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Más que leyes, actitudes

Más urgente que redactar nuevas leyes o remodelar las existentes es dotar con medios suficientes para investigar a la Agencia Tributaria, a la Policía, a la Fiscalía Anticorrupción y a la judicatura, que van escasos de efectivos y desbordados

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Asociaciones provida piden una entrevista con el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. / Efe

Que nadie lo entienda mal. No es que no sea necesario reformar la Ley de financiación de los partidos políticos o ser "implacables en el castigo" a los corruptos, como dice Mariano Rajoy. Claro que hace falta eso y, seguramente, algunas medidas más que las que plantea, con años de retraso, el presidente del Gobierno para acabar con la corrupción. Pero más que leyes, que ya hay muchas que permiten perseguir a quienes se apropian del dinero de todos, lo que hace falta para luchar contra esas prácticas es cambiar las actitudes.

Eso es lo que parece que no han entendido, entre otros, Rajoy, que este jueves ha hecho un relato de la situación como si no fuera con él, como si a él no le afectara, como si él no fuera el presidente del PP, el partido al que el juez Ruz ve como beneficiario de la trama Gürtel y de cuya financiación ilegal dice tener indicios sólidos a través de la contabilidad B, que denunció el extesorero Luis Bárcenas y que los dirigentes populares siguen negando, aunque Bárcenas pene por ello en la cárcel de Soto del Real y los dos ex tesoreros anteriores, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, estén también imputados.

Si Rajoy, su Gobierno y su partido quieren que los ciudadanos recuperen la confianza en el sistema democrático y en sus representantes, tienen que empezar por asumir responsabilidades políticas por lo que ha pasado, tienen que dejar de amparar a los acusados por corrupción y colaborar con la Justicia en lugar de entorpecer las investigaciones, escamoteando documentación al juez o destruyendo los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. Y más urgente que redactar nuevas leyes o remodelar las existentes es dotar con medios suficientes para investigar a la Agencia Tributaria, a la Policía, a la Fiscalía Anticorrupción y a la judicatura, que van escasos de efectivos y desbordados por tantos escándalos como se les van acumulando encima de la mesa.

Eso también permitiría agilizar la acción de la justicia, más que fijar un plazo máximo para la instrucción de los macroprocesos, una medida que habría que estudiar con calma, no vaya a ser que la fecha tope de instrucción acabe por impedir que se descubran elementos esenciales para los sumarios. Hay quien sostiene, por ejemplo, que de haber estado vigente esa norma, no se habrían descubierto las cuentas suizas de Bárcenas en el contexto de la instrucción del caso Gürtel.

Si los principales partidos políticos actuaran como está empezando a hacer el papa Francisco con los casos de pederastia (la Iglesia ha tardado décadas en reaccionar), a lo mejor podrían amortiguar su caída, estarían a tiempo de reconquistar el afecto de la hastiada ciudadanía y reducirían la opinión de que la corrupción es generalizada, que los partidos la cobijan y que están todos en el ajo.

Para que la gente se crea que los corruptos son minoría, que la mayoría son políticos decentes, las cúpulas tienen que cortar cualquier sombra de solidaridad con sus compañeros acusados o sobre los que existan sospechas serias de corrupción y ponerlos en manos de la justicia, con la que, conviene repetirlo, están obligados a colaborar.

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