiempo intolerable, y las perspectivas no son buenas. Da la impresión de que Europa se resigna a convivir con tasas de paro del 12%, niveles de deuda del 90% y que en nuestro país la única baza segura para bajar del 20% sea un proceso migratorio intenso.
Van a hacer falta otro tipo de decisiones más allá de las meramente técnicas. Es hora de hacer pedagogía y de obrar con responsabilidad, dejar de atizar la lógica frustración con los sistemas conocidos y sacar, en cambio, lo mejor de ellos: la responsabilidad de las gentes en las decisiones que condicionan su futuro.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.
