Regular el juego para prevenir la adicción

¿Puede considerarse ética una actividad económica cuyos beneficios se obtienen de lo que pierden los que participan en ella?

¿Puede ser ética si la conducta que promueve es la principal causa de una enfermedad mental?

¿Es posible considerar ética dicha actividad si una parte importante de sus beneficios proceden, precisamente, de los enfermos que ella misma ha provocado?

Estamos hablando del juego.

El juego legal de azar movió en España en 2017 algo más de 40.000 millones de euros (prácticamente lo que nos costó rescatar a la banca) y los ingresos del juego llegaron a 9.000 millones: mucho más de los recortes que ha habido en Sanidad desde la crisis. Esos 9.000 millones son, precisamente, el dinero que los jugadores perdieron en 2017 (todavía no tenemos los datos de 2018, pero serán mayores, sin duda).

Todo esto, para una actividad económica que, en realidad, no genera ningún producto que incremente su valor añadido, puesto que de lo único que se trata es de mover el dinero, en el sentido literal de la palabra. En el juego, el dinero ni se crea ni se destruye: solo cambia de bolsillo.

Y aunque se diga que el resultado depende del azar, las reglas del juego siempre favorecen a quien lo gestiona, de manera que ni siquiera puede considerarse un juego justo porque, a la larga la casa gana y el jugador (especialmente si es un jugador patológico), pierde.

Son las reglas del juego.

Por eso, en el caso de que se permita esta actividad, una sociedad moderna debe tener los necesarios mecanismos regulatorios para impedir, más bien minimizar, los efectos negativos del juego sobre la salud de los ciudadanos.

Es lo que se conoce como “juego ético”.

Las consecuencias negativas del juego como potencialmente adictivo no han pasado desapercibidas para el legislador, ni para las empresas del sector. Tal es así que la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, ya en su artículo 1, establece: “El objeto de esta ley es la regulación de la actividad del juego… con el fin de garantizar el orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes...”. Posteriormente, en su artículo 8, se indica: “las políticas de juego responsable suponen que el ejercicio de las actividades de juego se abordará desde una política integral de responsabilidad social corporativa que contemple el juego como un fenómeno complejo en el que se han de combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos”.

Conceptos como el de responsabilidad social corporativa y juego responsable hacen referencia al reconocimiento de que la actividad del juego puede ser potencialmente nociva para algunos jugadores. El juego responsable, además, asume que tanto los Gobiernos como las compañías pueden hacer algo para mitigar los problemas que causa el juego o para promover conductas saludables que prevengan la aparición de la ludopatía, entendida esta como una patología que atenta contra la libertad del que la padece y arrasa con el sistema familiar. Se trata de un sistema de gestión empresarial que ha de responder mitigando los impactos de la propia actividad y no de una mera gestión de la reputación.

El concepto de juego ético va un paso más allá, al asumir la responsabilidad de la Administración y las compañías del sector no solo en la génesis del trastorno, sino también en la prevención y el tratamiento de la adicción. Es un compromiso de la sociedad con la salud de sus ciudadanos que consiste en el establecimiento de una política de regulación del juego que debe llevar a cabo el Gobierno mediante la cual se permita la actividad económica, pero se prevenga la aparición de la adicción. Para conseguir este objetivo no hay otra solución que regular la actividad de forma que se impida la pérdida excesiva de dinero por parte de los jugadores, ya que esta es la principal causa del juego patológico.

El juego ético asume que, al limitar las pérdidas de los jugadores, también se reducen los beneficios de las empresas del sector. No obstante, ante el conflicto de los derechos que se produce entre la obtención de los máximos beneficios económicos, con los de la prevención de la enfermedad, entendemos que una sociedad moderna debe proteger la salud de sus ciudadanos.

[Este artículo ha sido publicado en el número 70 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]