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Agentes federales registran la casa de Ilhan Omar, la congresista demócrata más amenazada por Donald Trump

La representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, en una conferencia de prensa con miembros del Caucus Progresista del Congreso de EEUU, el 13 de enero de 2026.

Andrés Gil

Corresponsal en Washington —
12 de octubre de 2026 14:45 h

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Agentes federales han registrado este lunes por la mañana el domicilio en Washington DC de la diputada demócrata Ilhan Omar (Minnesota) en el marco de una investigación penal, informa AP. El registro lo han llevado a cabo agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), según la agencia de noticias. Por el momento no se conocen más detalles sobre la investigación.

“Estoy bien. Que quede claro: se trata de un intento de atacar a los enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas federales como arma. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto no es más que la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán”.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado el lunes que agentes de HSI ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el departamento en el área de Washington, D.C., pero no proporcionó más detalles: “Esta medida policial forma parte de una investigación penal federal en curso”.

Según fuentes consultadas por Fox, el registro se deriva de una investigación penal por fraude relacionada con la documentación de inmigración de la diputada de origen somalí, que fue cumplimentada por su difunto padre cuando ella era niña.

La redada comenzó alrededor de las 6 de la mañana, con el HSI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al frente de la operación. El Departamento de Justicia (DOJ) también participa en la investigación.

El responsable de fronteras, Tom Homan, declaró a mediados de septiembre que la congresista progresista era objeto de una investigación “penal” en curso.

La congresista demócrata Delia Ramírez (Illinois), ha afirmado: “Durante casi una década, Trump y los republicanos han mentido sobre la diputada Omar para silenciar su disidencia. Mi hermana Ilhan no se ha echado atrás, así que ahora están utilizando al DHS y al Gobierno federal para atacarla y perseguirla. Esto es un abuso de poder absoluto e inaceptable. Debemos despojarlos de sus armas. Debemos desmantelar el DHS. Me solidarizo con Omar y con todos los miembros de nuestra comunidad perseguidos por la Administración Trump”.

En esta línea, decía el senador por Connecticut Chris Murphy: “Es una redada preelectoral relacionada con la documentación presentada cuando Omar era niña. Todos vemos lo que está pasando aquí. Y eso no va a asustar a la gente hasta hacerla callar. Va a hacer que más gente vaya a votar”.

“Los estadounidenses ven esto tal y como es: el presidente Trump está abusando de su poder para atacar a sus oponentes políticos unas semanas antes de las elecciones”, ha dicho el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

El liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes también ha reaccionado: “Es profundamente inquietante y plantea serias dudas sobre el continuo uso corrupto del Gobierno federal como arma. Exigiremos que se rindan cuentas por este abuso de poder desmesurado”.

El HSI es el principal órgano de investigación del DHS. Su ámbito de actuación incluye la investigación de delitos transfronterizos y otros, como la trata de personas y la explotación sexual infantil, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia, así como la participación en las operaciones antiterroristas de Estados Unidos.

Violación de la 'regla de los 60 días'

El registro realizado este lunes en el domicilio de Omar, tiene lugar dentro del período de 60 días previo a unas elecciones. Desde hace mucho tiempo, la política del Departamento de Justicia insta a los fiscales a abstenerse de llevar a cabo actuaciones investigativas manifiestas e innecesarias que puedan influir en unas elecciones durante ese período, especialmente si dichas actuaciones pueden posponerse hasta después de los comicios sin perjudicar la investigación, informa The New York Times.

El principio rector de la llamada regla de los 60 días es que los fiscales deben actuar con cautela en los casos políticamente sensibles. La regla no es absoluta y prevé excepciones, por ejemplo, cuando los fiscales consideran que podrían destruirse pruebas, que se están cometiendo delitos de manera continuada o que hay personas en peligro.

Durante muchos años, los funcionarios del Departamento de Justicia han considerado que un registro visible para el público —como el de la vivienda o el establecimiento comercial de un político— constituye precisamente el tipo de actuación manifiesta que debería evitarse durante ese período de 60 días.

En las últimas elecciones federales, Trump invocó la regla de los 60 días en sus propios procesos penales para acusar al Departamento de Justicia de haber actuado de manera indebida en 2024, mientras él se encontraba en plena campaña electoral. Tanto él como sus abogados, algunos de los cuales dirigen actualmente el Departamento de Justicia, sostuvieron que el fiscal especial Jack Smith había vulnerado esa regla cuando, en septiembre de 2024, presentó documentos judiciales en los que detallaba las pruebas que sustentaban los cargos contra Trump por conspirar para obstaculizar los resultados de las elecciones de 2020. Sin embargo, en aquel caso, las decisiones fundamentales fueron adoptadas por los tribunales, que no están sujetos a las políticas del Departamento de Justicia.

Omar, de 44 años, representa al 5.º distrito de Minnesota, que incluye Minneapolis. Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018 y es conocida por formar parte de lo que se conoce como The Squad, un grupo de legisladoras destacadas por sus opiniones progresistas y su firme oposición al presidente republicano.

Omar tenía 12 años cuando llegó a EEUU. Salió de Somalia en 1991, cuando estalló la guerra civil y tenía 8 años, en busca de una vida mejor. Ahora, con la segunda presidencia de Trump, la situación de las personas que han llegado de otros países buscando una vida mejor en EEUU pasa por sus peores momentos debido a la represión migratoria lanzada por el presidente de EEUU. En particular, en Minnesota y, más concretamente, en el distrito de Omar, la situación es especialmente delicada. En Minneapolis, la congresista de origen somalí ha sido atacada en algún acto político.

Los insultos de Trump a Omar no son nuevos. Desde que accedió al cargo, el presidente de EEUU la ha acusado falsamente de apoyar a Al Qaeda y de casarse con su hermano para arreglarle los papeles. Desde entonces lleva pidiendo su expulsión del país mientras miles de sus seguidores corean en mítines “¡mándala de vuelta!” nada más mencionar su nombre.

Para Trump, Omar tiene todos los ingredientes de lo que más detesta una persona ultra: es mujer, es musulmana, demócrata, refugiada y lleva velo. Además, no se achanta, responde al presidente y se encara con él, como hizo con el hombre que la atacó en Minneapolis a principios de año.

Omar representa esos EEUU diversos con los que quiere acabar Trump, y por eso comentaristas y medios MAGA esparcen su odio y sus mentiras contra ella.

Desde que tomó posesión del cargo en enero de 2019, Omar ha recibido centenares de amenazas de muerte y al menos una persona ha sido detenida por anunciar que iba a “poner una bala en su cráneo”.

En este contexto, el hombre más poderoso del mundo, el presidente de EEUU, sigue intensificando sus ataques verbales contra Omar hasta el punto de pedir la cárcel para ella sin pruebas de que haya cometido delito alguno.

A raíz de las acusaciones de fraude contra algunos miembros de la comunidad somalí de Minnesota en relación con programas asistenciales, Trump ha lanzado una cruzada contra la comunidad somalí en general, a la que ha acusado de ser “una basura”, y contra Omar en particular.

Los republicanos han planteado dudas sobre el pasado de Omar desde antes incluso de que fuera elegida, llegando a afirmar que se había casado con su hermano y que había cometido fraude migratorio. Omar ha desmentido rotundamente las acusaciones calificándolas de “mentiras repugnantes”.

“Sin duda parece que hay algo sospechoso, pero todo el mundo tiene derecho a la igualdad ante la ley”, declaró Vance a los periodistas en mayo: “Así que vamos a investigarlo. Vamos a examinarlo. Si creemos que se ha cometido un delito, lo perseguiremos”.

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