Es verosímil que esa fuese la frase con la que despidió la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a su invitada al Palacio de San Telmo el pasado año, Ana Patricia Botín.
Al Sr. Botín le pareció “mal, fatal” la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. A Ana Patricia Botín, a todos los banqueros y fondos buitres, llamados de inversión, les parecerá bien, estupenda, la recién anunciada Ley de Retracto de Desahucios en Andalucía. De una ley a otra hay un salto enorme. Un cambio radical en la defensa del derecho humano a la vivienda. Una da poder al pueblo trabajador, la otra a la banca.
La Ley para asegurar la función social de la vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en septiembre de 2013, nació del compromiso de IU Andalucía con la lucha por el derecho humano a la vivienda y tiene en su ADN las luchas del movimiento en defensa del derecho humano a la vivienda y la paralización de los desahucios. Es decir, ni casas sin gente, ni gente sin casas. Una Ley para eliminar los desahucios de clase y de género y cumplir la función social de la propiedad: en Andalucía hay, según el Censo de Vivienda de 2011, 700.000 viviendas vacías, la inmensa mayoría en manos de bancos y fondos de inversión. Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todas las ejecuciones hipotecarias de Andalucía.
Con los datos del CGPJ de 2013, paralizaba de 4 a 6 desahucios al día. Con ella, las familias trabajadoras y el movimiento del derecho humano a la vivienda tenían poder ante los bancos. Con esta ley, las oficinas en defensa del derecho a la vivienda, puestas en marcha en octubre de 2012, paralizaron más de 6.000 desahucios hasta septiembre de 2014. Esta ley permite sancionar a la banca, incluida la SAREB, por mantener VPO vacías y sin ponerlas a disposición de las andaluzas: 20 millones de euros en sanciones a la banca a lo largo del 2014.
Pero llegó el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que al tiempo que declara inconstitucional la parte fundamental de esta Ley- la sanción a personas jurídicas por incumplimiento de la función social de la propiedad si mantenían las viviendas vacías y la expropiación temporal del uso a la persona jurídica que desahuciaba- declara inconstitucional la Constitución Española.
El alto tribunal dice que ya no vivimos en un Estado Social, Democrático y de Derecho. Amanda Meyer, responsable de programas y convergencia de IU Andalucía, publicó en este mismo medio un artículo en el que analiza esta sentencia y sus consecuencias:
El anteproyecto de Ley del Retracto de desahucios de Andalucía es la antítesis de todo lo que les he descrito. Han cambiado “no desahucies que te expropio”, por “tú desahucia que yo pago”. El anteproyecto de ley tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno de Andalucía. Hasta que se apruebe por el Parlamento pueden pasar meses, incluso un año, pero los efectos de esta norma, aún sin estar en vigor, se notarán de inmediato: incentivar los desahucios, desarmar a las familias trabajadoras ante la banca que les desahucia y a las oficinas en defensa de la vivienda provocará más desahucios, más dolor y sufrimiento a las familias trabajadoras de Andalucía. ¿Qué banco se va a sentar para acordar la dación en pago, el alquiler social, la quita o reestructuración de la deuda hipotecaria si sabe que el Gobierno de la Sra. Díaz va a comprarle la vivienda? Esta Ley da más poder a la banca.
Esta ley es el tercer rescate público a la banca. El primero fue la inyección de dinero público, el segundo la creación de la SAREB que se quedó con los llamados activos tóxicos de la banca, y el tercero, este rescate autonómico con el que vamos a comprarles, otra vez, las viviendas. Extraordinario. Si el PSOE se caracterizó por no hacer nada ante los desahucios, de clase y de género, durante su etapa de Gobierno, ahora hacen una ley que promueve desahucios.
No se les puede negar coherencia en sus decisiones: en 2011 la reforma del artículo 135 de la Constitución, en 2015 el tercer rescate bancario.
Estamos ante una ofensiva neoliberal que ha enterrado la Constitución, el Estado Social, Democrático y de Derecho y que se centra en recuperar la iniciativa para una regeneración del sistema bipartidista monárquico que realice cambios en las formas al tiempo que asegure el dominio del capital sobre las fuerzas del trabajo. El bipartidismo está preparando reformas constitucionales para después de las elecciones aunque ya han iniciado su proceso constituyente. Pero también hemos constatado que es posible vencer electoralmente: Madrid, Barcelona, Zamora, Zaragoza, La Coruña o Santiago lo demuestran. Construyamos unidad popular para las elecciones generales, para un Gobierno al servicio de la mayoría social trabajadora, es decir, que legisle para ganar el derecho humano a la vivienda, al trabajo, la salud, la educación, las pensiones… Tomemos la iniciativa para un proceso constituyente.
Todo lo demás será más hojarasca que el viento se llevará.
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