Érase una vez... la rebelión

Érase una vez unos 4.000 sujetos rebeldes, solo eran la puntita de un movimiento mayor en el que los medios de comunicación desempeñaban un papel notable. Negaban el resultado de unas elecciones recientes, negaban la democracia y tachaban sin más argumentos al Gobierno y al presidente de ilegítimo.

Los medios, entre cómplices y pasmados, repicaban que la causa de la rebelión era lo ajustado del resultado. Los más sabios de las redacciones recordaban que en un país remoto del norte se produjo la victoria en votos populares de Al Gore y una escasa diferencia en compromisarios en favor de George W. Bush que lo hizo presidente, pero o no influían o guardaban silencio o estaban jubilados. Allí, en el norte, no pasó nada.

Érase otra vez, años atrás, como precuela, el protagonista del cuento había sufrido la guerra judicial- lawfare- de jueces activistas al servicio no del imperio de la ley sino de sus intereses ideológicos y patrimoniales. Pero el muerto judicial había resucitado y ello a pesar de que los mismos vertederos mediáticos insistían en que fue reo de corrupción. Una mentira que no muere ni a este lado del océano.

Desde hace fechas, los rebeldes estaban acampados delante del Cuartel General de las Fuerzas Armadas. El objetivo era seducir y allegar “tropas o cualquier otra clase de fuerza armada para cometer el delito de rebelión” y así “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”. 

Los rebeldes, alzados “violenta y públicamente” tenían como objetivo asaltar los órganos constitucionales representantes de los poderes del Estado. Así lo hicieron, asaltaron físicamente el Congreso y el Tribunal Supremo- ya lo hicieron antaño de manera más sutil- y el Palacio Presidencial, causando “estragos en propiedades de titularidad pública … cortando comunicaciones…”, ejerciendo “violencia grave contra las personas”, enfrentándose a parte de la policía que se mantuvo leal y acorde a su obligación profesional de neutralidad, los “sectores leales a la autoridad legítima”.

El objetivo era “derogar” siquiera “parcialmente la Constitución”, “destituir al (jefe de Estado)…”, “disolver” el Parlamento, “sustituir por otro el Gobierno de la Nación”.

Desde el exterior, exministros, políticos y responsables institucionales en su cargo y hasta el anterior presidente, se estuvo “induciendo a los rebeldes” y mediante soflamas, “promovido … la rebelión” .

Desde la presidencia legítima se llamó a la lealtad a la Constitución y se prometió que los autores, instigadores, cómplices, funcionarios públicos, militares y policías pagarían con la fuerza de la ley. La Fiscalía y el Tribunal Supremo mandaban detener a los máximos responsables del Distrito Federal, el gobierno regional de la capital del país, un “mando subalterno” del golpe, así como otros “meros participantes” y la imputación del antiguo presidente ultraderechista, máximo pero solo uno de los “Jefes principales de…” la rebelión.

Sin embargo, a la espera de confirmar mediante la actuación judicial “el jefe conocido”, desde el poder legítimo se están reputando “como tales los que de hecho dirigen a los demás o firman escritos…”.

El cuento terminó con el triunfo de la legalidad constitucional frente al fanatismo fascista, una vez ejercida la autoridad por las fuerza leales a la autoridad legítima y la actuación del poder judicial acorde con la propia Constitución. El golpe fracasó y, por eso, se puede aplicar la ley que contempla para los rebeldes responsabilidades por delitos de terrorismo y abolición de la Constitución.

El cuento está lleno de entrecomillados, todos pertenecen al Código penal español, corresponden al Libro II, Título XXI, sobre Delitos contra la Constitución, española por supuesto. Un libro que debería leerse la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra.

Que no le engañen desde el bolsonarismo carpetovetónico, versión de aquende la mar, la derogación del delito de sedición no ha dejado a la Constitución desarmada frente al golpismo y al negacionismo de los émulos del trumpismo ni de nadie. Sin embargo, la democracia debería fortalecerse con una protección suficiente frente a los nuevos golpes y los que los instigan, dichos blandos pero muy perturbadores, eficaces y constantes, contra los órganos del Estado y la democracia desde dentro de las propias instituciones, v.g. Consejo General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional.

Cuca Gamarra tiene la obligación de conocer el Código Penal y también otra sagrada de no mentir. Salvo que la mencionada señora considere que lo que ocurre en ese cuento americano yuxtapuesto no es sino un simple delito de desórdenes públicos, sin importancia, como el asalto al Capitolio, con lo cual parece que estaría preparando la banalización en España de conductas semejantes a las ocurridas en Brasil y EEUU.