Los últimos datos presentados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a los lanzamientos (desahucios) producidos en el 2º trimestre de 2018, no hacen más que confirmar nuestras afirmaciones de que la crisis, lejos de superarse, aún no ha terminado, sobre todo para los sectores populares con menos recursos.
Vemos que en el primer semestre de este año, en Andalucía se han producido 5.250 desahucios, una media de 29 diarios, de los que 15 son por impago de alquiler. Se confirma la consolidación del cambio iniciado meses anteriores, por el cual los lanzamientos provocados mayoritariamente por el incumplimiento en el pago de los alquileres (2.772) superan en un 12% a las ejecuciones producidas por impago de las hipotecas (2.478).
En esto, mucho tiene que ver la situación en que se encuentra sumida Andalucía, con indicadores socio-económicos muy desfavorables para su población: más de 800.000 personas, el 23,09%, en paro, el 37,3% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, en el pelotón de cola con 23.000 € de renta por familia, donde se encuentran 10 de los 15 barrios más pobres de España, etc.
Desde el año 2012 venimos denunciando que nos encontramos en una situación de Emergencia Habitacional que exige de las autoridades una actuación enérgica e inmediata y la única respuesta que encontramos es mera propaganda. Hoy, en nuestras ciudades, se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas.
Las medidas paliativas anunciadas y aplicadas se parecen más a anuncios propagandísticos que tienden a construir un relato aceptable que oculte la dramática situación, con muchos programas y recursos sociales progresivamente desmantelados ̶ como denuncian los trabajadores de los Servicios Sociales, que han ido a la huelga en Sevilla el pasado jueves 18 ̶ , con la insuficiente Renta Mínima de Inserción andaluza, que llega a muy pocas familias y aún sin hacerse efectiva, con las ayudas para el alquiler del año 2017 sin desembolsar, con un IPREM congelado que minimiza el importe de las ayudas sociales ̶ cada vez más inaccesibles ̶ , etc.
Al mismo tiempo que no se garantiza el Derecho al uso de la Vivienda, se va abriendo paso y consolidando, de forma alarmante, los movimientos especulativos de la turistificación y la indeseable gentrificación urbana. Las clases pudientes con mayor poder adquisitivo colonizan barrios desplazando a sus habitantes tradicionales a zonas periféricas. Amén de convertir algunas zonas de la ciudad en postales sin vida propia, provocan un continuo encarecimiento del precio de la vivienda y por tanto del alquiler. Un efecto acentuado por el incremento de las viviendas destinadas al mercado turístico, cifradas en zonas céntricas de algunas ciudades en el 20%. Además, continúa estando deshabitado un importante número de viviendas detentadas especulativamente por bancos, fondos de inversión y otros grandes tenedores.
Desde APDHA venimos reclamando la necesidad de incrementar el parque público de viviendas en alquiler social, ya que el existente es poco significativo. La suma de las viviendas de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) y las de propiedad municipal no llega al 3% del total de viviendas de nuestra comunidad y están mayoritariamente alquiladas. Salvo algunos lotes en manos municipales, retenidas para su puesta a la venta o alquiler en condiciones similares a las del mercado, no existe parque público disponible en alquiler social, con lo que su capacidad de incidir en los precios es nula. Mientras tanto, decenas de miles de familias se apuntan a los registros demandantes de viviendas municipales y de Andalucía y las solicitan en sus Servicios Sociales, año tras año sin encontrar solución alguna a sus necesidades.
Con este panorama, es vergonzante que AVRA y algunos ayuntamientos se comporten como un casero más: desahucian por impago recurriendo a la vía judicial, sin aportar ninguna alternativa habitacional real (en algunos casos ofrecen una pensión durante unas semanas o que la familia alquile, pagando ese alquiler la Administración los primeros meses; y después… la nada).
Carecer de vivienda no es sólo carecer de techo. Es también carecer de un hábitat estable donde desarrollar la vida personal y familiar con equilibrio, con lo que esto supone para la salud física y mental. Es, en definitiva, carecer de las mínimas condiciones para una vida digna. El disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho reconocido como tal en el artículo 47 de la Constitución española.
Lamentablemente, a corto plazo no se vislumbra que el Estado vaya a aportar ninguna solución que ataque de lleno el eje del problema: la utilización de la vivienda como bien de cambio especulativo, no como un bien de uso para el que fue concebido. Seguimos reivindicando la vivienda como un derecho humano y no como un negocio.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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