La ley sigue sin visibilizar el trabajo de las mujeres rurales cinco años después

Cinco años han pasado desde la entrada en vigor de la Ley de Titularidad Compartida, un 5 de enero de 2012. A todas luces, la ley ha resultado un fracaso cuando a febrero de 2017 solo 251 mujeres en toda España han accedido a la cotitularidad de las explotaciones, pese a la estimación que el propio Consejo de Ministro hizo de las potenciales beneficiarias: unas 100.000. Aproximadamente, una por cada 400 mujeres estimadas con casos extremos como el de Andalucía, comunidad autónoma en la que no hay ninguna mujer registrada.

La ley fue entonces, como reconocen las organizaciones agrarias, el logro y la plasmación en papel de décadas de lucha por la igualdad de derechos de la mujer en el sector agroganadero. Sin embargo, a los dos años de su entrada en vigor ya se dieron cuenta de que algo no iba bien y se formaron grupos de trabajo del sector con el Ministerio de Agricultura para ver qué es lo que había que modificar.

La realidad es que otros tres años más tarde los registros de Titularidad Compartida cuentan con 251 mujeres inscritas en toda España. La crisis, los bajos precios y rentabilidad que agobian a las familias del sector y una mentalidad machista difícil de cambiar dentro del mundo rural parecen ser algunas de las barreras para que se haga efectiva. Por no hablar de los obstáculos burocráticos que las mujeres del sector denuncian.

Causas de un fracaso

Dolores puede ser una mujer de mediana edad, que lleva toda la vida trabajando en el campo con su marido, y después de asistir a una jornada informativa sobre la Ley de cotitularidad decide proponerle darse de alta en la Seguridad Social, compartir de forma visible, que se reconozca un trabajo diario que hace desde tiempo atrás. Pero llega a casa y se encuentra enfrente el no por respuesta, las quejas de su marido, los miedos de un compañero a algo que no conoce, a que su mujer lo que quiera es quedarse con la mitad de una propiedad o a pagar más dinero. Este es solo un ejemplo de los casos que se siguen dando en el mundo rural.

Lo más habitual, como denuncian las asociaciones agrarias, es que al hacer cuentas la familia, no le vea el rendimiento a pagar una cuota más de Seguridad Social para la mujer. Los precios de los productos del campo son bajos, el rendimiento también y los costes altos, por lo que más que pensar en el futuro de una posible pensión para ella, de una mejora laboral, de un reconocimiento, pesa más el poder llevar el máximo dinero a casa a corto plazo, sacar algo de beneficio o aminorar pérdidas.

Hay pocas mujeres inscritas. De hecho, en el caso de Andalucía, con cero en su marcador, el hecho de que no haya ninguna mujer inscrita en el registro no quiere decir que no haya quien lo haya intentado. Verónica Romero, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Andalucía (Fademur Andalucía) sabe de cinco casos en Almería; Inmaculada Idáñez, responsable del área de Mujer de COAG y presidenta de CERES, de una también en esa misma provincia. Trámites burocráticos, papeleo, documentos, el desplazamiento a Sevilla para poder resolverse su inscripción en el registro las han echado para atrás. ASeguran que “no compensa”.

¿Qué piden las organizaciones agrarias?

Desde Asaja Andalucía piden una urgente revisión de la Ley de Titularidad Compartida con incentivos que pongan en marcha los poderes públicos estatales y autonómicos y medidas que contribuyan a mejorarla para adaptarla a la realidad de las agricultoras.

Entre otras, la equiparación de las reducciones de la cotización a la Seguridad Social hasta el 50% en todo el territorio nacional, medidas fiscales o la libre elección del régimen en el que quiera cotizar cada trabajadora.

También se ha solicitado que las mujeres que se den de alta como cotitulares tenga derecho a la baja por maternidad, que aquellas que empiecen a cotizar pasados los 50 años de edad sean compensadas desde la administración para percibir la pensión de jubilación y que exista la opción de contratar a las mujeres por cuenta ajena, como actualmente sucede con los hijos.

Desde UPA Andalucía, Verónica Romero insiste en que la ley necesita algunas aportaciones, como bonificaciones en el pago de la Seguridad Social o cambios en las cooperativas que no tienen recogida todavía la palabra cotitularidad, por lo que sólo podría acceder uno de los miembros de la pareja. Además, habría que reducir la burocracia para poder inscribirse en el registro.

Del mismo modo opina María Inés Casado, presidenta de Ademur Jaén, que cree que se trata de una ley con muchas lagunas, aunque parece haber buena disposición a sacarla del cajón y hacerla efectiva. También apunta que si las explotaciones no son muy grandes, pagar dos seguros sociales no es muy viable para la familia.

En Coag- Andalucía, Isabel Idáñez, presidenta de Ceres Andalucía, considera que un cambio sería que la Ley se hiciera obligatoria, o que se incentivaran más los cambios propuestos. Asegura que en otras comunidades autónomas ya se están aplicando algunas estrategias pese a que los números tampoco son excesivos. De hecho, en Castilla León hay 99 inscritas en el registro, 87 en Castilla la Mancha y 17 en Galicia. En el caso andaluz, afirman, “preparar papeles, de Almería a Sevilla, de un lado a otro”, sin que algunos funcionarios sepan ni cómo realizar el registro, son dificultades que hacen que las mujeres no se acojan.

“Otra cosa es que tenemos precios de risa, vamos siempre vendiendo a pérdidas” y si con la Seguridad Social del marido estamos cubiertas sanitariamente, echamos números y o salimos ras con ras o negativos, ¿cómo vamos a generar más gastos en la unidad familiar?“, se preguntan.

Frente a ello sigue reivindicando la titularidad compartida, porque es un derecho de toda persona que está trabajando el estar dado de alta en la Seguridad Social.

Cambio de mentalidad

Aún así, las representantes de las mujeres rurales saben que no se trata solamente de derechos escritos en un papel sino de un cambio de mentalidad. Isabel Idáñez apunta que hay estadísticas que dicen que las mujeres que son titulares de explotaciones (un 35% en Andalucía), en su gran mayoría están viudas o divorciadas. “Eso demuestra que siguen siendo los hombres los titulares y las mujeres las que están ayudando” sin reconocimiento ni derecho alguno; “yo no conozco ningún caso al contrario”. 

“Es lo de toda la vida, la mujer se queda en la casa y no aparece en ningún lado”, a lo que se suma que “está todo tan mal” que a pesar de tener esta ley en la mano “seguimos en las mismas por los gastos y los no ingresos, seguimos siendo la ayuda invisible” que cuando llega a los 70 años, a pesar de haber estado toda la vida trabajando no tiene derecho a nada, ni si quiera a una pensión no contributiva, porque normalmente hay alguna propiedad. “siempre dependiendo del marido”.

Una dependencia que les lleva a hablar de otro aspecto, la violencia de género. “En el campo y el medio rural hay mucha”, mujeres que a pesar de estar trabajando no tienen ingresos ni independencia económica y “en caso de sufrir malos tratos no se mueven de su casa, porque no tienen propiedades, ni Seguridad Social, ni otro empleo...”. Así que, pese a los reconocidos avances dentro del mundo rural para las mujeres incluida la ley de cotitularidad, reconocen que hay algo que no está funcionando y hay que trabajar por arreglarlo.