Un drama absurdo, que pronto ha quedado olvidado, ante la precipitación que ha provocado la situación en Lampedusa en las últimas horas: más de 5.000 personas llegadas en dos días, más de un centenar de desembarcos, en parte coordinados por la Guardia Costera, en parte autónomos. Miles de personas están llegando a la isla. La mayoría proceden de países subsaharianos, muchos son menores, y parten de Libia -ahora sacudida por el ciclón Daniel- y, sobre todo, de Túnez.
Las numerosas personas que han desembarcado en Lampedusa en las últimas horas se enfrentan a la insuficiente intervención del Estado italiano. El personal -personal médico, mediadores- es escaso en comparación con las necesidades, por lo que quienes llegan, tras haber viajado en embarcaciones improvisadas y en condiciones muy críticas, se ven obligados a esperar incluso varias horas al sol para recibir una primera asistencia y ser trasladados, en autobuses de la Cruz Roja, al hotspot de Contrada Imbriacola. La gestión de la situación en el muelle de Favarolo se confía a las fuerzas del orden: la Guardia di Finanza efectúa algunas cargas contra un grupo de migrantes. Imágenes que nunca quisimos ver.
Mientras tanto, el centro de primera acogida se ha colapsado: es de una capacidad de 400 personas, y hay más de 6.000. Para intentar tapar la situación, se están organizando traslados, incluso en barcos militares, a otras regiones italianas.
Los acuerdos con Libia y Túnez son crueles, caros e ineficaces
Tanto Libia como Túnez han llegado a acuerdos con Europa centrados precisamente en los flujos migratorios. En 2017, Italia y Libia firmaron el “Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en el ámbito del desarrollo, la lucha contra la inmigración ilegal, la trata de seres humanos, el contrabando y el refuerzo de la seguridad fronteriza”: de hecho, desde hace seis años Italia y la Unión Europea dan dinero, medios y formación a la llamada Guardia Costera libia, que a cambio intercepta a los migrantes y los devuelve donde sus derechos son constantemente violados entre torturas, violencia, violaciones.
En julio de 2023, la Unión Europea firmó un acuerdo similar con el Túnez de Kais Saied, que desde principios de año ha endurecido la represión contra cualquier oposición política y ha incitado a la discriminación de los migrantes.Desde hace meses, en Túnez los negros son objeto de violencia, agresiones, desalojos sumarios, detenciones arbitrarias y deportaciones al desierto.La ruta mediterránea es cada vez más mortal
Siguen las muertes en el mar
La tripulación del buque Nadir de la ONG alemana Resqship recoge los testimonios de un grupo de náufragos rescatados en la ruta entre Sfax y Lampedusa, según los cuales al menos 40 personas se hundieron ante sus ojos junto con la barcaza de hierro en la que viajaban. A pesar del fuerte aumento de las salidas, sigue faltando una operación europea coordinada de búsqueda y salvamento, mientras que la intervención de las ONG continúa obstaculizada.
El cínico ataque del gobierno a las ONG
El gobierno italiano persiste en su ataque a las ONG que llevan a cabo operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). Recientemente, el buque Mare Jonio de la ONG Mediterranea Saving Humans, el único de la flota de salvamento civil que enarbola pabellón italiano, fue detenido y sometido a una inspección de más de una semana, que concluyó con la orden de “retirar del buque antes de la salida los equipos y suministros embarcados a bordo para la realización del servicio de salvamento”.
Una “orden escandalosa e inaceptable, así como la amenaza de consecuencias penales para nuestros armadores”, comentó Mediterránea, impugnando la medida. Según la ONG, el buque está de hecho reconocido como equipado para la actividad SAR, y por esta razón ha sido certificado por el Registro Naval italiano, sin embargo: “no cumpliría los criterios de dos circulares emitidas en diciembre de 2021 y febrero de 2022, que requieren características técnicas particulares del casco”.
Una afirmación absurda en sí misma“, señaló Mediterranea, añadiendo que ”el gobierno italiano querría convertir esto en la norma para todas las banderas europeas, con el fin de poner trabas a toda la flota civil“.
La deriva moral de Europa
Mientras tanto, desde Europa llegan señales contrarias a la perspectiva de un compromiso común guiado por el principio de responsabilidad compartida. Alemania ha bloqueado el procedimiento de selección de inmigrantes procedentes de Italia. Se trata del llamado “mecanismo de solidaridad”, totalmente voluntario e insuficiente, por el que los países europeos deciden si permiten el traslado de migrantes a sus territorios. La postura alemana respondería a la decisión de Italia, el pasado diciembre, de suspender el mecanismo vinculado al reglamento de Dublín, dejando de aceptar a los migrantes que se trasladan a Alemania a pesar de haber entrado en territorio de la UE por Italia, y cuya solicitud en virtud del reglamento de Dublín debe ser examinada por las autoridades italianas. Francia también anunció su intención de llevar a cabo controles más estrictos en la zona entre Menton y Ventimiglia: una zona en la que la frontera lleva años cerrada y militarizada para los migrantes.
También a la luz de las posiciones de Berlín y París, el debate sobre el Pacto Europeo sobre Migración, previsto para el próximo 28 de septiembre, promete ser aún más difícil.
En el texto, ya presentado en forma de borrador a principios de junio, la única sinergia entre los países miembros es sobre la reducción de las normas de protección de las personas que llegan. De hecho, prevé la institución de procedimientos destinados a causar sufrimiento, como la detención, incluso durante meses, en centros cerrados a lo largo de las fronteras, y la posibilidad de rechazar a las personas en busca de salvación hacia países considerados seguros.
Frente a la necesidad de repensar las políticas migratorias con vistas a garantizar a las personas y respetar el principio de responsabilidad compartida, el Pacto Europeo corre el riesgo, por el contrario, de crear una mayor división entre los países de las fronteras exteriores de la Unión y los países del interior, y se aleja cada vez más del concepto de solidaridad y de protección de los derechos.
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