Gracias, carcunda y otros españoles

Eugenio Montero Ríos es el ministro de Gracia y Justicia que suscribe la Ley de 1870 sobre la gracia del indulto. Lo que más llama la atención es su antigüedad y vigencia; también lo poco leída que está, pero no resalta nadie que la ley fue aprobada en el Sexenio Revolucionario y que su autor, progresista, fue incluso presidente del Tribunal Supremo. Acabó mal, como el Sexenio Revolucionario, que fue un espejismo democrático que terminó, cómo no, con la Restauración borbónica.   

Desde entonces ha sido una ley muy usada. Los presidentes más graciosos, si nos ceñimos al periodo reciente, han sido, por gravedad de su gracia, Felipe González y José María Aznar. González, hoy sin memoria dicha, indultó al general Armada, condenado por un delito de rebelión militar, el golpe a tiros del 23F; su émulo, José María Aznar, indultó a José Barrionuevo y Rafael Vera por delitos de secuestro y otros cuya víctima injusta fue Segundo Marey. Se trataba del GAL –tiros y cal–, es decir, de delitos de terrorismo de Estado. La sentencia fue considerada justa por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Ahora siguen igual de graciosos, aunque en otro género, liderando una troupe de chiripitiflaúticos perfectamente orquestada para mantener su statu quo y seguir pretendiendo que son alguien en la moderna democracia española. No les faltan portadas, entrevistas ni programas de variedades para seguir con su lamentable papel secundario (pero molesto) en los tablaos políticos de Madrid. También el TS se las dio de gracioso con Antonio Tejero aunque su gracia no pasó a mayores; pero a los Supremos no les tembló su humor en su informe positivo al indulto a pesar de no constar arrepentimiento –artículo 25 de la ley de 1870– y sin perturbarse, como obstáculo para el indulto, por su reincidencia, como exige la ley progresista de 1870 en su artículo 2.

Una ley de 1870, que se dice pronto, tiempo suficiente como para habérsela leído Felipe González en lo que se refiere al arrepentimiento. Está acostumbrado a que su palabra sea ley entre su grey y a que los perezosos no vayan a la fuente, en este caso la ley, para leérsela y que no te la lea ningún santón de madraza.

Los Supremos, a los que solo les cabe informar en tanto que tribunal sentenciador, de nuevo hacen política desconociendo e invadiendo el papel del ejecutivo, y se permiten el lujo impropio de decirle al Gobierno legítimo que su decisión no será aceptable

El Gobierno de coalición progresista parece que va a tomar la decisión de indultar parcialmente a los penados por el procés –un gran disgusto para el independentismo–. Una decisión política que le corresponde, recogida por la Constitución y por las leyes, tras la petición de distintos ciudadanos y organizaciones.

Los grandes acontecimientos, los cambios, siempre son protagonizados en España por políticos progresistas; los carcas, la derecha rancia, o últimamente el socialismo de derechas jubilado, los obstaculiza, entiéndase. Pero como decía Thomas Kuhn, los cambios de paradigma son siempre precedidos de una cierta agitación pero llegan. Los consensos están sobrevalorados; las grandes decisiones se toman por gobiernos responsables y valientes que no miran sus pérdidas electorales sino la estabilidad y el futuro.

Los Supremos, a los que solo les cabe informar en tanto que tribunal sentenciador, de nuevo hacen política desconociendo e invadiendo el papel del ejecutivo, y se permiten el lujo impropio de decirle al Gobierno legítimo que su decisión no será aceptable; manosean a su conveniencia la vetusta ley y encabezan y encandilan a la oposición de derechas ante su inanidad política.

Los gobiernos se deben enfrentar a grandes retos de Estado; hoy le toca al Gobierno de coalición progresista, antes le tocó a Mariano Rajoy –que encontró la lealtad de la oposición–. La diferencia es que hoy el Gobierno tiene de nuevo enfrente a unos jueces metidos a políticos, y antes Rajoy, por el contrario, dejó la política en manos de los jueces y por eso están envalentonados. Deciden ellos y la derecha gregaria lleva a cabo su performance en el teatro de sombras del Parlamento y en la calle, publicada, se entiende.

Se dice que no hay unanimidad (nunca la hubo cuando Rajoy), es la democracia; pero sí lealtad. Así y todo nos dejó con Catalunya un camino enfangado, lleno de escombros y baches, intransitable. La oposición es hoy, sin embargo, una suerte de campaña electoral permanente, pero es una trampa creer que lo óptimo en política está siempre en el punto medio de toda lid política. El Gobierno no solo tiene que ganar la batalla del diálogo y la ampliación del terreno de juego para la democracia. Obtendrá una victoria simbólica con la fotografía en Colón, la de la carcunda española.

Las unanimidades están bien para las religiones o seguidores de tiranos; la diversidad es la necesidad motora de la democracia; la decisión que se tome tiene legitimidad

Las unanimidades están bien para las religiones o seguidores de tiranos, vg. Marruecos; la diversidad es la necesidad motora de la democracia; la decisión que se tome tiene legitimidad –negada de nativitate por la derecha colombina– y está apoyada por una amplísima mayoría parlamentaria. La responsabilidad es en exclusiva del Gobierno con respeto a la división de poderes. Otras opiniones son igual de legítimas pero la lealtad, el respeto institucional y la separación de poderes es exigible con todo el vigor democrático.

La ley de gracia sostiene la utilidad pública del indulto. Es el Gobierno quien tiene esa capacidad, no es coral; decidirá lo que considere prudente y necesario para esa utilidad que no es otra que ganar democráticamente, no a palos ni con una justicia exuberante incapaz de asomarse sin vergüenza más allá de los Pirineos. Con riesgos pero hay que dejar expedito el camino minado de odio y escombros que nos legó el Gobierno cobardito de Mariano Rajoy.