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CUENCA

Detenidos por matar a tiros a un lince y a otros depredadores para aumentar la caza en un coto de Cuenca

Un lince ibérico, en una imagen de archivo

Carmen Bachiller

6 de agosto de 2026 10:39 h

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En abril de 2026, se localizó el cadáver de un lince ibérico. Se encontraba en el interior de un pozo dentro de un coto de caza de la provincia de Cuenca, entre Huelves y Barajas de Melo.

“Lo encontraron los titulares del terreno cinegético y comunicaron la situación a los agentes medioambientales”, explica Alfonso Sánchez, coordinador adjunto del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. Habitualmente son estos agentes quienes se encargan del seguimiento de esta especie protegida en la comunidad autónoma, a través de la geolocalización que permiten los radiotransmisores que llevan estos animales.

“Nos presentamos en el lugar junto a una patrulla del SEPRONA. Sacamos el cuerpo y observamos que tenía un posible disparo”, relata. Una necropsia realizada en el Centro de Recuperación de Fauna de Albaladejito lo confirmó. El lince ibérico había sido abatido a tiros.

“Tras conocer la situación, comenzamos la investigación acotando los posibles sospechosos a un numero reducido ya que conocemos perfectamente la comarca y los perfiles que se ajustan a posibles cometedores de tales actos”, relata el agente medioambiental.

Fue el inicio de la Operación 'Lincu', en una investigación conjunta de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Ambos cuerpos tomaron declaración a distintas personas en la zona para incorporarlo al correspondiente atestado.

Las primeras gestiones permitieron localizar en un coto de caza numerosos medios prohibidos y no selectivos --cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas-- así como cadáveres de especie protegidas. Además del lince, se hallaron después restos de gatos monteses y meloncillos, según explica la Guardia Civil.

Eliminar depredadores para favorecer la caza en el coto

Los agentes del SEPRONA encontraron similitudes en los casos de los distintos animales localizados muertos y las pesquisas les llevaron a constatar que los hechos no eran aislados, sino que formaban parte de una actividad continuada durante más de un año, cuyo objetivo sería “eliminar depredadores para favorecer las poblaciones de caza menor y obtener un mayor rendimiento económico del coto”, según el instituto armado.

La Guardia Civil detiene a 3 personas por la muerte de un lince ibérico en Cuenca.

La Guardia Civil detuvo después a tres personas con edades entre los 50 y 59 años por presuntos delitos de caza con medios prohibidos, además de practicar caza de especies protegidas o caza no autorizada y por un presunto delito de pertenencia a organización criminal.

Además hay otra persona de 33 años que está siendo investigada y dos personas jurídicas más investigadas vinculadas a la gestión y explotación de una finca de caza en Cuenca.

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han logrado así desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres.

Durante la investigación se realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca. Allí intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con los hechos.

Penas de prisión de uno a dos años

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Tarancón (Cuenca).

Según datos ofrecidos por la Guardia Civil los investigados se enfrentan a penas de prisión de 1 a 2 años. Se aplicaría, en su caso la mitad superior del rango legal, de acuerdo al artículo 334.2 del Código Penal cuando se trata de especies en peligro de extinción. Además, se podría imponer una multa de ocho a 24 meses e inhabilitación para cazar de 2 a 4 años. A eso se sumaría la privación del derecho a portar armas de 2 a 4 años al haber utilizado un arma de fuego para matar a los animales.

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