La jueza sitúa a un paso del banquillo al farmacéutico investigado en Gran Canaria por acoso sexual a una trabajadora

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana, Raquel Lora, ha transformado en procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, las diligencias abiertas en 2023 a un farmacéutico de este municipio del sur de Gran Canaria por un presunto delito de acoso sexual a una trabajadora.

En un auto fechado el pasado lunes, la jueza da por concluida la fase de instrucción y da un plazo de diez días a las partes para que formulen el escrito de acusación o la petición de archivo de la causa.

La denunciante comenzó a trabajar en enero de 2013 en la farmacia propiedad del ahora procesado, que responde a las iniciales J.M.P.T. Según recoge el auto, la trabajadora, que entonces tenía 38 años, comenzó a sufrir las insinuaciones de su jefe, veinte años mayor, tan solo tres meses después de su incorporación a la empresa. 

En esos primeros momentos, además de decirle que “era muy guapa” y que le atraía, el farmacéutico la invitó a su casa de Pasito Blanco “a abrir una botella de vino”. Ante la negativa de su empleada, que le hizo saber que no quería mantener ningún tipo de relación personal con él, el procesado insistió primero en sus proposiciones para después “comenzar a tratarla mal en el trabajo con gestos de desprecio, haciendo como que la declarante (la trabajadora) no existiera, tratándola con indiferencia”, señala el auto de transformación en procedimiento abreviado.

Esos comportamientos se sucedieron de manera intermitente durante toda la relación laboral y hasta que la trabajadora presentó la denuncia, en abril de 2023. Sólo se interrumpían “en los intervalos en que su jefe mantenía relaciones sentimentales con otras mujeres”. 

El auto recoge algunos de esos episodios. En el año 2020, el farmacéutico tuvo conocimiento de que su empleada tenía una deuda con Hacienda y le volvió a hacer proposiciones de naturaleza sexual, indicándole “que se lo pensara bien, que se podrían hacer compañía mutua” y que, si accedía, él le podía pagar la deuda. La trabajadora volvió a expresar entonces que no quería mantener ninguna relación personal con él.

En otra ocasión, en fecha no concretada, el procesado “se acercó por detrás” a la denunciante, “rozándola”, y le tocó el pelo. En 2021, el jefe llamó a la trabajadora a su despacho y, estando los dos solos, “la cogió por la cintura y la tocó”, señala el escrito judicial.

El auto también relata las represalias que habría sufrido la empleada por no acceder a las pretensiones del farmacéutico: “Le cambiaba el horario o le hacía trabajar más horas, sintiéndose ella humillada, menospreciada y discriminada respecto a sus compañeros”.

Un informe psicológico forense determinó que la sintomatología que presenta la trabajadora y por la que recibe tratamiento farmacológico y psicoterapéutico es compatible con “una vivencia taumática, angustia y temor a volver a encontrarse con el investigado, tanto dentro como fuera del entorno laboral”.

Ese informe también constató “sentimientos de culpa persistentes” en la denunciante, así como “una absoluta desesperanza respecto a las oportunidades laborales”. “Al ser una situación estresante intermitente y mantenida en el tiempo, la tensión y estado de alerta provoca un incremento de la ansiedad o temor a nuevos episodios de acoso, con lo que las tensiones psíquicas se tornan más graves y crónicas”, añadía.

La jueza considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos del delito de acoso sexual recogido en el artículo 184 del Código Penal, que prevé una pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial de entre 18 y 24 meses para el ejercicio de la profesión en su tipo agravado, el que se aplica a quienes lo hubieran cometido “prevaliéndose de una situación de superioridad laboral o jerárquica”.

La trabajadora denunció los hechos ante la Policía Nacional en abril de 2023 tras un episodio de presunto acoso a la vuelta de una baja laboral. En el marco de las diligencias abiertas en el juzgado de Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana testificaron otras empleadas y exempleadas de la farmacia y alguna contó que había sufrido “insinuaciones sexuales” por parte de la misma persona.

La denunciante causó baja laboral en mayo de 2023, al mes de poner los hechos en conocimiento de la Policía. Un año después, y sin que la empresa hubiera activado protocolo alguno, tuvo que reincorporarse. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le había dado el alta médica. La trabajadora contó a este periódico a finales del año pasado que acudía a la farmacia en el turno de tarde para no coincidir con el jefe. Tras mostrar su disconformidad con el alta, dejó de ir. Finalmente, el INSS rechazó su reclamación y estuvo cuatro meses sin ningún ingreso. La empleada acabó aceptando un despido en noviembre del año pasado y solicitó la incapacidad permanente.