Los 50 narcos liberados no vienen del “solo sí es sí”

Todos decimos estar hartos del nivel de crispación y polarización. Ciudadanía y analistas señalamos que la pelea entre políticos y en la sociedad, entre familiares, vecinos, conocidos, exacerbada por las redes sociales, es dañina para la convivencia democrática. Pero, ¿quién no se deja arrastrar por el frenesí enfurecido a cuenta del “solo sí es sí”? En el fragor pasamos por alto que mientras el primer gobierno de coalición progresista pende de un hilo por 42 excarcelaciones, 50 detenidos por narcotráfico acaban de librarse de juicio porque la falta de medios de un juzgado gaditano ha llevado a la prescripción de su caso tras 15 años.

No se trata de comparar los 42 agresores sexuales excarcelados de entre los 4.023 presos por delitos sexuales en toda España con esos 50 presuntos narcos liberados de un solo caso en Barbate porque son incomparables. Además, los datos son imprecisos al no haber contabilidad oficial.

Según Europa Press, en relación con el “solo sí es sí” van 42 liberados y 507 rebajas de condena; elDiario.es, “tras consultar a todos los tribunales superiores de Justicia” solo confirma más de 200 rebajas; la SER refiere 270 rebajas y 30 excarcelaciones… La ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoció sin sonrojo carecer de cifras directas y llevar la cuenta por la prensa en la entrevista con Angels Barceló en la SER, donde también quedó en entredicho su competencia por la lamentable frase “una agresión sexual es fácil de probar, basta una herida”.

Para resolver los problemas se necesitan datos ciertos y perspectiva de conjunto en vez de atolondrarse con el tema de rabiosa actualidad. ¿Alguien está considerando siquiera llevar recuento de cuántos detenidos se libran de juicio porque prescriben sus casos? Por no hablar de qué reinserción social logra la cárcel.

La polémica sobre el “solo sí es sí” es muy hipócrita porque convive con la falta de debate político, mediático y social, sobre la necesaria inversión en Justicia para juzgar a los delincuentes antes de que sus casos prescriban. Y para reinsertarlos.

Que la ley del “solo sí es sí”, siendo pionera y valiosa, ha planteado un problema me parece que, más que opinable, es una evidencia. Porque si como la ministra Irene Montero ha expuesto, en su caso con solvencia, en entrevista en la SER con Barceló días después, ella y el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lograron la mejor redacción posible, entonces deberían siquiera haber anticipado el revuelo que algunos casos podían causar y haberse curado en salud advirtiendo de ello a la opinión pública. El error –cuya dimensión, esta sí, se verá mayor o menor según criterios– tiene ya difícil arreglo. Difícil, no imposible.

Justo para frenar la espiral de controversia destructiva es útil atender a la citada prescripción del crimen de los 50 narcos, o a la liberación en Las Palmas, también por retraso en la instrucción, de Raúl Díaz quien según la fiscalía maltrató, mató, quemó en la barbacoa y tiró al mar a Romina Celeste Núñez, con quien estaba casado. A esto se sumará, si nadie lo remedia, la prescripción del robo de 200 kilos de coca del depósito de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, cuarto en sedes oficiales andaluzas tras el de la Jefatura de la Policía de Sevilla, el del depósito de Málaga, y el del Instituto de Toxicología de Sevilla.

“Efectos indeseados” estos también, como ha llamado estos días a los del “solo sí es sí” el presidente Pedro Sánchez y, en el caso de los delitos prescritos, con una causa que los profesionales de la Justicia llevan décadas denunciando: el colapso del sistema judicial por falta de personal, de medios y de inversión.

Acordarse de la Justicia cuando truena

El lamentable estado de la Administración de Justicia en España no es todo él imputable a la ministra Pilar Llop. Pero ella y su equipo sí tienen que afrontar hoy reclamaciones del sector como las planteadas por los letrados de justicia que desde el 24 de enero están en huelga indefinida lo que mantiene paralizados 100.000 juicios y vistas y, según el económico Cinco Días, “bloqueados 30 millones de euros diarios de las cuentas y depósitos de consignaciones que dejan de gestionarse.” Hay afectados por accidente de trabajo esperando juicio desde 2020, gente que no puede divorciarse... El colapso, en cambio, cosa curiosa, no parece retrasar las revisiones de pena a los agresores sexuales.

Llama la atención la velocidad con que los juzgados están revisando las penas de los agresores sexuales mientras el colapso en los tribunales tiene, hoy en día, 100.000 juicios y vistas paralizados.

Los impuestos tan criticados por las derechas son clave para la modernización y coordinación de una Justicia anquilosada donde los letrados en huelga han exigido al presidente Sánchez el cese de la ministra Llop por decir en la misma entrevista que no hay recuento oficial porque los funcionarios no anotan los casos. Un sistema judicial donde, solo ahora que truena, el Consejo General del Poder Judicial dice que llevará el recuento de las revisiones por el “solo sí es sí”. ¿Podría también informarnos de los casos que prescriben sin llegar a juzgarse?

El PP y Vox utilizan a las víctimas

A esta semana centrada en el choque entre el PSOE y Unidas Podemos llegamos después de que el vicepresidente de Castilla León, Juan García-Gallardo (Vox) metiera al PP en problemas por su empeño en hacer oír a las mujeres decididas a abortar el latido de sus fetos. Les conviene el cambio de controversia y no tienen escrúpulos en usar, para rascar votos, el dolor de las víctimas de los violadores como llevan años instrumentalizando el sufrimiento de las víctimas de ETA.

Pero Vox es el partido anti mujeres, como ha declarado la gran actriz Lola Herrera al recibir su premio Menina 22 como referente en Castilla y León. Y el PP, que ha mantenido su recurso contra la ley de plazos de Zapatero y bloqueado la renovación del Constitucional hasta que al fin, ¡13 años después!, esta semana la nueva mayoría progresista lo ha rechazado, tiene una relación con la justicia y el delito cuanto menos peliaguda.

Dejando a un lado esos Gürtel y Púnica donde los jueces atribuyeron al PP “corrupción institucional” y “organización criminal”, ahora un juez, en Marbella (Málaga), tiene que batallar para que de una vez el equipo de la alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, cuyo marido e hijastro son investigados por narcos, colabore y aporte documentos. El PP no solo no reprueba que ella adjudicara a dedo obras al testaferro del hijastro, sino que la mantiene como candidata a las municipales de mayo. También la alcaldesa de Motril (Granada), que es del PP, está acusada de usar 4.600 euros públicos para un pleito personal y sigue de cabeza de lista. Y al de Villar de Cañas (Cuenca) que de forma tan machista y grosera ha insultado a la ministra Irene Montero le han abierto expediente informativo, pero ¿le impedirán volver a presentarse a la alcaldía?

Las polémicas son estrategias y las personas usadas como fichas en la partida de este año electoral. Pero la gente y los políticos constructivos debemos salirnos del marco al que nos empujan para consolidar los logros y ganar más avances.

Bonus track: Cuando el desánimo se abre paso, leer palabras comprometidas y contestatarias como las de la universitaria Julia Rivas, portavoz en los premios a los mejores expedientes de Sevilla, llena de esperanza. Aquí su discurso completo, os hará bien. Viene una juventud estupenda y muy vapuleada que merece todo esfuerzo y más.