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Por un Tratado de armas antes de que mueran millones de personas más

Un manifestante contra el presidente egipcio Mohamed Mursi muestra cartuchos de pistola que la policía ha empleado para disolver una manifestación en El Cairo, 27 de enero de 2013. © REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

La mayoría de los diplomáticos que van a reunirse este mes en la sede de Naciones Unidas para consensuar y, con suerte, aprobar el texto final de un tratado global histórico que regule las transferencias de armas en todo el mundo están muy alejados de las escenas de conflicto.


Un hombre que ha puesto el pie en uno y otro mundo es Mujahid Alam, general de brigada paquistaní ya retirado que ha participado en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Democrática del Congo y en Kosovo.

En ambas misiones fui testigo de una absoluta falta de regulación estricta en el comercio de armas, debido a la cual la proliferación de armas ilegales tanto en la RDC como en Kosovo era enorme”, contó Alam recientemente a Amnistía Internacional.

Hubo violaciones muy graves de derechos humanos y del derecho humanitario como consecuencia directa del uso de estas armas ilegales, que contribuyeron directamente a causar un elevadísimo número de muertes entre la población civil en los conflictos de larga duración que desestabilizaron la región de los Grandes Lagos en África y los Balcanes en Europa.”

El precio en términos de víctimas civiles
Mujeres y niñas son con frecuencia víctimas de graves violaciones de derechos humanos en los conflictos armados, dijo Alam, y la proliferación de armas ilegales fomenta la violencia basada en el género, incluida la violencia sexual.

También los niños están especialmente expuestos. Cuando el armamento no regulado cae en manos de grupos armados y de fuerzas armadas sin escrúpulos, los niños soldados a menudo terminan siendo tanto las víctimas como los perpetradores de los abusos contra los derechos humanos, explicó.

Una niña sobre una casa demolida tras un enfrentamiento entre fuerzas rebeldes y gubernamentales en el oeste de Yemen 3 de febrero de 2012. REUTERS/Khaled Abdullah

Una niña sobre una casa demolida tras un enfrentamiento entre fuerzas rebeldes y gubernamentales en el oeste de Yemen 3 de febrero de 2012. REUTERS/Khaled Abdullah

Y, según Alam, las ventas de armas mal reguladas no hacen sino agravar la pobreza, puesto que países pobres cuyos gobiernos no pueden proporcionar servicios médicos o educativos ni prestaciones sociales a su propia población, en cambio destinan enormes cantidades de dinero a la adquisición de armas para reprimir a esa población.

De hecho, los únicos que salen ganando en este mundo actual de un comercio mundial de armas prácticamente no regulado –que representó más de 80.000 millones de dólares estadounidenses en 2010 en términos de volumen de transferencias de armamento registradas– son los autores de los abusos y los corruptos.

Ganan los delincuentes, los traficantes, los intermediarios, los fabricantes de armamento sin escrúpulos y los funcionarios corruptos y desalmados. Pierden siempre las mujeres, los niños y los ancianos pobres o desfavorecidos, y el ciudadano que pasa por allí sin tener culpa de nada. Yo he visto la miseria y el sufrimiento que desde hace años soporta la gente sin recursos en la RDC. Es verdaderamente descorazonador”, explicó Alam.

Fomentar los abusos contra los derechos humanos
Amnistía Internacional calcula que al menos el 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por la organización en todo el mundo están asociadas al uso de armas pequeñas y ligeras.

En algunos países con un historial de conflicto armado, como Somalia, el embargo de armas impuesto por la ONU durante años prácticamente no ha evitado la afluencia de armas y municiones ni los abusos resultantes.

En Somalia, todos los embargos de armas de la ONU se han vulnerado impunemente y no se han tomado medidas contundentes contra los responsables. Las fronteras terrestres del país son muy porosas y su costa es extensa y accesible, lo que facilita la afluencia de armamento en gran escala por tierra, mar y aire.”

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Somalia ha identificado los problemas, pero persiste el temor de que apenas haya avances si la comunidad internacional no aborda el problema con un planteamiento radicalmente distinto.

El general Mujahid Alam participó también en una comisión internacional establecida en 1995 para investigar los suministros de armas a los autores del genocidio de Ruanda en 1994, a raíz de los informes publicados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Las conclusiones y recomendaciones de esta comisión para mejorar la situación posterior al conflicto se desoyeron en gran medida. Posteriormente formó parte del grupo de expertos de la ONU sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en la RDC, y también entonces encontró pruebas sobre un tráfico de armas que perdura hasta hoy.

Una de las conclusiones a las que llegamos se refiere al efecto enormemente dañino del suministro, la venta y el comercio ilegal de armas –especialmente de armas pequeñas– por parte de actores estatales y no estatales. Estoy convencido de que un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas reduciría significativamente las violaciones graves de derechos humanos y contribuiría a una reducción general de los conflictos y su intensidad”, dijo.

Esperanzas de un sólido Tratado sobre el Comercio de Armas
Es urgente que la sociedad civil, los medios y las ONG internacionales ejerzan la presión necesaria sobre esos países y organizaciones para que adopten medidas inmediatas encaminadas a la firma de un TCA, antes de que mueran millones más”, dijo Alam.

Una mujer llora después de que el Ejército de Siria haya atacado su casa en el norte del país.10 de marzo de 2012. Copy AP/PA Photo/Rodrigo Abd

Una mujer llora después de que el Ejército de Siria haya atacado su casa en el norte del país.10 de marzo de 2012. Copy AP/PA Photo/Rodrigo Abd


Lo que hace falta, explicó, es un tratado integral que englobe todo tipo de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y ligeras y las municiones, y subsanar cualquier laguna que haga posible que cierto tipo de armas sigan llegando a las manos equivocadas.

El TCA debe garantizar que los Estados regulan todo el armamento convencional, incluidas armas, municiones, equipos y artículos conexos empleados en operaciones militares y de seguridad interna. Además, debe contener normas y objetivos claros en materia humanitaria y de derechos humanos, y asimismo fijar estrictos criterios y procedimientos de evaluación de riesgos”, dijo.

Alam seguirá presionando en favor de un TCA firme ante la proximidad de las conversaciones finales sobre el tratado, a mediados de marzo, y se unirán a él muchas decenas de miles de simpatizantes de Amnistía Internacional y de la sociedad civil de todo el mundo que llevan casi dos decenios haciendo campaña en favor de la adopción del tratado.

A lo largo de los muchos años que Amnistía Internacional lleva liderando la campaña en favor de un TCA efectivo, la organización ha sido pionera en este terreno y ha hecho una contribución importante al convencer a muchos países de que firmen”, afirmó Alam.

Sin el apoyo y la contribución de la organización, este tratado nunca podría prosperar.”

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Grietas de derechos humanos en la muralla china

Manifestación en Wangfujing, Pekín, el 20 de febrero de 2011. ©JerryofWong cc by-sa 3.0

El comienzo de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Nacional y la irrupción de una nueva generación de líderes puede marcar un hito en la evolución política de China. Esta es la oportunidad de abordar cambios importantes para obtener el respeto y el estatus al que aspira en la comunidad internacional.

Estos cambios implican reformas democráticas, que no son posibles sin el reconocimiento y respeto de los derechos humanos del país más poblado del mundo  y una de las grandes potencias económicas de nuestro tiempo.

Los esfuerzos del gobierno por acallar y controlar los medios de comunicación, y especialmente Internet, no han sido suficientes para evitar que el mundo sea testigo de protestas y demandas ciudadanas que han provocado grietas en la gran muralla china. Es el momento de que la Asamblea Popular Nacional afronte las reformas necesarias para adecuar las leyes chinas a las normas y convenios internacionales.

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Pussy Riot, un año sin libertad

Componentes del grupo Pussy Riot durante una protesta en la plaza Roja de Moscú el 20 de enero de 2012. © Reuters / Denis Sinyakov

Masha y Nadia son dos jóvenes rusas que en octubre de 2011, junto con otras compañeras, crean un grupo activista para evidenciar que la libertad de expresión, y en general los derechos humanos, están bajo amenaza en su país. Las jóvenes deciden mezclar en su coctelera activista ingredientes como el arte, la política y la música punk para denunciar esta situación mediante acciones pacíficas pero provocadoras en espacios de gran visibilidad pública y así conseguir repercusión. Nacen las Pussy Riot.

Meses después, el 21 de febrero de 2012, irrumpen un par de minutos en la principal catedral ortodoxa de Moscú para interpretar una canción “Virgen María, líbranos de Putin” y denunciar lo que, según ellas, es una deriva autoritaria de la Rusia actual. En pocas horas el video de su performance atrapa a 600.000 visitantes en Youtube y logra gran repercusión internacional.

El contexto ayuda: de noviembre a marzo de 2012, entre las elecciones legislativas y las presidenciales que sellan el regreso de Putin a la jefatura del estado, Rusia vive sus mayores manifestaciones tras el colapso de la URSS, gente en la calle que denuncia poca transparencia en los procesos políticos. Y la respuesta del poder a esas manifestaciones es más represión, golpes a manifestantes y detención y hostigamiento a destacados opositores y periodistas.

Coincidiendo con las elecciones que confirman a Putin como nuevo presidente, el 4 de marzo, Masha y Nadia son detenidas por las autoridades rusas. Días después, una tercera Pussy Riot, Katia, ingresa también en prisión. A partir de aquí, la historia más conocida. En agosto llega el juicio, rodeado por una inusitada atención mediática y en medio de un agrio debate en la propia sociedad rusa sobre la libertad de expresión, sus límites, la separación Iglesia-Estado y la independencia del poder judicial.

Masha Alekina, una de las Pussy Riot, durante el juicio en Moscú el 20 de junio de 2012 © Denis Bochkarev

Masha Alekina, una de las Pussy Riot, durante el juicio en Moscú el 20 de junio de 2012 © Denis Bochkarev


Y luego la condena: dos años de prisión por “odio religioso”, ofensa y escándalo. Desde Amnistía Internacional no juzgamos si la acción de las Pussy Riot es correcta o no; incluso podemos entender que haya gente que se sienta ofendida o herida en sus sentimientos o creencias. Pero la libertad de expresión no puede verse limitada por esta cuestión. En este punto cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido en diversas ocasiones que la libertad de expresión no solo abarca el ámbito de las ideas inofensivas o “blancas”, sino también las que ofenden o escandalizan. Y eso es por lo que Amnistía Internacional cree que la condena nunca debería haberse producido.

Activistas y organizaciones de derechos humanos de medio mundo se movilizan y solidarizan con las Pussy Riot. En septiembre, las autoridades rusas reciben también 38.000 firmas recogidas por Amnistía Internacional España en apenas un mes, depositadas en la embajada rusa en Madrid en un acto público que reúne a artistas como Miguel Ríos e Ismael Serrano, entre otros. Hoy, superado ya el primer aniversario de la acción de las Pussy Riot, dos de las tres chicas siguen en prisión; la otra, Katia, está en libertad condicional desde octubre.

Las Pussy Riot encarceladas, presas de conciencia
Masha está en una colonia penitenciaria en Perm, 1.000 km al este de Moscú, a los pies de los Urales. Nadia, en Monrovia, a 500 km de su casa. Las dos jóvenes, madres de niños pequeños, están encarceladas por cantar una canción protesta y Amnistía Internacional las considera presas de conciencia. Masha ha recibido amenazas y estuvo en régimen de aislamiento. Nadia tiene problemas de salud que han empeorado bajo custodia. Están mal, soportando la dureza de un sistema penitenciario que numerosas organizaciones señalan por vulnerar los derechos humanos con maltratos sistemáticos a sus reclusos.

Seguramente el caso de las Pussy Riot no es el más grave que acontece en Rusia, aunque su carga simbólica es elevada: chicas jóvenes encarceladas por interpretar una canción anti-Putin. Pero su historia sí deviene una auténtica piedra de toque de la situación actual de la libertad de expresión en Rusia. Un año después, ésta se ha deteriorado y el caso de las Pussy Riot supone el arranque de una nueva y severa campaña de represión de los derechos humanos en este país. El parlamento ruso, la Duma, ha adoptado durante el último año nuevas leyes que tienen en el punto de mira a los activistas de derechos humanos y a opositores que critican al poder.

Así, por ejemplo, en junio de 2012 las autoridades introducen nuevas y restrictivas normas sobre protestas públicas, con multas que pueden superar los 25.000 euros. En noviembre de 2012 se obliga a las ONG que reciben fondos del extranjero a inscribirse como “agentes extranjeros”. Ese mismo mes se amplía la definición de “traición”, que podría criminalizar la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y el activismo político. A eso hay que sumar la reciente legislación homofóba que castiga con multas a las personas y colectivos de Lesbianas, Gays,  Bisexuales e Intersexuales (LGBTI) que difundan “propaganda homosexual” entre menores. Esta ley, una más, también restringe la libertad de expresión y dificulta a la gente joven acceder a información vital para su bienestar.
Collage de carteles y actos a favor de la liberación de las Pussy Riot, realizado por Amnistía Internacional

Collage de carteles y actos a favor de la liberación de las Pussy Riot, realizado por Amnistía Internacional


Volviendo a las Pussy Riot, Masha y Nadia afirman que sienten toda esa presión del Estado ruso. En las pocas entrevistas concedidas desde las colonias penitenciarias se muestran agradecidas por todo el apoyo y las cartas que reciben: “Es lo más importante que ahora podemos tener”. Y reiteran que no se arrepienten de nada de lo que hicieron.

Ya en el ecuador de su condena, debe ser nuestra tarea seguir trabajando por su caso para que no caiga en el olvido y denunciar la intensificación de los ataques contra la libertad de expresión en Rusia. Denunciar, en definitiva, ese argumento falaz que parece ganar terreno en los últimos doce meses favorecido por una legislación represiva: que libertades civiles y estabilidad social, económica y política son incompatibles en Rusia.

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“Quiero que todo el mundo sepa que existimos”

Dos hombres de Eritrea, recién llegados a Grecia, desde Turquía, tras cruzar a nado el río Évros © Bradley Secker / Demotix

Para muchas personas, viajar a Grecia es sinónimo de sol y ocio. De hecho, hoy el cielo está despejado y el mar tiene un tentador color azul. Pero para otros, ese mismo mar es oscuro y peligroso.

Mi compañera Carmen Dupont y yo llegamos a Lesbos, una isla griega situada justo al lado de Turquía, y lo primero que vemos viniendo del aeropuerto son mochilas y ropa desperdigadas en una playa cercana.“Esta mañana han llegado unos inmigrantes”, nos dice con indiferencia el taxista.

El pasado diciembre, murieron ahogadas en las proximidades de la costa de Lesbos 27 personas -la mayoría afganas- que intentaban alcanzar territorio griego cuando volcó la embarcación en la que viajaban. El único superviviente fue un niño afgano de 16 años. Se agolpan en nuestra mente los recuerdos de las visitas que hicimos los días anteriores a uno de los muchos centros de detención de Atenas y a las casas en las que viven las personas que han llegado a Grecia huyendo del conflicto en Siria. Bahrir, Ralya y Alia pisaron suelo griego en circunstancias similares, pero una noche diferente.

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El precio que pagan las mujeres por manifestarse en Arabia Saudí

Mujeres que se manifestaban en Riad el 9 de febrero pasado fueron detenidas y sufrieron malos tratos. Tres de ellas aún continúan hoy en prisión. © Privado

Cuando nos presentamos en las oficinas de la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos en Riad el sábado 9 de febrero por la tarde, nos comunicaron que no había funcionarios disponibles para hablar con nosotras.

Así que, junto con unas 10 mujeres más y cinco niños, permanecimos fuera mostrando las pancartas que llevábamos. En ellas figuraban los nombres de nuestros maridos, de aquellos que llevan muchos años detenidos sin cargos ni juicio, y que siguen entre rejas a pesar de haber cumplido su condena.

Cuando llegamos, había un coche de policía en la zona, pero, en cuanto sacamos los carteles, aparecieron dos más. Escuchamos a las fuerzas de seguridad que decían “llevan pancartas”. Antes de pudiéramos darnos cuenta, estábamos rodeados por unos 15 coches de policía.

Un funcionario de la Sociedad Nacional para los Derechos Humanos salió para hablar con nosotras. Aproximadamente a la misma hora, llegaron autobuses a la zona, y aparecieron más coches de policía.

Los agentes de seguridad se dirigieron primero a la persona más vulnerable del grupo: una mujer con bastón.

Trataron de quitarnos las pancartas por la fuerza golpeándonos. Como resultado de la agresión, una mujer se cayó en un agujero cercano. A un niño de 12 años, cuyo padre lleva detenido una década sin cargos ni juicio, lo golpearon y le quitaron de las manos el cartel que llevaba. Nos amenazaron con detenernos.

Comenzamos a ir de calle en calle para evitar que nos quitaran los carteles. Yo estaba grabándolo todo y escuché que un agente de policía gritó “ésa está sacando fotos”. Corrí, pero me siguieron, así que pedí a la gente que iba en los coches que me ayudara. Dos hombres enmascarados y vestidos de paisano de la Dirección General de Investigaciones me agarraron y me arrojaron hacia una guardia, que me metió en uno de los autobuses. Nos golpearon y nos insultaron.

En el autobús comenzaron a cerrar las ventanas y se alejaron a toda velocidad con unas 13 de nosotras dentro.

Nos llevaron al Departamento de Investigación Criminal, donde llegamos aproximadamente a las 15h nos interrogaron tres veces: personal del Departamento de Investigación Criminal, de la Unidad de Pruebas Criminales y de la Dirección de Investigación y Fiscalía, respectivamente. Todos formularon las mismas preguntas.

Nos tomaron las huellas dactilares y una muestra de ADN, y nos preguntaron quiénes éramos, quién era nuestro líder, cómo coordinábamos nuestras actividades y si teníamos cuenta de Twitter.

“¿No sabes que las protestas están prohibidas según la sharia?”, me preguntó uno de ellos. Le respondí que eso no es así, que existen diversas opiniones al respecto. Les dije que hasta el interrogatorio era ilícito, puesto que no había ningún abogado allí presente conmigo. Me dijo que la elección que tenía era seguir el interrogatorio sin abogado o ingresar en prisión. Así que les dejé continuar.

Durante todo este tiempo no nos dieron nada para comer, a pesar de que había niños con nosotras. Les suplicamos comida y, finalmente, alrededor de la medianoche, nos dijeron que no podían darnos nada para comer porque todo estaba cerrado. Más tarde, nos trajeron un poco de zumo y una bolsa de patatas fritas para que los repartiéramos entre los niños.

Me dejaron marchar a eso de la 1.30h, junto con algunas mujeres, y dejaron a unas cuatro mujeres y tres niños bajo custodia. Mi hijastra, Bahia, y su hija de 23 años, Fatima, estaban entre las que quedaron detenidas.

Durante los arrestos, Fatima se había desmayado tras sufrir un ataque de asma, y no recobró el conocimiento hasta que le echaron agua en la cara. Después de separarla de su madre, los agentes de policía la golpearon y, a continuación, la metieron a rastras en el autobús. Se le rompió la abaya (túnica larga). Una guardia se sentó sobre ella y le dobló el brazo.

Vi que otras eran sometidas a maltrato y yo no sabía si llorar por lo que me estaba sucediendo a mí o por lo que les estaba pasando a las demás”, me dijo posteriormente Fatima.

Mapa de Arabia Saudí. United States Central Intelligence Agency's World Factbook.

Mapa de Arabia Saudí. United States Central Intelligence Agency's World Factbook.

Mi hijastra es una de las tres mujeres que siguen detenidas en la prisión de Al Malaz; no hemos podido verlas ni hablar con ellas. Nos han dicho que las llevarán ante los tribunales, pero no sabemos por qué motivos ni cuándo.

Otras manifestaciones
Amnistía Internacional también ha recibido noticias de que la policía de la localidad de Buraida, al norte de Riad, detuvo el sábado 9 de febrero al menos a 15 mujeres y 10 menores de edad por protestar ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con jurisdicción para examinar denuncias contra el Estado y sus servicios públicos.

Una mujer, cuyo marido lleva detenido varios años sin cargos ni juicio, y del que se dice que está enfermo y orina sangre, contó a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad las golpearon y las llevaron a rastras a prisión. Fueron interrogadas en la cárcel, pero ella se negó a dar más datos que su nombre y edad sin la presencia de su abogado. Dijo que llevaron a otro grupo de mujeres a la misma prisión tras manifestarse. No obstante, todas han sido puestas en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional considera que todas aquellas personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y la reunión son presos de conciencia, y exige su liberación inmediata y sin condiciones.

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Derechos humanos en Irán en el aniversario de la revolución de 1979

Mujeres policías cargan contra mujeres que se manifiestan pacíficamente en Teherán, Irán, junio de 2006. © Arash Ashoorinia, www.kosoof.com

Desde las protestas de junio de 2009 por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales, la tensión en la calle es recurrente. En años anteriores, la oposición ha convocado manifestaciones pacíficas; manifestaciones que en 2011 se saldaron con al menos dos muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos cuando las fuerzas de seguridad disolvieron brutalmente las concentraciones.

Hemos pedido una y otra vez que se respete el derecho a la libertad de reunión y se permita a la gente protestar sin sufrir represalias. Pero la realidad es inquietante, así como otras de las oscuras caras del historial de derechos humanos de Irán: la pena de muerte.En este país se ejecuta, como mínimo, a una persona cada día. El informe anual de 2011 de Amnistía Internacional constata que Irán informó oficialmente de 360 ejecuciones, pero fuentes fidedignas indicaban que se habían llevado a cabo 274 más, muchas de ellas en secreto. Resulta especialmente grave que también se realicen ejecuciones de personas que eran menores en el momento de cometer el delito del que se les acusa, algo prohibido por el derecho internacional. Ocurrió hace poco con el caso del joven Ali Naderi, ejecutado en enero en la cárcel de Rajai Shahr.

Noushin Ahmadi Khorassani, una de las activistas por los derechos de las mujeres en Irán detenida por su actividad pacífica. © www.kosoof.com

Noushin Ahmadi Khorassani, una de las activistas por los derechos de las mujeres en Irán detenida por su actividad pacífica. © www.kosoof.com


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Los niños soldado que no ven a Messi

Miembros del grupo Islamista Movimiento por la Unidad y la Jihad en África Occidental, que opera en el norte de Malí © Brahima Ouedraogo/IRIN

Podría llamarse Souleiman y tener 16 años. Seguramente le encantaría el fútbol y su jugador preferido sería Kanoutè, Messi, Ronaldo, Iniesta o Drogba, aunque nunca los haya visto jugar en directo, ni apenas en televisión. Podría ser uno de los niños soldado a los que obligan a matar gente a la edad en la que otros se divierten dándole a la pelota.

Mientras los artilleros del balón perforan porterías, Souleiman abriría fuego sin saber bien por qué. Igual que el niño que nos dijo esto hace unas semanas en Malí: “Nos adiestraban para disparar apuntando al corazón o a los pies. (..) Veía a nuestros enemigos como si fueran perros y lo único que había en mi mente eran ganas de disparar contra ellos.”  No fue demasiado tiempo a la escuela, fue vendido por el nieto de su maestro a un grupo islamista armado: “Hace dos meses, el nieto de mi maestro nos vendió a los islamistas. Nos unimos a un grupo de otros 14 jóvenes que portaban armas (…) Los rebeldes nos golpeaban durante las lecciones del Corán porque pensaban que nuestra pronunciación de los versículos no era correcta y querían que pronunciásemos el árabe como ellos. Me pegaron cuatro veces con una correa de goma.”

No hay datos sobre el número de niños y niñas soldado en el mundo. Sabemos que en torno a 17 países los reclutan, en lugares tan dispares como Mali, República Democrática del Congo, Filipinas, Colombia, Chad o Afganistán. Y no solo son llevados al frente, también son utilizados como mensajeros, espías o cocineros. Las niñas corren peor suerte. A veces, también son usadas como esclavas sexuales.

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Las mujeres invisibles de México

Acapulco © Oescalona fuente wikipedia CC BY-SA 3.0

Hace menos de una semana, seis turistas españolas fueron violadas mientras se encontraban de vacaciones en Acapulco, un enclave turístico del estado de Guerrero, al sur de México.

La prensa internacional se hizo eco rápidamente de la agresión y al principio parecía que las autoridades locales ponían su empeño en quitarle importancia a la noticia y mostraban más interés en proteger la imagen de Acapulco como destino turístico.

Sin embargo, a medida que la indignación de la opinión pública crecía, y presionadas por las autoridades españolas, México prometió llevar a cabo una investigación completa.

Para quienes hacemos un seguimiento de lo que sucede en esta parte del mundo, la noticia de este terrible delito apenas nos sorprendió.

Y es que a lo largo y ancho de México miles de mujeres y niñas sufren cada año violencia sexual.

Según información presentada en 2012 por Amnistía Internacional ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año en México.

Las cifras, basadas en datos recogidos en 2009, muestran asimismo que ese año se produjeron únicamente 2.795 condenas. Estudios nacionales señalan también que sólo una quinta parte de las mujeres denuncian la violación debido a que no confían en el sistema de justicia y tienen miedo –es probable que la magnitud real de la violencia sexual sea mucho mayor–.

Por otro lado, la información oficial sobre niveles de violación y enjuiciamiento es extremadamente escasa.

El único elemento que tienen en común la mayor parte de estas historias tan tremendas es que los autores casi nunca responden ante la justicia.

Si se les pregunta, las autoridades mexicanas harán referencia probablemente a las diversas medidas de importancia que han adoptado para proteger a las mujeres frente a la violencia, entre ellas la aprobación de una ley, de ámbito federal y estatal, “de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.

No obstante, pese a algunos avances positivos, la violencia de género sigue siendo generalizada en México. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de la nueva legislación, lo que ha permitido que la impunidad subsista.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero, conocen de primera mano lo que es la ausencia de justicia.

Rueda de prensa con la organización Frente De Pueblos en Defensa de la Tierra y el Centro Pro Derechos Humanos en la Ciudad de México para pedir justicia para las mujeres de Atenco, 3 de mayo de 2011. © Amnistía Internacional México

Rueda de prensa con la organización Frente De Pueblos en Defensa de la Tierra y el Centro Pro Derechos Humanos en la Ciudad de México para pedir justicia para las mujeres de Atenco, 3 de mayo de 2011. © Amnistía Internacional México

Las dos fueron violadas por miembros de las fuerzas armadas en 2002 y, tras muchos años de silencio durante los cuales su caso acabó perdido en el entramado de la justicia militar, finalmente ganaron el derecho a que su causa fuera transferida a la jurisdicción civil.

Esto significa que tanto Inés como Valentina tienen más posibilidades de que se imparta justicia –aunque el hecho cierto es que no es infrecuente que el sistema de justicia civil no llame a los autores a rendir cuentas–.

En el norte de México, cientos de mujeres han sido asesinadas o simplemente han desaparecido desde 1993.

El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, una ciudad próxima a la frontera estadounidense, celebraron una marcha para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.

Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.

La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.

Tampoco pueden utilizarse los elevados índices de violencia delictiva general que registra México como excusa para pasar por alto y restar importancia a lo que les está sucediendo a las mujeres en todo el país. Las autoridades federales y estatales simplemente no han elaborado ni aplicado medidas para abordar e impedir estos delitos.

Ya es hora de que el gobierno haga caso a las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y de otros actores que trabajan en esta materia que piden dejar de hablar sobre cómo evitar la violencia contra las mujeres y empezar a actuar.

Necesitamos medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas.

Además, las autoridades mexicanas tienen una deuda con las mujeres: realizar un esfuerzo continuado destinado a poner fin a la violencia y apoyar a las supervivientes de abusos sexuales.

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Guatemala, ¿un buen lugar para cometer asesinatos?

Una cola de personas espera para dar su testimonio a la delegación de Amnistía Internacional en Guatemala en 1985. © Jean-Marie Simon

No, no se dejen engañar por el aspecto bonachón de Efrain Ríos Montt, ahora que lo pueden ver en fotos en los periódicos y canales de televisión. Sí, tiene 85 años, pero fue presidente de Guatemala tras un golpe de estado a principios de la década de los 80.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico -Una Comisión de la Verdad creada en los 90- dijo de su época de gobernante que “se generalizó un clima de terror en gran parte del país que se caracterizó por una violencia extrema en contra de las comunidades y movimientos organizados, con una total indefensión por parte de la gente. Ya fuera a través de las masacres colectivas o de la aparición de cuerpos con señales de tortura, el horror tuvo un carácter masivo y de ceremonia pública que sobrepasó cualquier límite a la imaginación. Esta estrategia de terror se desarrolló hasta las manifestaciones más extremas del desprecio por la vida, con la realización de torturas públicas, exposición de cadáveres, y con la aparición de cuerpos mutilados y con señales de tortura”.

No llevaba ni un mes como investigador de violaciones de derechos humanos de Amnistía Internacional en ese país centroamericano cuando pensé “Guatemala es un buen lugar  para cometer asesinatos”. No, no es que de repente me hubiese convertido en un criminal, sino que había descubierto lo que significaba para mucha gente sobrevivir en lo que llamábamos entonces el paraíso de la impunidad. Mirara hacia donde mirase encontraba víctimas pero casi nunca aparecían los victimarios: piensen en un país de unos diez millones de habitantes entre los que murieron asesinadas, entre 1960 y 1996, unas 200.000 personas en 668 masacres

Exhumación de tumbas en Tres Cruces y Chitucán, pertenecientes a Rabinal, Baja Verapaz, junio de 2004.© ADVIMA

Exhumación de tumbas en Tres Cruces y Chitucán, pertenecientes a Rabinal, Baja Verapaz, junio de 2004.© ADVIMA

y más de un millón más habían cruzado la frontera para que no les fuera arrebatada la vida.

En aquellos días visité lugares instalados sobre cementerios clandestinos y fosas comunes llenas de cadáveres sin identificar. La mayor parte de las personas asesinadas y enterradas eran indígenas. Ustedes probablemente no conocen Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, pero solo en dos años -1994 y 1995- se denunciaron en ese lugar 27 cementerios clandestinos. Allí entrevisté a muchas mujeres indígenas. Según las creencias mayas, el espíritu insepulto de una persona muerta permanece suspendido entre el mundo de los vivos y el de los muertos y puede, incluso, deambular enojado por la Tierra, buscando venganza contra la comunidad y los familiares responsables de su falta de sepultura.

¿Se imaginan la pesadilla de miles de hombres y mujeres indígenas al comprobar como sus seres queridos eran arrojados a fosas clandestinas sin identificación?. Allí, en Rabinal, también escuché una emocionante definición de justicia por parte de una mujer a la que entrevisté; “quiero que el asesino de mi marido tenga tanto miedo que no pueda sonreírme cuando nos encontremos por la vereda de casa”.

Durante años, en Guatemala, nadie pagó por este horror cotidiano que, a diferencia de la mayoría de muchos otros países de América, no terminó completamente con la llegada de la democracia el 14 de enero de 1986. Sin alcanzar las proporciones de las décadas anteriores, las fuerzas de de seguridad siguieron cometiendo durante años gravísimos abusos que infligieron a amplios sectores de la población.
Efraín Rios Montt, flanqueado por el General Horacio Egberto Maldonado y el Coronel Francisco Luis Gordillo, en su primera conferencia de prensa tras el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, Palacio Nacional, Guatemala ciudad.© Jean-Marie Simon

Efraín Rios Montt, flanqueado por el General Horacio Egberto Maldonado y el Coronel Francisco Luis Gordillo, en su primera conferencia de prensa tras el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982, Palacio Nacional, Guatemala ciudad.© Jean-Marie Simon


Sin embargo, desde hace un tiempo y muy lentamente, algunas grietas se abren en el paraíso de la impunidad. Hace unos días, el ideólogo y ejecutor de la estrategia del terror, el entonces Presidente y jefe del Ejército, el “rey” de aquel lugar y hoy apacible abuelito de 85 años, Efrain Ríos Montt, vio como un juez de Guatemala decidía someterlo a juicio junto a su ex director de los servicios de inteligencia militar, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, por el asesinato de casi 2000 personas en los 80.

Recuerdo testimonios impactantes de aquello tiempos, como el de una mujer sobre su marido, secuestrado y asesinado en Cuilapa, Santa Rosa, en 1981, al identificar el cadáver: "Le habían sacado la lengua, tenía vendados con venda ancha o esparadrapo los ojos, y tenía hoyos por todos lados, en las costillas, como que tenía quebrado un brazo. Lo dejaron irreconocible; sólo porque yo conviví muchos años con él, y yo le sabía de algunas cicatrices supe que era él. Y también llevaba una foto reciente de cuerpo entero y le dije yo al médico forense que él era mi esposo. Entonces ‘sí’, me dijo, ‘él es su esposo; sí, se lo puede llevar".

Hoy he pensado, con esperanza, que quizá está mas cerca el día en que Guatemala deje de ser un buen lugar para cometer asesinatos.

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Davos y el panorama general

Imagen de la reunión de Davos, enero de 2012 © World Economic Forum

Países como China, que ha experimentado el mayor crecimiento económico, están observando una escalada de la desigualdad de riqueza. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha comprobado que en los países más ricos la renta media del 10 por ciento de la población con más recursos es nueve veces superior a la del 10 por ciento más pobre, lo que implica que en 25 años se ha septuplicado. Hay pocos países que no sigan esta tendencia.

Mientras millones de personas se enfrentan a una subida de costes y recortes en gasto social, las informaciones que han puesto al descubierto cómo las grandes fortunas y las grandes empresas han podido proteger su riqueza, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de escasez, han dado lugar a protestas y reclamaciones para que se lleven a cabo cambios en la legislación.

Pero, ¿es un asunto que afecta a los derechos humanos? Yo digo que sí.

El colectivo de activistas de derechos humanos lleva mucho tiempo haciendo frente a la desigualdad basada en la identidad o el estatus social de las personas —la desigualdad de género, la desigualdad de trato por motivos de raza, religión u otros—.

Existe, además, una cuestión más general. Si eres mujer, perteneces a un grupo étnico marginado, provienes de una región abandonada del país, la probabilidad de que seas pobre es mucho mayor.  Si te encuentras en la base de la pirámide social, es probable que te encuentres también en la base de la pirámide económica.  Los derechos civiles y políticos no se pueden separar de los derechos económicos y sociales.

Para que quede claro: no existe el derecho humano a la igualdad de riqueza, ni nunca existirá.

Sin embargo, el derecho de los derechos humanos exige que toda persona tenga derecho a un nivel de vida adecuado, en el que se incluye alimentación, agua y vivienda adecuadas. Niños y niñas tienen derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a acceder a atención médica básica y de urgencia. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley, en la que se incluyen sistemas de aplicación de la legislación que funcionen eficazmente. Y los gobiernos deben trabajar para mejorar el acceso a todos estos bienes y servicios que son fundamentales para el pleno disfrute de los derechos humanos. También son responsables de su calidad.

El derecho internacional no exige a los gobiernos que proporcionen todos los bienes y servicios necesarios para la realización de los derechos humanos —pero son responsables de garantizar que existe el marco que permite a las personas hacer efectivos sus derechos—.

Al analizar estas cuestiones, hemos tendido a centrarnos en cómo emplean los gobiernos los recursos de que disponen.

Pero es necesario que analicemos además las bases estructurales de la desigualdad mundial creciente —entre las que se incluyen el desvío de recursos que se deben utilizar para el bien público—.

En Grecia el estallido de indignación se produjo cuando se supo que el ministro de Economía estaba al tanto de que ciudadanos griegos ricos tenían dinero oculto en cuentas de bancos suizos para evadir el pago de impuestos y no tomó ninguna medida. En Reino Unido se ha sabido que las empresas multinacionales apenas pagan impuestos o no pagan en absoluto. En ambos casos, lo que exacerbó la indignación popular fue el hecho de que los gobiernos estén recortando drásticamente el gasto social y un gran número de personas se haya visto abocado a la pobreza.

Estas revelaciones no implican necesariamente conductas ilegales. La corrupción descarada y el robo de dinero público es una vieja historia, que se representa en muchos países en los que enormes riquezas naturales coexisten con la miseria más absoluta.

Pero ahora comprobamos que las élites políticas corruptas que han saqueado los recursos de muchas regiones utilizan muchas de esas mismas estructuras económicas para trasferir y ocultar las riquezas obtenidas de manera ilegal, como herméticos paraísos fiscales y estructuras de empresas multinacionales para jugar a “ocultar los beneficios”.

Vivimos en un mundo en que los multimillonarios pueden no pagar impuestos y al mismo tiempo beneficiarse ampliamente de residir en un país, en el que empresas sin ética pueden estafar a países ricos en recursos y despojarlos de sus riquezas naturales legalmente, y en el que las élites corruptas pueden ocultar su dinero en paraísos fiscales después incluso de que sus delitos hayan salido a la luz.

Luchar contra la pobreza y la desigualdad es un desafío complejo. No existen remedios milagrosos. Pero cuando los gobiernos se esfuerzan por cuadrar los presupuestos, quienes más sufren son quienes más necesitan de los servicios sociales y las redes de protección.

Al examinar la creciente desigualdad en el mundo, se deben poner al descubierto y examinar las bases estructurales.

Necesitamos tanto mayor transparencia como una cooperación internacional más efectiva si de verdad vamos a abordar las consecuencias de la creciente desigualdad de riqueza.

Con una mayor transparencia se podrán abordar por fin muchas de las peores prácticas. Y los derechos humanos se beneficiarán enormemente.

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