Ni proletarios ni propietarios: el drama de la vivienda continúa

En El pisito, esa novela de Rafael Azcona que luego fue llevada al cine, se cuentan las desventuras de Rodolfo y Petrita, una pareja de novios desesperados por casarse que no encuentra dónde vivir, hasta que idean una solución: que el hombre contraiga matrimonio con su casera, Martina, una anciana –en teoría– cercana a la muerte, para poder heredar pronto su alquiler de renta antigua. Hoy en día, incluso esta rocambolesca situación fruto de la imaginación franquista nos parecería inviable, pues ya hemos comprobado qué puede ocurrirles a esos contratos de antaño a raíz del desahucio de Maricarmen –por más que su caso se haya saldado con la recuperación del hogar–.

Las movilizaciones en las calles han conseguido convertir a esta mujer en la heroína de una causa que interpela a muchas personas, y lograr la redacción rápida de dos decretos con los que se habría aplicado un analgésico a una de las grandes heridas de este país. Sin embargo, la negativa de Junts a aprobar alguno de ellos –incluso el considerado blando– o ambos ha trastornado, una vez más, los objetivos de un gobierno al cual se culpa de la crisis, aunque comparta la responsabilidad con ayuntamientos y comunidades autónomas. Ni para casarnos con el casero hemos quedado, podría decirse, mucho menos para atenuar los horrores de la dolencia. Junts se ha plantado y, con ello, el drama continúa, muy próximo a desbordarse.

Entender la lógica del partido independentista pasa por revisar nuestra historia dictatorial, pero también la reciente. En el armario de olor al alcanfor habitan las aspiraciones de una clase media cada vez más depauperada, el éxodo rural y el hacinamiento en chabolas a lo largo y ancho de las periferias urbanas, así como el viejo sueño de pasar a ser –una vez aniquilada o exiliada la oposición– un país de propietarios y no de proletarios.

La onírica ambición que marca el siglo XX patrio fue asimilada, ya en democracia, por un amplio espectro político que entendió la vivienda como derecho, pero no puso trabas a la especulación ni supo imaginar alternativas factibles más allá del pisito, como las cooperativas, la implementación generalizada del alquiler social o, simplemente, preservar el parque de vivienda pública en lugar de permitir su salida al mercado. Mucho menos se atrevieron a regular el turismo. Al fin y al cabo, los hijos de la Transición fueron también los del neoliberalismo. Y esto, si bien ahora nos eriza la piel, forma parte de un inconsciente colectivo cuyo arraigo es difícil de desmantelar; al contrario que en otras naciones, la casa propia ha constituido el eje vertebrador de la identidad española, el principal activo de las familias, fuente de prestigio y orgullo –y luego, claro, la parcela, el campito o el chalé en la playa–. 

Si aceleramos el reloj y lo situamos en la Cataluña posterior al procés, hallaremos la cristalización de ese proyecto en la defensa acérrima que efectúa Junts de los propietarios. El control de precios en las zonas tensionadas –que declara la comunidad autónoma, no lo olvidemos–, la prolongación de los contratos de alquiler durante dos años, o la protección del inquilino frente a los desahucios no parecen ser medidas que convenzan a la derecha que conforma su electorado y, en consecuencia, se han rechazado los dos textos legales de un plumazo. ¿A quién sorprende este posicionamiento? Sus votantes no se encuentran desgañitándose en ninguna plaza; al mismo tiempo, esa decisión puede ayudarles a conquistar terreno frente a Aliança Catalana mediante el debilitamiento de una coalición progresista cada vez más asediada desde múltiples flancos –ya se lo agradecerá, tal vez, el gobierno que venga–. Para el PSOE, especialmente, el repudio de los de Puigdemont y Nogueras es devastador, y no solo porque les impide apuntarse un tanto legislativo: si continúa leyéndose esta herida en clave presidencial, no les servirá la estrategia de dejar que los otros “se retraten”, como han anunciado algunos de sus miembros. 

Es complicado predecir qué ocurrirá en la actual tesitura funambulista. El decreto blando, un primer paso para instigar la cicatrización, posiblemente sea rebajado aún más; el descontento tiene visos de seguir aumentando y podría transformarse en una huelga general que se sumaría a otras tensiones como la generada en Ceuta; y el mantra aspiracional del pisito comprado no se va a desvanecer en un país cuya historia está ligada al suelo desde tiempos inmemoriales. De hecho, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, los hogares propietarios son casi el 64%. Aunque la cifra ha caído desde el 79% del año 2008, en muchos de ellos, ¡ah!, se vota a las izquierdas. Mientras tanto, los inquilinos son el 19%. No obstante, debajo de los números late un malestar moldeado por las más diversas teselas: la angustia de los jóvenes al no poder independizarse; la percepción de proyecto de vida fallido frente a las facilidades que les son otorgadas a los turistas para disfrutar de nuestras ciudades –tal vez, el verdadero gran reemplazo–; la inmoralidad socialmente atribuida al rentismo y la acción de los fondos de inversión; o, directamente, la extinción del barrio tal y como lo hemos conocido: con su tejido afectivo y su comercio local. En otras palabras: está en juego la noción misma de vivir, en comunidad y sintonía con un mínimo de dignidad.

Junts no debería haber tumbado esos dos decretos, pero es que jamás deberíamos haber llegado a generar la herida. Tampoco fue buena idea querer casarse con el casero o, quién sabe –habría dicho Pasolini–, perder el alma de proletario.