Cinco investigados por las oposiciones de administrativo que solo aprobaron nueve de más de 4.000 aspirantes en Canarias

La magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife, Eva Esther Juárez, mantiene investigadas a cinco personas en la causa abierta a finales de 2023 a raíz de la denuncia que presentó la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias por presuntas irregularidades en las oposiciones del cuerpo administrativo (grupo C, subgrupo C1) de la comunidad autónoma. 

El Ejecutivo regional acabó suspendiendo el primer examen de ese proceso selectivo (una prueba tipo test con 50 preguntas celebrada en octubre de ese año) después de la publicación de las notas, al comprobar que sólo habían aprobado nueve de las 4.200 personas que aspiraban a una de las 32 plazas ofertadas y que dos de ellos tenían un vínculo de parentesco (hija y yerno) con Águeda Márquez, quien fuera directora de Función Pública entre febrero y agosto de 2023, durante los últimos meses del gobierno del pacto progresista en las Islas (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera).

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC),  Márquez está investigada por tráfico de influencias o revelación de secretos. Los otros cuatro imputados (el TSJC no revela sus identidades por protección de datos) son aspirantes que aprobaron ese examen. Se les investiga por un presunto delito de abuso de información privilegiada, fijado en el artículo 418 del Código Penal. 

La exdirectora de Función Pública aún no ha prestado declaración ante la jueza, aunque ya ha sido citada. Los otros cuatro imputados sí que han comparecido en esta fase de instrucción que, según las mismas fuentes, está a punto de finalizar.

La prueba controvertida se celebró el 1 de octubre de 2023. A la salida, los opositores ya advirtieron de la inusual dificultad del examen. El sindicato Sepca remitió a los dos días un escrito a la Dirección General de Función Pública en el que informaba que había recibido un aluvión de quejas y reclamaciones. Entre otras cuestiones, por la formulación de “enunciados excesivamente largos”, una “abundante exposición al fallo” en las opciones de respuesta o una “dificultad teórica sobredimensionada” en relación con las funciones asignadas al cuerpo al que se opositaba.

La publicación de las notas días después lo corroboró. Sólo aprobaron nueve aspirantes. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron. El jueves 5 de octubre, el tribunal calificador presentó su dimisión en bloque y un día después, el nuevo director de Función Pública, Francisco Rodríguez (ya con Coalición Canaria y el Partido Popular en el Gobierno regional), anunciaba que la oposición quedaba suspendida y que se abría un expediente informativo. En esa nota informativa, el Ejecutivo señalaba directamente a Águeda Márquez.

Función Pública decidió poner el asunto en manos de los tribunales. Fue el 13 de octubre de 2023, doce días después del examen, cuando presentó la denuncia en el juzgado de guardia. Tras su reparto, el caso recayó en el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife. Las diligencias se incoaron en noviembre de ese año.

Durante la instrucción, la jueza ha solicitado documentación tanto a la Dirección General de Función Pública como, a petición del fiscal, a la Dirección General de Modernización y Calidad del Gobierno canario.

Resolución de las oposiciones

Tras la suspensión provisional de la fase de oposición, el Gobierno canario tenía sobre la mesa varias alternativas. Una era bajar la nota de corte para cubrir las plazas ofertadas y crear una lista de reserva. Otra, repetir el examen. El Gobierno regional optó por esta segunda vía. A las nueve personas que habían aprobado la primera prueba se les ofreció la posibilidad de mantener la nota, pero también de volverse a presentar.

El segundo examen se celebró en abril de 2024. Y si en el primero fueron declarados aptos nueve de las 4.261 personas que se presentaron (apenas un 0,2%), en el segundo aprobaron 740 de las 3.660 que concurrieron (un 20%), entre ellos 27 que no se habían acudido a la prueba suspendida.

Al examen de abril de 2024 se presentaron solo cuatro de los nueve que aprobaron el de octubre de 2023. No lo hicieron la hija y el yerno de la exdirectora de Función Pública, que se quedaron con la nota del primero, entre las veinte mejores en esa prueba de la fase del proceso selectivo. Otros tres aspirantes de Santa Cruz de Tenerife que habían superado la prueba controvertida tampoco acudieron a esa segunda cita.

Por su parte, los cuatro aprobados en el primer examen que también se presentaron al segundo incrementaron su puntuación. Una de ellas obtuvo la tercera mejor nota en la prueba de 2023 y la segunda de 2024.

La mejor nota en la segunda prueba fue obtenida por Victor Cabeza, fundador y director de la academia Las Cortes y uno de los denunciantes de las presuntas irregularidades en el proceso selectivo. “Es el examen más difícil de la historia de la función pública. Llevo veinte años en esto y no había visto nada igual”, dijo sobre el primero en una entrevista concedida a la cadena Ser pocos días después de su celebración.