Unas elecciones sindicales claves para que el personal de la Administración General del Estado deje de estar a la cola

Las recientes protestas de policías nacionales y guardias civiles para conseguir la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos puso en evidencia la distancia de derechos laborales entre estos empleados públicos, pero es solo una muestra de la realidad de todos los que dependen de la Administración General del Estado (AGE) si se comparan con el resto. Sus opciones de salir del furgón de cola dependerán en buena medida de la fortaleza de la representación que salga de las elecciones sindicales del 19 de junio.

Con estas, además, se completan los procesos más importantes de renovación de representantes de los trabajadores, por volumen de personal, en los servicios públicos, después de haberse celebrado las de educación, sanidad y personal laboral de la administración de la Junta de Andalucía que tendrán lugar, en este último caso, un día antes. Andalucía es, de hecho, el segundo territorio, después de la Comunidad de Madrid, por la lógica de la centralización, que más delegados elegirá: 196 por parte de los funcionarios y 136 por parte de los laborales.

En este sentido, pese a estar transferidas muchas competencias, en Andalucía hay mucha presencia estatal, con unos 27.000 empleados públicos de la AGE, que se distribuyen, aproximadamente, entre 21.000 funcionarios y 6.000 laborales. Y en este paquete entran servicios públicos que van desde la Seguridad Social a Instituciones Penitenciarias, pasando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Inspección de Trabajo, y un sinfín de organismos peculiares, como el Archivo de Indias de Sevilla, el Instituto Geológico Minero, el Instituto Oceanográfico de Málaga o la Plataforma Solar de Almería.

“El sector soporta una mengua retributiva histórica. Somos los peor pagados, si se compara con cualquier administración local o autonómica. En nuestras espaldas se han leído las políticas de cualquier gobierno en cuanto a recortes”, explica Manuel Jesús Santiago Ganivet, presidente del sector en el CSIF, el sindicato mayoritario.

Para ilustrar hasta qué punto hay diferencia, recuerda el caso de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir (CHG), cuyos sueldos se tuvieron que subir una media de 500 euros cuando pasaron a depender de la Junta de Andalucía, para equipararlos, pero perdieron este beneficio con la vuelta a la AGE decretada por los tribunales.

Pero además, trabajan con plantillas que soportan carencias de personal y de medios materiales. “Esos servicios públicos se mantienen a costa de la voluntariedad de los funcionarios y laborales. Hay dificultades hasta para coger las vacaciones”, continúa, a la vez que recuerda que la ratio personal/ciudadanos está por debajo de la media europea. “Hay mucho asesor y político y poco profesional”, sentencia.

“No ha sido hasta casi el final de este mandato cuando se han dado los primeros y tímidos pasos para la recuperación, del todo insuficiente, de las endémicas pérdidas de poder adquisitivo y otros derechos de los empleados de la AGE, que son sistemáticamente usados como conejillos de indias en las políticas restrictivas de derechos de los gobiernos de turno”, asevera.

Los retos del nuevo mandato

¿Dónde harán, pues, hincapié? Las reivindicaciones y compromisos con los que el CSIF concurre a las elecciones sindicales para revalidarse como fuerza mayoritaria se pueden resumir en el objetivo de recuperar los derechos laborales anteriores a la crisis, para empezar. “Si hemos sido ejemplo de austeridad y profesionalidad, es exigible del Gobierno de la Nación la reposición de estos a sus empleados más castigados”, apuntan desde el sindicato. En este empeño, cinco puntos claves:

El primero, la cuestión retributiva. Los empleados de AGE perciben, de media, un 25% menos que cualquier trabajador de la administración autonómica. Piden por ello un establecimiento de una cláusula de revisión salarial de carácter anual y permanente, una regulación y aumento de las dotaciones de productividad y negociación real de los criterios para su reparto. También, una actualización de dietas, toda vez que a día de hoy, “es imposible comer y dormir dignamente, pues ni las pernoctas en pensiones se puede permitir ya el personal de la AGE en sus desplazamientos por motivos de trabajo o formación”, dicen. Se pretende asimismo recuperar los presupuestos de acción social, llevando estos a la aportación del 5% de la masa salarial de los empleados públicos.

Por otro lado, desde CSIF se insistirá en el desarrollo del estatuto básico del empleado público, con medidas entre las que destacan la evaluación del desempeño y un sistema de retribuciones en consonancia con la excelencia y competencia en el trabajo.

En paralelo, seguirán con la reivindicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, como existe en la Junta de Andalucía, que con su implantación no ha tenido merma en la gestión ni en la prestación de servicios públicos.

Es precisamente una medida con la que creen que se creará empleo público, otro de los problemas más acuciantes y que atribuyen a la nefasta política de los diferentes gobiernos, que no han repuesto a un ritmo necesario todas las bajas de jubilación. Por eso, trabajarán por una oferta pública de empleo potente, y la erradicación de la temporalidad. La renovación de las plantillas, con una media de edad muy elevada, es también una reivindicación de CSIF. Se hace incluso necesario el desarrollo de una normativa que permita la jubilación anticipada y parcial, “que dé paso a la juventud en la AGE”.

Finalmente, no se olvidan de un paquete de medidas de tipo social, que incluye cuestiones de movilidad, igualdad, prevención de riesgos laborales, formación, promoción interna... Todo ello, insisten, “para que sea una administración que dé respuesta eficaz a los problemas de nuestros ciudadanos en el siglo XXI”.