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¿Qué es la prejubilación?

Hace ya décadas que en los medios políticos, sociales y económicos, se habla de la prejubilación como una realidad incuestionable. Fundamentalmente porque, desde entonces, es frecuente la ejecución de procesos de reestructuración empresarial en los que, entre otras posibles medidas, se opta por la prejubilación de los trabajadores. Y, sin embargo, a fecha de hoy, no existe en el ordenamiento español una norma que defina la prejubilación o la configure, expresamente, ni como causa de extinción de los contratos de trabajo, ni como una de las contingencias protegidas o de las prestaciones que integran la acción protectora del Sistema de Seguridad Social. Se produce una indefinición normativa que provoca, con más frecuencia de la deseable, una idea equívoca de lo que es y lo que implica la prejubilación, tanto desde el punto de vista laboral, como desde la perspectiva de su protección social (es un error común la consideración de la prejubilación como una forma de jubilación anticipada).

A pesar de la indeterminación legislativa, los operadores jurídicos coinciden en caracterizarla como aquella decisión que se materializa en un proceso de reestructuración empresarial y que implica, necesariamente, el cese en el empleo de trabajadores de edad avanzada: un cese que tanto puede ser voluntario (ya sea por acuerdo entre empresario y trabajador, ya sea por decisión unilateral de este último -a través de las llamadas bajas incentivadas-) como involuntario (normalmente, a través de un despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, individual o colectivo) y que siempre ha de referirse a un trabajador de edad madura o próxima a la general de jubilación. En atención a tales notas esenciales, se puede definir la prejubilación como la situación en la que se encuentran los trabajadores que han perdido su empleo a una edad avanzada hasta alcanzar la edad prevista para recibir una pensión de jubilación, ordinaria o anticipada, de la Seguridad Social.

Pero si el límite máximo de las situaciones prejubilatorias es fácilmente deducible de las normas que delimitan la edad de acceso a tales pensiones, no sucede lo mismo con el mínimo, en tanto que ni en las normas sustantivas ni en la negociación colectiva existe un límite de edad, único y general, que permita diferenciar la situación de los prejubilados de aquella que afecta al resto de los trabajadores que pierden su empleo y pasan a la situación de desempleados. Y sin embargo, la delimitación es sumamente importante. De un lado, porque los prejubilados tienen una posición privilegiada respecto al resto de los desempleados ya que, junto a las prestaciones o ayudas, públicas o semipúblicas (si se atiende a su forma de financiación), que compensan la pérdida de ingresos que deriva de la extinción del contrato, suelen percibir ciertas contraprestaciones complementarias que derivan de compromisos asumidos por el empresario, que siempre mejoran el importe de la protección básica y que permiten un mayor acercamiento al salario de activo del afectado (que es el ideal de cobertura). De otro, porque por razones de edad, es habitual que los prejubilados se coloquen en una situación de tránsito o espera hasta su jubilación definitiva y por ello, ni buscan, ni tienen necesidad de encontrar un nuevo empleo.

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Modificar la LOUA: el daño no se ha reparado, en todo caso, se ha maquillado

El problema con las denominadas 'viviendas ilegales' surge por la confluencia de tres circunstancias:

1.- La Ley del Suelo de Andalucía, vigente desde enero del año 2003, y de marcado carácter ecologista y medioambiental, prohíbe las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable y las incluye dentro de los supuestos de imprescriptibilidad (recogidos en el artículo 185.2). Es decir, contra una parcelación urbanística en suelo no urbanizable posterior a enero del 2003, la administración siempre puede actuar.

La actuación de la administración va encaminada a restituir el orden jurídico infringido, que según contempla el reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado en el año 2010, supone la agrupación de las parcelas y la demolición de todas las construcciones que la integren.

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Ley de retracto, una nueva alternativa ante los desahucios

Desahucio paralizado 'in extremis' en Coria del Río (Sevilla). / I.L.A.

Pocos elementos simbolizan mejor el proyecto de una vida que la vivienda. El hogar es el espacio donde almacenamos recuerdos y proyectos, logros y esperanzas. Por ello, cada desahucio que se produce hiere profundamente a familias que se ven afectadas, pero también nos hiere como sociedad que debe saber encontrar una solución justa y eficaz a este problema. Como parlamentaria, soy pues consciente de que una de las grandes tareas que me han asignado los ciudadanos es encontrar las herramientas que garanticen el derecho a una vivienda digna.

Ante el frentismo y los golpes de efectos que vemos en los últimos meses, tan efímeros como la luz de un flash, el Grupo socialista del que formo parte sigue buscando las soluciones legales más progresistas y eficaces destinadas a frenar los desahucios.

Lo hicimos en la pasada legislatura con la Ley de Función Social de la Vivienda, nacida del anterior gobierno en coalición de PSOE e IU. Con ella pretendimos, entre otros objetivos, evitar que las familias que se encontraran en situación de emergencia social perdieran su vivienda en un desahucio. La ley que salió del Parlamento estableció la posibilidad en último recurso de expropiar temporalmente a la banca, a cambio de una indemnización económica, el uso de viviendas sobre las que se había ejecutado la hipoteca. Nadie, en el momento de redactar y aprobar esa norma, pudo pensar que detrás de la compensación que recibía el sector financiero a cambio de la expropiación temporal había algún beneficio a particulares o que se trataba de un rescate a la banca.

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A vueltas con la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores

Los últimos graves hechos delictivos cometidos por menores de edad han vuelto a reabrir el debate recurrente sobre la utilidad de la Ley Penal del Menor. Este debate tiende a criminalizar a la mencionada Ley considerando que la misma es la culpable de  todos los males surgiendo un clamor popular respaldado, incluso, por voces de personas  que crean opinión que propagan que no vale para nada, que los menores entran por una puerta y salen por la otra y que no se castigan sus conductas delictivas o que si son capaces de cometer hechos delictivos tan graves y propios de adultos no existe ninguna razón para no aplicar a estos menores la legislación penal de adultos con todas sus consecuencias.

No obstante, este planteamiento general olvida que la Ley Penal del Menor que rige en nuestro país esta basada en normas y tratados internacionales suscritos por España recogiendo una legislación similar a la de gran parte de los países que integran la Unión Europea y reconoce a todo menor que ha cometido un hecho delictivo una serie de derechos fundamentales básicos como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al principio in dubio pro reo, el derecho a un juicio justo así como el derecho a la proporcionalidad debida entre la sanción a imponer y la gravedad del hecho delictivo y  que todo el sistema de justicia juvenil europeo gira en torno a un principio básico como es el principio del superior interés del menor infractor proporcionado al mismo, una vez cometido el hecho delictivo, una intervención sancionadora-educativa dirigida a su reinserción definitiva y total a la sociedad.

Asimismo se olvida que la Ley Penal del Menor sólo entra en juego cuando el hecho delictivo ya se ha cometido y el verdadero debate que se debe hacer es plantearnos qué tipo de sociedad estamos construyendo para que los menores lleven navajas cuando salen de fiesta, sean capaces de matar a una persona porque les impide su intención de robar o agredan sexualmente a varias personas en un corto período de tiempo.

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"Tú desahucia que yo pago"

Es verosímil que esa fuese la frase con la que despidió la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a su invitada al Palacio de San Telmo el pasado año, Ana Patricia Botín.

Al Sr. Botín le pareció "mal, fatal" la Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda. A Ana Patricia Botín, a todos los banqueros y fondos buitres, llamados de inversión, les parecerá bien, estupenda, la recién anunciada Ley de Retracto de Desahucios en Andalucía. De una ley a otra hay un salto enorme. Un cambio radical en la defensa del derecho humano a la vivienda. Una da poder al pueblo trabajador, la otra a la banca.

La Ley para asegurar la función social de la vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en septiembre de 2013, nació del compromiso de IU Andalucía con la lucha por el derecho humano a la vivienda y tiene en su ADN las luchas del movimiento en defensa del derecho humano a la vivienda y la paralización de los desahucios. Es decir, ni casas sin gente, ni gente sin casas. Una Ley para eliminar los desahucios de clase y de género y cumplir la función social de la propiedad: en Andalucía hay, según el Censo de Vivienda de 2011, 700.000 viviendas vacías, la inmensa mayoría en manos de bancos y fondos de inversión. Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todas las ejecuciones hipotecarias de Andalucía.

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Caso ERE: la jueza Alaya se equivoca en 151 millones

EFE

Han leído bien, sí. Por un "apunta por ahí un dos, quita de ahí un cero, resta el uno al tres" –o quizá porque no todo el mundo era aplicado de niño en clase cuando la seño explicaba aquello de la lectura con el cuadernillo Rubio, la suma y la multiplicación–, las cuentas hasta ahora dadas por válidas en el Caso de los ERE, nos referimos a esos tan traídos 855 millones ‘'efraudados', podrían tener un error de 151 millones de euros. Así pues, la cifra del fraude sería de 703 M€.

Lo vamos a explicar detenidamente. Siempre con los informes de los peritos de la Dirección General de Seguros por delante. Les invitamos a coger la calculadora y hacer las cuentas con nosotros. Porque en esta vida, por muy digital que sea, no todo es copiar y pegar. Si llevamos razón, que la llevamos, esta sería solo una más de las situaciones kafkianas que inundan esta instrucción.

Partiendo de los datos que los peritos incluyen en su informe de fecha 8 de abril de 2014, cuadros contenidos en las páginas 29-36, las conclusiones que ha sacado la juez son erróneas, al limitarse a trasladar las cifras sin efectuar un análisis de lo que significan los conceptos. Tampoco la Fiscalía ha sabido analizar el informe.

El error cometido consiste en que a pesar de que los peritos manifiestan que la Junta de Andalucía (en adelante, JA) no ha abonado en concepto de coste de prejubilaciones la totalidad de los 760.257.651,32 € (véase octava columna del cuadro), es esta cifra la que se ha usado en la instrucción. A ello hay que añadir las ayudas directas a empresas. Respecto a esta última cantidad, siempre se ha admitido la cifra de 74.000.000 €, pero un reciente atestado sube la misma. En definitiva, el supuesto fraude llegaría a 855.000.000 €. Es decir, la cifra de ayudas a empresas se eleva a 95.257.651,32 €.

Además, el informe recoge un importante número de pólizas en las que los peritos desconocen si ha habido aportaciones ajenas a la JA, ya sea de empresas, trabajadores o el Gobierno Central (GC), en los casos que ha cofinanciado pólizas. Esta circunstancia hace mas incierto el cálculo del supuesto fraude (véase la octava columna, donde aparece la sigla N/D). En los cálculos que vamos a hacer suponemos que estas pólizas han sido abonadas al 100 % por la JA. Aunque sabemos que no es así, haremos el calculo más favorable a la instrucción.

No obstante, seguimos insistiendo en que esa cifra incluye los pagos a los prejubilados legales, lo que supone que los prejubilados legales, las aseguradoras y la Seguridad Social se siguen considerando ilegales, a pesar de que no se les ha reclamado en cuatro años. ¿Cuánto supone esto?

Ni que decir tiene que estamos ante un error de tal relevancia que pone en duda toda la instrucción de la jueza Ayala. Antesala de otros muchos que lamentablemente se han producido en la instrucción, y que ya han sido expuestos en distintos escritos no contestados por la juez. Errores que distorsionan la instrucción desde su origen. No se trata solo de unos euros arriba o abajo, sino de 151 millones de euros. Un error de tal magnitud que puede dar lugar a pensar que, como este, puede haber otros de igual envergadura, lo que sitúa a los imputados en unas condiciones de gran inseguridad procesal. Su relevo al frente del juzgado número 6 se ve con alivio por los más de doscientos imputados, que albergan esperanzas de que alguien mejor capacitado para hacer las sumas y restas encarrile de una vez por todas una instrucción que ya dura más de cuatro años, casi como la Primera Guerra Mundial.

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El lince sigue teniendo un riesgo de extinción crítico que no justifica su cambio de estatus

Recientemente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha cambiado el estatus del lince ibérico ( lynx pardinus) de 'en peligro crítico' a 'en peligro', basándose en un informe realizado por dos investigadores y en los datos disponibles sobre las poblaciones del felino. Esta noticia, que en principio debería ser motivo de alegría es, sin embargo, una mala noticia porque, al contrario de lo que el informe realizado parece indicar, los linces ibéricos siguen estando críticamente amenazados.

Nadie duda los avances realizados en la conservación del lince gracias a los diferentes proyectos LIFE realizados desde el año 2001, pero al contrario de lo que parece deducirse del cambio de estatus, la situación actual está lejos de ser lo optimista que ese informe parece indicar.

Aunque es cierto que un análisis superficial de los datos puede ajustarse a los criterios que la IUCN muestra para producir un cambio de estatus, hay otros muchos datos (que cualquier investigador debería considerar en un análisis de este tipo) que muestran que la situación del lince ha empeorado sensiblemente desde el año 2010 hasta el presente. Aunque nadie pone en duda que el informe ha usado parte de la información disponible y los criterios de la IUCN, echamos en falta que en esta nueva catalogación no se haya tenido en cuenta el que es el principio fundamental que rige los criterios de la IUCN y de cualquier política de conservación, el principio de precaución.

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¿Para qué sirven los lobos en Andalucía?

Foto: José Antonio Maldonado (EEA)

Los lobos son especies clave para los ecosistemas ("keystone species"). Mediante la depredación de ungulados silvestres, los lobos reducen la presión herbívora sobre la vegetación, especialmente la flora riparia, lo cual indirectamente sirve para restaurar las comunidades biológicas forestales, especialmente en el entorno de las riberas. La caza humana se ha revelado ineficiente en términos de reducción de ungulados silvestres y de mejora de la biodiversidad global, porque no sigue criterios naturales sino deportivos y recreativos (trofeos, etc.).

Poblaciones funcionales de lobos modifican y alteran la abundancia y estructura de las comunidades biológicas donde habitan, incluidas las plantas, animales, microorganismos, compuestos del suelo e incluso ayudan a mitigar los efectos perniciosos del cambio climático sobre los ecosistemas gracias a la depredación que ejercen.

Los lobos promueven las interacciones entre especies, directa e indirectamente, lo cual redunda en una mejora sustancial de la biodiversidad, contribuyendo a su conservación, restauración y funcionalidad a largo plazo. En términos ecológicos estos efectos se conocen como "cascadas tróficas".

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El árbol, nuestro aliado natural contra el cambio climático

Alcornocales

Los árboles constituyen un bien preciado de la naturaleza, dando estructura al ecosistema y regulando dos gases esenciales para la biosfera: el oxígeno y el dióxido de carbono. En nuestra atmósfera, tanto el precioso 21% de oxígeno como el contenido actual de dióxido de carbono, estimado en 400 ppm, está regulado de forma preferente por los árboles de la Tierra.

A pesar de su extrema importancia, no dejamos de atentar contra ellos. Estamos lejos de esas culturas que aprecian el árbol como un bien sagrado para la vida. Deforestamos de forma masiva para extender nuestro dominio sobre el planeta, por no hablar de las talas que realizamos en las ciudades y las podas arbitrarias y caprichosas que perpetramos contra ellos. Nuestra cultura no valora el árbol.

Cuando dedicamos un día a algo normalmente es por una actitud reivindicativa. En el Día Mundial del Árbol debemos pedir respeto por este pilar de la biosfera. De todas las múltiples funciones del árbol quiero destacar, en este día, su papel como sumidero natural de dióxido de carbono.

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Vivienda es un gerundio en femenino

España es el Estado más hipócrita de la Unión Europea en relación al derecho a una vivienda digna. Es cierto que la mayoría lo contemplan en sus Constituciones y han ratificado los Tratados que lo reconocen expresamente. Sin embargo, ninguno de los dos acuerdos básicos en el reconocimiento europeo de los derechos humanos (la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), lo nombran siquiera. Por eso todos son unos hipócritas. Aunque España los supera con creces al no haber ratificado todavía el único texto que sí lo hace, la Carta Social Europea revisada en 1996, para no tener que soportar al Comité de Expertos en Derechos Sociales denunciando su vergonzante incumplimiento.

Esta hipocresía se multiplica hasta la náusea con el último informe de Amnistía Internacional, Derechos desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España. Tras esos números de hielo, hay personas que necesitan un techo para vivir. Y vivienda es su gerundio en femenino. No hay nada más parecido a la vivienda que el útero materno. Un espacio donde sentirnos protegidos en nuestros derechos más elementales: a la vida, a la salud, a la educación, a la intimidad, a la participación… Por eso sólo debemos llamar vivienda al inmueble efectivamente habitado. Por eso el derecho íntimamente ligado a la vivienda es el de posesión. Y por eso sólo las personas físicas pueden ser titulares de viviendas. El inmueble es sólo cuerpo y la vivienda es el alma. Sin vida, se degrada a inmueble. La vivienda es un bien jurídico. El inmueble, apenas un bien material.

En el colmo de las incoherencias que dañan a la gente, el Estatuto de Andalucía reconoce la Carta Social Europea que el Estado español desprecia. Por eso los estudiantes del Laboratorio Jurídico sobre desahucios reclamaron a los políticos andaluces que exigieran al Gobierno central su ratificación. Así sea. Mientras tanto, Andalucía legisló con prudencia para que los inmuebles cumplieran con su función social de vivienda. Conscientemente o no, plagió las medidas de la ley de reforma agraria que se declararon constitucionales en 1987: sancionar las tierras improductivas y desposeer a los que reincidan en su incumplimiento. El parecido con la Ley de la Función Social de la Vivienda es de espejo: sancionar a las personas jurídicas que mantengan las casas vacías; y desposeer (nunca expropiar) en los casos de lanzamiento de familias vulnerables. De ahí que sea de extraordinaria gravedad el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al expropiarnos derechos sociales y competencias que teníamos adquiridas, con la coartada de una planificación económica a modo de cheque en blanco, tal como manifestaron alarmados los votos particulares.

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