Las muertes de personas migrantes en la Frontera Sur se cuadriplicaron en 2018
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado este jueves “las políticas criminales del Estado español que han causado que las personas muertas o desaparecidas durante el año pasado se multipliquen por cuatro”. Al menos, 1.064 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español, “una cifra horrible” solo superada en 30 años de migración en 2006, con la crisis de los cayucos.
Los datos, presentados en rueda de prensa en Sevilla, se desprenden del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019, que se ha presentado con motivo de la celebración este miércoles del quinto aniversario de la muerte de quince personas, tras la acción de la Guardia Civil, en la playa El Tarajal de Ceuta.
“Es una situación desgarradora, intolerable para cualquier sociedad democrática”, aseguran desde la organización, que considera como únicas soluciones el establecimiento de vías legales y seguras y la reacción de una ciudadanía que no tolere como normal esta barbarie.
La organización informa de que, en 2018, el número de personas que han logrado alcanzar suelo español fue de 64.120, más del doble respecto al año anterior y el número más alto desde que existen registros. De ellas, 57.537 lo han hecho por vía marítima, la gran mayoría a las costas andaluzas, con 51.711 personas.
Una “invasión” del 0,1%
No obstante, explican, las personas llegadas en 2018 “ni siquiera llegarían a completar el aforo del Estadio Santiago Bernabeu. ¿Qué son 64.120 personas para un país de 46 millones de habitantes y cuarta economía de la eurozona? Es una cifra perfectamente gestionable que en nada se parece a una invasión. Tenemos una invasión del 0,1%”, denuncia la APDHA en alusión al infundado discurso que alimentan determinados políticos, “en busca de réditos electorales”.
Además, señala la organización, un porcentaje muy alto de estas personas no llega a residir en España, que constituye solo un país de tránsito hacia otros Estados de la Unión Europea. De hecho, ningún país del África Subsahariana, que aportó el 62% de las llegadas en 2018, figura entre las principales nacionalidades de personas extranjeras residentes en el Estado español, según los últimos datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
La asociación ha analizado las causas que han provocado el incremento de los flujos hacia España, radicadas en el cierre de las rutas del Este y Centro del Mediterráneo, “por los vergonzosos acuerdos de la UE con Libia y Turquía”. Esto ha provocado que en el conjunto de la frontera meridional de Europa se haya producido un descenso del 90% en los flujos migratorios, pasando de 1.015.078 en 2015 a 116.295 en 2018. A ello se suma la grave crisis social, económica y política que atraviesa Marruecos, que provoca la huida de miles de jóvenes.
En cualquier caso, afirma la organización, el incremento se había anunciado por esta asociación en febrero de 2018 y por organismos internacionales, y “era sobradamente conocido”. Por ello, la APDHA considera “aún más inmoral” que el Gobierno no se pusiera los medios para evitar el trato indigno que han recibido miles de migrantes“.
“El caos, la falta de recursos y la improvisación han provocado gravísimas violaciones de derechos humanos en nuestra frontera sur”. Este año, sentencian, ha sido “el año de la decepción”. “A pesar de algunos gestos positivos, el tratamiento deplorable a las personas en los puertos deja en evidencia la falta de un sistema de acogida y la improvisación de un aparato volcado en la detención y expulsión”, señalan en una nota.
Menores atados
Además, la organización constata gravísimas vulneraciones a la infancia migrante, que supone un 11% del total de llegadas. “Hemos llegado a ver a menores atados con bridas, durmiendo en las cubiertas de los barcos, retenidos en instalaciones no acondicionadas, trasladados en furgones de detenidos a altas horas de la madrugada, tratados como mercancía, llegando incluso a solicitar la repatriación sin garantías, incumpliendo la debida protección a la infancia”.
El Gobierno de Sánchez, argumenta la APDHA, “ha continuado una política criminal que provoca miles de muertos en toda la UE y España y cuya falta de respeto a los derechos humanos se materializa en el control y la limitación de Salvamento Marítimo, el proyecto de expulsión de miles de personas en situación irregular o de deportación de la infancia migrante, el bloqueo del barco Open Arms y Aita Mare mientras siguen muriendo decenas o centenares de personas en el Mediterráneo, el desmantelamiento de las concertinas en tanto se encarga su montaje a Marruecos, la cooperación condicionada al blindaje de las fronteras, la continuidad sin vergüenza de las devoluciones en caliente, entre otros, representan otra vuelta de tuerca de las mismas políticas inhumanas que vienen practicando los sucesivos Gobiernos españoles y la propia UE”.
Además, el informe analiza además la situación de las temporeras en la agricultura de la provincia de Huelva, las personas refugiadas y el cambio climático, las recientes estructuras de atención de personas migrantes, el ascenso de la ultraderecha y las nuevas formas de activismo ante el racismo institucional.
