La lista de espera de la dependencia ha vuelto a crecer en España y Andalucía figura entre las comunidades más afectadas. Un total de 51.547 andaluces permanecen a la espera de valoración o de recibir la prestación a la que tienen derecho hasta el 1 de octubre, según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
En el conjunto del país, la lista asciende ya a 284.020 personas dependientes, tras sumar 13.695 nuevos casos los primeros nueve meses del año. Andalucía concentra el 18% de esa lista, solo por detrás de Cataluña (que acumula casi el 29% con 81.894 personas pendientes).
Durante ese periodo de espera, 5.292 personas han fallecido en la comunidad andaluza sin llegar a recibir la ayuda, bien porque no habían sido valoradas o porque, aun teniéndola reconocida, no se les había concedido la prestación. Cifra que equivale a un 21,1% del total de los fallecidos en España en situación de espera (25.060 en total).
El informe también refleja un aumento del tiempo medio de tramitación, que en Andalucía ronda los 500 días, frente a los 349 de media nacional, lo que sitúa a la comunidad entre las que acumulan más retrasos junto a Murcia y Canarias. A tenor de estos datos, la asociación ha advertido de un “cambio de tendencia” por primera vez en diez años al pasar de una reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo que va de año. Todo ello en un momento de crisis en el sistema andaluz de atención a la dependencia, que ha encadenado en los últimos meses ceses, dimisiones y protestas laborales.
A finales de julio, la Junta cesó al hasta entonces director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, tras dos años y medio en el cargo. Desde entonces, el viceconsejero José Repiso ejerce en funciones la dirección de un organismo que gestiona uno de los servicios más tensionados de la administración autonómica: una agencia pública que arrastra más días de espera que en ninguna otra parte del país y casi más bajas que altas con el nuevo modelo que la Junta implantó el ejercicio pasado.
La crisis interna estalló tras un año de funcionamiento del nuevo modelo de gestión implantado por el Gobierno andaluz en marzo de 2024, mediante el decreto de simplificación administrativa que cambió 176 leyes de una tacada. La Junta defendió entonces que el cambio permitiría “mejorar” y “agilizar” el acceso a las prestaciones. Sin embargo, el modelo ha sido criticado tanto por los usuarios como por los propios trabajadores de la administración andaluza.
En los últimos meses, el conflicto se ha traducido en huelgas del servicio de la dependencia en Sevilla y dimisiones, como la del responsable del servicio en Sevilla, que presentó su renuncia en abril en un contexto de protestas por las condiciones laborales y el colapso del sistema. Las jefas de Servicio de Valoración de la Dependencia de Córdoba y Granada también fueron cesadas el verano pasado, en plena controversia por la aplicación del nuevo procedimiento y ante “las barbaridades que se están implementando desde la dirección gerencia con el procedimiento de simplificación, y sin contar con la opinión de nadie”, según criticó entonces CCOO.
El Gobierno andaluz, por su parte, achaca los retrasos al “agravio” del Estado en la financiación de la dependencia, una reclamación que la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha defendido reiteradamente en el Parlamento. Sin embargo, los datos oficiales reflejan que Andalucía es la comunidad más financiada del país: en 2023 recibió el 37,7% de los fondos nacionales, casi diez puntos por encima de la media y muy por encima del 16% destinado al País Vasco.
Pese a que la Junta sostiene que el nuevo modelo “está funcionando” y presume de “récord de prestaciones y beneficiarios”, los datos del Observatorio y la situación sobre el terreno dibujan un escenario muy distinto: más de 51.000 personas siguen esperando una ayuda y más de 5.000 han muerto esperando recibirla.
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