Para sanear los cimientos de nuestras instituciones públicas, una de las tareas imprescindibles es construir un nuevo modelo de Administración Pública profesionalizada, que frene la corrupción y las malas prácticas en la prestación de servicios públicos. El debate sobre la reforma de la Función Pública es prioritario en la construcción de un nuevo modelo de Administración Pública que salvaguarde los derechos de sus trabajadores y cuyo eje central sea la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía.
En Andalucía se ha consolidado un modelo indefinido de Función Pública, que combina un sistema cerrado -acceso a través de condiciones de igualdad, mérito y capacidad-, con un sistema abierto -puestos designados libremente por cargos políticos-. La merma en la Oferta de Empleo Público frente a la proliferación de Puestos de Libre Designación y al aumento incesante de altos cargos en todos los organismos públicos, ha supuesto una injerencia de intereses partidistas en la Administración, cuyas consecuencias todos conocemos y sufrimos en la actualidad. El principio de seguridad y estabilidad del derecho administrativo está deteriorado, la desmotivación de empleados y empleadas públicas es desoladora y el saqueo de los recursos públicos es inadmisible.
Actualmente nos regimos por una ley que data de 1985, a pesar de existir una importante demanda por parte de los colectivos del personal funcionario y laboral para revisar este modelo de Función Pública. Esta demanda se hizo explícita en 2010, cuando decenas de miles de empleados y empleadas públicas se movilizaron, durante meses, en contra de la privatización encubierta y huida de derecho administrativo que suponía la Reordenación del Sector Público Andaluz acometida en solitario por el PSOE.
Desde entonces, el Gobierno de la Junta de Andalucía hace oídos sordos a dicha demanda y tiene la postura de congelar este debate incómodo para sus intereses. ¿Por qué no han acometido, hasta ahora, la tan necesaria y demandada reforma de la Función Pública Andaluza? Es ahora, con unas elecciones a la vuelta de la esquina y un concurso paralizado deliberadamente desde hace más de 3 años, cuando propone un parche en la normativa que le vuelve a beneficiar doblemente. Por un lado, se busca el rédito electoral que supone desbloquear el concurso de funcionarios y por otro lado, se intenta aprovechar esta coyuntura para colar, con rango de ley, unas medidas de amplio calado para la carrera profesional. Medidas que nuevamente obstaculizan la independencia de los empleados públicos, al equipar la experiencia adquirida en un puesto obtenido en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, con la adquirida en otros designados provisionalmente sin esas esas garantías. El actual gobierno de la Junta sigue empeñado en que la Administración Andaluza sea una prolongación de su partido.
Creemos que es el momento de abrir el debate sobre una nueva Ley de Función Pública Andaluza en la que la independencia profesional, el control y la transparencia sean la prioridad esencial.
Pero el debate sobre esta reforma no lo pueden liderar quienes han urdido un entramado de relaciones opacas, que se encuentra actualmente en los tribunales, como es el PSOE, ni quienes emergen como nuevas opciones pero dispuestas a encubrir estas malas prácticas, como es el caso de Ciudadanos. Podemos está demostrando ser, en el Parlamento Andaluz, el actor político con mayor compromiso por generar un amplio consenso social, a través del debate y el diálogo entre todos los colectivos implicados. Un compromiso, en definitiva, cuyo resultado sea la administración que los andaluces y andaluzas nos merecemos, una administración pública, profesional, independiente de los partidos políticos y al servicio de la ciudadanía.
Después de haber paralizado, por primera vez en 35 años, una iniciativa del Gobierno de Andalucía cuya única pretensión era la continuidad de una política de personal que suponía el blindaje de los privilegios de tan sólo unos pocos frente a una amplia mayoría de empleados públicos, damos un paso más. Los próximos días 13 y 14 de noviembre, se celebran las Jornadas “LA FUNCIÓN PÚBLICA A DEBATE” en las que tendré la oportunidad de compartir junto a Iñigo Errejón, Sergio Pascual, Auxiliadora Honorato y Marta Domínguez, las tareas que consideramos imprescindibles para un nuevo modelo de Función Pública.
Sobre este blog
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