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Las leyes de transparencia tienen poco o ningún impacto sobre la calidad democrática

Estas leyes no empeoran la calidad de la democracia, aunque los datos indican que tampoco la mejoran.

Luz verde a la Ley de Transparencia, llamada a cambiar las actitudes políticas

Según el gobierno la Ley de Transparencia cambiará las actitudes políticas

Las leyes de transparencia están de moda en nuestro país. Hace sólo unos meses el gobierno español aprobó una de estas leyes y, en Cataluña, el Parlament tramita otra. Con estas leyes, nuestros políticos responden a la mayor crisis de confianza en las instituciones que se ha vivido en nuestro país desde el inicio de la democracia. La pregunta es si estas leyes servirán para conseguir los objetivos que dicen perseguir: “restaurar la confianza en las instituciones y mejorar la calidad de la democracia”

Es decir, ¿podemos esperar que estas leyes sean un instrumento efectivo de control democrático y que contribuyan por ende a mejorar la calidad de nuestra democracia? Mi hipótesis es que no y la razón es simple: estas leyes confían el control de los políticos a los propios políticos, lo que no parece la mejor manera de controlarlos. Por ejemplo, aunque la ley obliga a hacer pública la información considerada de interés público, la decisión sobre qué información facilitar depende de los funcionarios, y aunque la ley habilita un consejo de transparencia o una comisión de resolución encargada de velar por su cumplimiento, estos órganos dependen del gobierno, concretamente, en el caso de España, del Ministerio de Hacienda. Es decir, todo queda en casa.

Pero veamos qué dicen los datos. Si utilizamos como indicador de calidad de la democracia el índice Polity IV, muy utilizado en los estudios empíricos sobre democracia, no se aprecia que la calidad de las leyes de transparencia (medida a través del índice que proporciona el Global Right to Information Rating) tenga algún efecto en la calidad de la democracia. Como se observa en la gráfica de la izquierda, una mayor calidad de las leyes de transparencia (valores altos en el eje de coordenadas) no aumenta el nivel de democracia o tiene un efecto que es imperceptible (los valores esperados de nivel de democracia para valores bajos y altos de calidad en las leyes de transparencia prácticamente no cambian).

Gráfico 1. Leyes de transparencia y calidad de la democracia medida a través de Polity IV

G1

Gráfico 2. Leyes de transparencia y la escala de libertades de Freedom House

G2

En cambio, si utilizamos como indicador de calidad de la democracia el índice de Freedom House, concretamente la escala de libertades civiles, apreciamos algo sorprendente, que la relación entre la calidad de las leyes de transparencia y la calidad de la democracia no sólo no es la esperada sino que se invierte: a mejores leyes de transparencia menor grado de libertades (el índice de Freedom House se lee al revés: 1 es el valor máximo, y 7, el valor mínimo, en la escala de libertades) o peor calidad de la democracia.

¿Debemos deducir de esto que las leyes de transparencia no sólo no mejoran el control democrático sino que – ¡oh horror! -- lo empeoran? La respuesta es no. Estas leyes no empeoran la calidad de la democracia, aunque probablemente tampoco la mejoran. Seguramente, lo que ocurre es que estas leyes tienen poco o ningún impacto sobre la calidad de la democracia, pero los países de baja calidad democrática necesitan aprobar leyes de transparencia para responder a la falta de confianza de sus ciudadanos en las instituciones. 

El gráfico 3 muestra de una manera mucho clara que los países que tienen las mejores leyes de transparencia son las democracias de baja calidad (los países que puntúan 2, 3 y 4 en la escala de libertades de Freedom House) y no, como se podría esperar, las democracias de alta calidad (los que puntúan 1 en la escala). La relación no lineal entre leyes de transparencia y calidad de la democracia que muestra esta gráfica (y que se aprecia también en las anteriores si nos fijamos bien) se podría explicar de la siguiente manera: por un lado, los países de alta calidad democrática no necesitan aprobar leyes de transparencia porque sus ciudadanos ya confían en las instituciones y éstas ya practican la transparencia; por otro, los países no democráticos tampoco necesitan aprobar leyes de transparencia porque de ellos no se espera que respondan a las demandas de los ciudadanos. Las democracias de baja calidad, en cambio, tienen muchos incentivos para aprobar estas leyes: de ellas se espera que respondan a las demandas de los ciudadanos y sus ciudadanos tienen poca confianza en las instituciones.

Gráfico 3. Libertades civiles y calidad de las leyes de transparencia

G3

Pero, además, hay otra razón que podría explicar que las democracias de baja calidad aprueben mejores leyes de transparencia: los países menos predispuestos a cumplir la ley son los que pueden permitirse hacer mejores leyes, mientras que los que tienen intención de someterse al imperio de la ley hacen las leyes que pueden cumplir. Esto explicaría que países con índices bajos de gobierno de la ley como Azerbaiyán, México, El Salvador, Liberia y Sierra Leona estén entre los diez mejores países en calidad de las leyes de transparencia, mientras que países con niveles altos de gobierno de la ley como Alemania, Austria y Bélgica estén entre los diez peores en calidad de las leyes de transparencia. Para comprobar está hipótesis utilizamos uno de los sub-componentes del índice de FH que mide específicamente el gobierno de la ley (o rule of law). El gráfico 4 muestra que existe una relación negativa entre el gobierno de la ley y la calidad de las leyes de transparencia: a menor gobierno de la ley (valores bajos en el eje de coordenadas) mejor calidad de las leyes y a mayor imperio de la ley (valores altos en el eje de coordenadas) peor calidad de las leyes de transparencia.

Gráfico 4. Gobierno de la ley y leyes de transparencia

G4

Desde este punto de vista tal vez no sea una mala noticia que la ley de transparencia aprobada por el gobierno español no esté a la altura de las expectativas o que la ley que tramita el Parlament de Cataluña no tenga el alcance que sería deseable (deja fuera por ejemplo a los partidos políticos). Estas limitaciones podrían indicar que nuestros políticos aunque igualmente incontrolables al menos hacen leyes que pueden cumplir.

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