Seis meses de muerte y destrucción de Gaza: la quiebra moral del orden internacional

Así, siguiendo la denominada “Doctrina Netanyahu”, relanzada de nuevo bajo el paraguas de la Administración Trump 2016-2020 tras décadas de estancamiento, Israel firmó acuerdos de paz con potencias árabes que hasta entonces no habían querido mantener relaciones diplomáticas, precisamente por la cuestión palestina. El olvido progresivo de la causa palestina a nivel regional e internacional, unido, entre otros, al sistema de apartheid impuesto por Israel a todas las personas palestinas, tuvieron una catastrófica consecuencia.

El 7 de octubre de 2023, una operación sin precedentes de combatientes de Hamás causó la muerte de más de 1.200 personas, el secuestro de más de 200 rehenes y heridas a otras miles, además de crímenes de guerra contra civiles israelíes que incluyeron violencia sexual, ejecuciones sumarias, mutilaciones y secuestros.

Este es el capítulo más letal y sangriento de una historia en la que tenemos que remontarnos a 1947, con la puesta en marcha del Plan Dalet de conquista israelí de los territorios palestinos y el consiguiente sistema de apartheid, hasta llegar a las mismísimas puertas de un posible genocidio en 2024.

Toda una enciclopedia de vulneraciones del derecho internacional y crímenes de guerra

En el marco de la bautizada como Operación Espadas de Hierro, seis meses después de los ataques del 7 de octubre y el anuncio del estado de guerra por parte de Netanyahu, la ofensiva israelí ha matado al menos a 32.600 personas palestinas, entre las cuales hay más de 8.800 mujeres, 13.230 menores de edad, 340 trabajadores sanitarios y 132 periodistas. La segunda ofensiva más letal de Israel sobre Gaza se produjo en 2014, con al menos 2.251 personas palestinas muertas en 50 días.

No obstante, estas cifras no incluyen las personas desaparecidas entre los escombros, que se estiman cercanas a las 10.000. Tampoco las fallecidas, cuyos cuerpos nunca se llevaron a los hospitales. Al menos 175 trabajadores de Naciones Unidas han muerto, junto con personal de otras organizaciones humanitarias, que a día de hoy siguen sufriendo ataques y que elevan a casi 200 la cifra de trabajadores humanitarios totales muertos. Al menos 75.000 personas han resultado heridas y los bombardeos han destruido más del 70% viviendas de Gaza, sobre todo en el norte, que se ha convertido en prácticamente inhabitable. Solo en los primeros cuatro meses de las operaciones israelíes, murieron más niños y niñas, más periodistas, más personal médico y más trabajadores de la ONU que en cualquier otro lugar del mundo durante un conflicto.

Todo esto en seis meses. Aun cuando cada guerra es diferente, la comparación de las cifras es interesante de cara a construir un mapa mental sobre el alcance de la intensidad de un conflicto: en los dos primeros años de la invasión rusa de Ucrania, han muerto al menos 10.675 personas, de las que al menos 3.124 son mujeres, y al menos 561 niños y niñas. Han resultado heridas, al menos, 20.080 personas.

El objetivo de Israel, el presentado como oficial, es la destrucción completa de Hamás, amparándose en el derecho a defenderse. Pero este derecho que Israel puede y debe ejercer, viene acompañado de una burbuja de impunidad desde hace décadas. La propia Corte Internacional de Justicia, en 2004, reconoció que Israel no podía invocar ese derecho frente a amenazas a su seguridad procedentes de unos territorios que controla y que no se pueden imputar a otro Estado. Israel sí puede y debe garantizar su seguridad, pero ejerciendo un cumplimiento escrupuloso de los principios de proporcionalidad, humanidad y distinción, elementos básicos del Derecho Internacional Humanitario. Las operaciones de Israel en Gaza en estos últimos meses han tenido de todo menos humanidad, proporcionalidad y distinción.

Desplazamientos forzados y castigos colectivos

Antes del 7 de octubre, más del 80% de la población gazatí ya vivía bajo el umbral de la pobreza, casi la mitad de los hogares sufrían inseguridad alimentaria grave y casi el 96% del agua del acuífero de Gaza estaba contaminada. Antes de la Operación israelí, la Franja necesitaba, según datos de Naciones Unidas, 500 camiones de ayuda humanitaria diaria exterior para alimentarse, beber agua, encender la luz o tratar a los pacientes en los hospitales.

En este contexto, junto con toda un serie de bombardeos indiscriminados en el norte de la Franja, atacando edificios enteros de viviendas, Israel impuso un bloqueo de electricidad, agua y combustible en la Gaza, así como de ayuda humanitaria (vigente hasta la actualidad) lo cual ha agravado una situación humanitaria que ya era catastrófica. La falta de agua ha forzado a que hoy tres de cada cuatro gazatíes beban agua contaminada, con los consiguientes problemas de salubridad que ello conlleva. Esto se une a los cortes de electricidad y bloqueo de combustible que diezmaron enormemente la operatividad de unos hospitales ya de por sí completamente sobrepasados. Todo ello es un círculo vicioso terrible que es constitutivo de un castigo colectivo a la población gazatí. Al poco de comenzar la ofensiva, Israel también incluyó campos de refugiados palestinos entre sus objetivos, así como escuelas y edificios de Naciones Unidas. Ni siquiera los hospitales se libraron de los ataques, sufriendo bombardeos en las inmediaciones para una posterior incursión terrestre terrorífica.

Sin cesar los ataques indiscriminados en el norte de Gaza, Israel dio un paso más en su estrategia de escalofriante indiferencia hacia la catástrofe, ordenando a la población del norte de la Franja abandonar tanto los hospitales como sus hogares. Y la orden de evacuación no quedó ahí. Además de utilizarla como argumento de que intentaban proteger el mayor número de vidas civiles posible, al “avisar” de que la zona norte iba a ser bombardeada, Israel definió supuestas rutas seguras hacia el sur de la Franja, donde Israel decretó también una zona supuestamente segura en Rafah. Tanto las rutas como las zonas supuestamente seguras fueron igualmente bombardeadas.

Todo lo relatado hasta ahora sucedió ni siquiera en el plazo de un mes, en un claro ejemplo desprecio por la vida de las personas palestinas.

La Franja de Gaza cuenta con una población de alrededor de 2,2 millones de habitantes repartidos en una extensión de 360 km², con un largo de 40 km y un ancho de 12 km. Para hacernos una idea, la superficie de la Franja es algo inferior a la extensión de la ciudad de Málaga. El norte de Gaza, devastado por los incesantes bombardeos y operaciones terrestres de las fuerzas israelíes, es el equivalente a la ciudad de Valencia. Antes del 7 de octubre, la densidad de población de la Franja era casi el doble que la de ciudades como Madrid o Barcelona, representando uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Hoy, como consecuencia del desplazamiento forzoso, las personas gazatíes se encuentran completamente hacinadas en el sur en una situación deplorable e insostenible, con menos de dos metros de espacio para cada persona y con baño para cada 600, como mínimo.

Los ataques ilegítimos y los crímenes de guerra continúan hoy día: detenciones arbitrarias y casos de tortura a las personas palestinas detenidas, incluyendo desapariciones forzadas; ataques a periodistas, y apagones que dificultan enormemente las labores sanitarias, las comunicaciones y la documentación de las vulneraciones de derechos humanos. En el cuarto mes de conflicto ya se hacía imposible no hablar de un riesgo real de genocidio y a día de hoy se habla con cada vez mayor seguridad de que el hambre y el agua están siendo utilizados como arma de guerra, ante el constante bloqueo israelí de la llegada de ayuda humanitaria por tierra. Desde febrero, Israel está amenazando con realizar una incursión militar terrestre sobre Rafah. Con todo, la realidad es ineludible: no hay refugio seguro en Gaza frente Israel.

Todo esto sin olvidarnos de Cisjordania, donde la violencia por parte tanto de las autoridades como de colonos israelíes, ha alcanzado niveles devastadores, con centenares de víctimas.

La ayuda humanitaria, una víctima más

Es completamente descorazonador presenciar cómo un solo país, con el apoyo, por ejemplo de los Estados Unidos, es capaz de poner en jaque a la comunidad internacional y demostrar su nula voluntad política, eludiendo sus responsabilidades en relación a la ayuda humanitaria tras lanzamientos aéreos que rozan lo esperpéntico e intentos para abrir un corredor marítimo de ayuda en lugar de ejercer una presión política efectiva para poner fin a los bombardeos y facilitar la llegada de ayuda humanitaria por tierra.

Pero incluso las escasas entradas de camiones con ayuda humanitaria en Gaza son una amenaza, como lo demuestra el terrible episodio de la masacre de la harina de finales de febrero y principios de marzo. Un episodio en el que, intentando llegar en estampida a los camiones de ayuda humanitaria, más de cien personas palestinas perdieron la vida y 760 resultaron heridas como consecuencia de atropellos y disparos israelíes. Hasta este punto llega la desesperación de los gazatíes.

El genocidio del pueblo palestino: un riesgo muy real

El 26 de enero de 2024, a raíz de una denuncia presentada por Sudáfrica, la CIJ reconoció que existía un riesgo de genocidio ordenando una serie de medidas cautelares a Israel de obligado cumplimiento, antes de proceder a realizar más investigaciones para determinar si efectivamente existe genocidio en Gaza. Si bien es cierto que no ordenó un alto el fuego (técnicamente no podía al tratarse de un contexto de conflicto armado entre Israel y Hamás y, al dirigirse únicamente a los Estados, la CIJ solo podría ordenar un alto el fuego a una de las partes en el conflicto), ninguna de esas medidas cautelares puede verdaderamente materializarse si Israel no decreta un alto el fuego permanente.

El mismo viernes 26 de enero, Israel acusaba a la UNRWA de mantener importantes vinculaciones con Hamás (sin aportar pruebas fundadas) en un episodio más de décadas de campaña contra Naciones Unidas. Varios países occidentales decidieron suspender su financiación a la agencia, cuando su labor era absolutamente indispensable antes incluso del 7 de octubre, al tiempo que ofrecían cobertura diplomática a Israel o continuaban suministrándole armamento (algo que, ante el riesgo establecido por la CIJ, puede ser constitutivo de complicidad con el genocidio). Toda la normativa y autoridades internacionales, ante un caso de violaciones graves y masivas de derechos humanos como son las que están sucediendo en Gaza, apuntan a un embargo total e inmediato de armas a Israel.

Lejos de mejorar, la situación en Gaza se ha agravado todavía más como consecuencia de un incumplimiento flagrante e intolerable de Israel de las medidas que se le ordenaron, hasta el punto de que la CIJ ha tenido que emitir nuevas medidas cautelares por considerar que las decretadas en enero son ya insuficientes, exigiendo también la llegada de ayuda humanitaria a gran escala y sin trabas ante la propagación de la hambruna.

Como afirmó la Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, el pasado 27 de marzo en la presentación de su informe “Anatomía de un Genocidio”, enumerar todas y cada una de las vulneraciones del derecho internacional cometidas por Israel solo desde el 7 de octubre de 2023 daría lugar a toda una enciclopedia. Y sí la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es seria a la hora de investigar lo que ha hecho Israel en Gaza, solo desde el 7 de octubre, estará ocupada durante décadas.

Inmovilismo y letargo internacional

Las décadas que precedieron a la II Guerra Mundial parecieron demostrar que lo imposible era posible: poner a todo un mundo de acuerdo para la codificación de los derechos humanos en un corpus legislativo internacional que generase obligaciones vinculantes para todos los Estados. En construir un orden internacional basado en normas que, si bien estuvo a punto de desmoronarse durante la Guerra Fría, permitió un sistema multilateral de seguridad colectiva cuyo principal objetivo es, en teoría, la promoción y el mantenimiento de la paz a nivel mundial. Parecía que lo más difícil ya se había conseguido.

Pero el apartheid israelí contra la población palestina y el serio riesgo de genocidio en Gaza demuestran que no, que lo más difícil es la aplicación de la legalidad internacional. Que el principal problema del mundo no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad política necesaria para su aplicación, como afirmó Antonio Guterres.

La Unión Europea, que tiene entre sus objetivos contribuir a la paz y la seguridad en el mundo, así como un estricto respeto del derecho internacional, no ha sido capaz de ir más allá de acuerdos de mínimos en forma de pausas humanitarias y nunca a favor de un alto el fuego permanente, a pesar de diferentes intentos y como se lleva reclamando desde octubre. Si bien han habido unos pocos líderes nacionales y autoridades que se han mostrado manifiestamente críticos con las vulneraciones del derecho internacional de Israel, otros muchos se han puesto de perfil, cuando no directamente han votado en contra de cualquier decisión que no se alinease con los intereses israelíes.

Lo más lejos que ha sido capaz la UE de llegar ha sido el 22 de marzo, en unas conclusiones del Consejo Europeo en las que “pide una pausa humanitaria inmediata que dé pie a un alto el fuego duradero, a la liberación incondicional de todos los rehenes y a la prestación de ayuda humanitaria”. Si bien en términos diplomáticos estas conclusiones son importantes al introducir, por primera vez, el alto el fuego en el discurso oficial de los 27, aunque solo sea como horizonte, llegan exageradamente tarde y son claramente insuficientes ante la catástrofe humanitaria sin precedentes. Solo para estas conclusiones han sido necesarias más de 32.000 muertes en seis meses.

Si la UE está prácticamente paralizada por la unanimidad requerida de los 27 en asuntos de política exterior, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el máximo responsable de la paz y seguridad mundiales, lo está por el poder de veto de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. De las más de 80 veces que se ha usado el poder de veto, en más de la mitad de las ocasiones ha sido empleado por Estados Unidos en resoluciones que, por ejemplo, condenaban a Israel por sus asentamientos ilegales en Palestina o que pedían un alto el fuego en Gaza. Por su parte, Israel no ha cumplido ni el 1% de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de las últimas décadas que le han interpelado.

A lo largo de estos seis meses se han sucedido numerosas resoluciones fallidas de Naciones Unidas por el veto de Estados Unidos, pero también por los votos en contra de China o Rusia, especialmente en resoluciones que pedían un alto el fuego y demostrando un desprecio cruel por el sufrimiento de la población civil. Solo han salido adelante Resoluciones relativas a pausas humanitarias temporales, con la abstención de Estados Unidos, que, al igual que en el caso de la UE, son acuerdos de mínimos.

El 25 de marzo, por primera vez desde que estalló la crisis, el Consejo de Seguridad aprobó una Resolución en la que exige un alto el fuego inmediato…para el mes de Ramadán, que termina el martes 9 de abril. Tras la aprobación de la Resolución, que salió adelante una vez más la abstención de Estados Unidos, Netanyahu canceló la visita de dos de sus asesores a Washington esa misma semana porque, según la oficina del primer ministro israelí, no incluye la condición de liberar a los secuestrados, lo cual es falso. En una maniobra diplomática esperpéntica, el propio Estados Unidos, ese mismo día 25 de marzo, afirmó que la Resolución del Consejo de Seguridad “no es vinculante”. Otro claro ejemplo de cómo se está vaciando de contenido al derecho internacional hasta convertirlo en un menú a la carta.

Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Unión Europea hubieran cumplido verdaderamente con su mandato y sus objetivos y hubiesen estado a la altura de la voluntad política que la situación exige, buena parte de la tragedia de los últimos meses se podría haber evitado. Cómo debe de ser la situación del Consejo de Seguridad que hasta el propio Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado que es “víctima de las enormes divisiones geopolíticas que existen en el mundo”. Y como de seguro debe estar Israel de su burbuja de impunidad que incluso se puede permitir el lujo de anunciar la confiscación ilegal de tierras palestinas sin ningún tipo de repercusión relevante (y no es la primera vez que realiza un anuncio así).

Durante estos seis meses, también hemos tenido que presenciar una bochornosa persecución y restricciones a las muestras de apoyo al pueblo palestino en diferentes países, europeos incluidos. Se trata de una estrategia completamente contraproducente. Porque la sociedad civil ha demostrado a lo largo de los años, en muchísimos países y contextos, que cuanto mayor sea la mordaza, mayor será el grito. Que cuanto mayor sea el silenciamiento, mayor será el altavoz. Que cuanto mayor sea el olvido, mayor será la memoria. Y que cuanto mayor sea la injusticia, mayor será la movilización.