Una testigo declara que las instalaciones de los cursos se “montaban” para pasar la inspección de la Junta de Andalucía

Una testigo ha declarado en la mañana de este martes ante la juez María Núñez Bolaños que las instalaciones de los cursos de formación se “montaban” cuando la Junta de Andalucía realizaba inspecciones para la homologación de los cursos en cuestión, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes han indicado que la magistrada ha tomado declaración como testigo a una mujer que, como licenciada en Derecho, fue profesora de cursos de formación de gestión y de administración, la cual ha precisado que trabajó en la empresa Innova en la localidad de Linares (Jaén) y “ayudó a montar las instalaciones para la homologación” de los cursos.

La testigo ha llegado a declarar que, cuando se iba a llegar a cabo la homologación de los cursos por parte de la Junta, “llegaba una furgoneta con los ordenadores y el material didáctico”, de manera que cuando concluía la inspección por parte de la Junta la furgoneta “se volvía a llevar” todo el material.

De hecho, y como anécdota, ha relatado que, en una ocasión y tras concluir dicha inspección, “se lo llevaron todo y sólo dejaron los mueble de la cocina”.

“CONTRAFACTURA”

Asimismo, ha declarado que en 2010 estuvo dada de alta para el Grupo Prescal, vinculado al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, mientras que en el año 2011 hubo un periodo de aproximadamente un mes en el que “no estuvo dada de alta ni tuvo contrato”, tras lo que la empresa le comunicó que tenía que darse de alta como autónoma.

En este sentido, la testigo ha indicado que debería haber cobrado 49 euros por hora, aunque “realmente” cobraba 26 euros y la empresa le hacía una especie de “contrafactura” donde se incluía el concepto de servicio de coordinación docente, el cual “no existía”, no obstante lo cual ha aseverado que “si quería el trabajo, tenía que aceptarlo porque era una imposición de la empresa”.

La testigo, que ha subrayado que “hay otras empresas que sí pagaban los 49 euros”, ha querido dejar claro que “no hay justificación” para dichas 'contrafacturas', que en realidad eran “por servicios de instalación y material didáctico”, por todo lo cual denunció estos hechos ante la Policía en el año 2014.

La juez Núñez también había citado este martes en calidad de investigado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien no ha comparecido después de que ayer presentara un escrito en el que alude a que el próximo día 17 tiene que acudir a la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación concedidas por la Junta.

Fue la juez Mercedes Alaya, por medio de un auto dictado el día 16 julio de 2014, quien imputó al exconsejero en esta causa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido supuestamente 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.

INCLUIDO EN LA PIEZA DEL ENTRAMADO EMPRESARIAL DE OJEDA

Tras marcharse Alaya a la Audiencia Provincial de Sevilla, el caso relativo a los cursos de formación fue asumido por la juez María Núñez Bolaños, que ha dividido la causa en nueve piezas separadas, una de las cuales afecta al entramado empresarial del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.

En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que también está siendo investigado en el caso de los ERE fraudulentos.

En la pieza relativa a Ojeda, se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación “a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010”.

La juez dice que existen indicios de que “buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas” al exconsejero, “en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento”.