El Poder Judicial archiva definitivamente las denuncias de Bolaños contra el juez Peinado

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar de manera definitiva las quejas que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó contra el juez Juan Carlos Peinado. Los cuatro vocales conservadores de la Comisión Permanente y el vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado han sumado sus votos para desestimar el recurso de alzada del ministro. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, no ha votado al constatarse durante la deliberación la existencia de una mayoría de cinco vocales favorable a esa desestimación. Dos vocales progresistas han votado en contra del archivo.

Bolaños denunció la “hostilidad” y la “actitud intimidatoria” del juez cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. 

En el recurso contra la decisión de archivar sus quejas, Bolaños afirmaba que la actuación del órgano de gobierno de los jueces no representa los estándares de agilidad y rigor exigibles y criticaba que “bien por conservadurismo, bien por corporativismo” hubiera sido incapaz de corregir las “irregularidades” denunciadas. 

Este martes, la Comisión Permanente del organismo ha decidido avalar el archivo de las quejas firmado por el Promotor de la Acción Disciplinaria. A su juicio, ese archivo tenía “una amplia justificación” sobre por qué la actitud de Peinado durante su testifical tenía una “falta de trascendencia” como para llegar a convertirse en una sanción. Hubo una “tirantez dialéctica” pero, añade la Comisión Permanente, no una conducta sancionable.

Tampoco encuentran motivo de castigo en que el Tribunal Supremo tumbara de plano la propuesta de Peinado de imputar a Bolaños en la causa por la que Begoña Gómez va a ser juzgada. Ahora el ministro de Justicia tendrá que decidir si lleva esta negativa del CGPJ ante la sala tercera del Tribunal Supremo a través de un recurso e insistir en que Peinado pueda llegar a ser sancionado.

Dos progresistas defienden admitir el recurso de Bolaños

La decisión cuenta con el voto particular discrepante de los vocales progresistas Argelia Queralt y Bernardo Fernández, quienes sostienen que el acuerdo confunde el contenido de la función jurisdiccional, que no puede ser revisado disciplinariamente, con la forma en que el juez ejerce su autoridad sobre quienes comparecen ante él. “La independencia judicial protege la libertad del juez para decidir; no convierte en jurídicamente irrelevante la forma en que ejerce la autoridad que el Estado le confiere”, recoge su escrito.

Ambos vocales consideran que la conducta desarrollada durante la declaración no podía analizarse como una suma de incidentes aislados. A su juicio, la sucesión de reproches dirigidos al testigo por su forma de expresarse y responder, la censura de su expresión facial, la advertencia de que su condición procesal podía cambiar y el requerimiento de que aprovechara un receso para obtener de terceros una información que había manifestado desconocer debían valorarse “conjuntamente y en su contexto”.

Así, defienden que los hechos estaban objetivamente documentados mediante la grabación íntegra de la declaración y que existía una base suficiente para examinarlos en un procedimiento contradictorio. Y subrayan que “la ausencia de certeza sobre la existencia de una infracción no equivale a la ausencia de indicios suficientes para investigarla”.

Por otro lado, la Permanente respaldó el archivo de tres diligencias informativas incoadas a raíz de quejas planteadas contra Peinado. Una de ellas había sido presentada por la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente, quien también se sentará en el banquillo. 

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.

El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado ha defendido que el asunto saliera del Consejo y se remitiera a la Fiscalía, al entender que los hechos “pueden ser constitutivos de delito”. La mayoría, sin embargo, ha optado por archivo.