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El Ministerio de Medio Ambiente vuelve a alertar de que Doñana se seca

Grado de desecación alcanzado por la laguna de Santa Olalla en Doñana / Héctor Garrido (EBD-CSIC)

Alejandro Ávila

Mismas causas, mismas cifras. Según el nuevo informe del Ministerio de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el acuífero de Doñana se va a pique. Las aguas subterráneas son las que nutren de vida los ecosistemas de la superficie y las lluvias, como alerta desde hace años la propia administración pública, no consiguen llenar los acuíferos a la misma velocidad que lo vacían los seres humanos.

Los grupos ecologistas denuncian que no se están tomando las medidas necesarias para evitarlo. Y ponen un ejemplo muy claro: en el informe de hace cinco años se hacía exactamente el mismo análisis y se daban las mismas recomendaciones que en el documento que ha presentado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el Consejo de Participación de Doñana.

El acuífero está sometido a “una intensa presión”, que “podría comprometer el buen estado de la masa de agua subterránea y de los ecosistemas terrestres que dependen de ella”, señalaba la CHG en su informe de 2013. Cinco años después, el informe reza: “el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero detrítico, de mantenerse comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen”.

Para la organización ecologista WWF hablar de “comprometería” o “podría comprometer” es un eufemismo y habría que hablar de que la sobreexplotación de las aguas subterráneas ya “nos tiene comprometidos”. En SEO/Birdlife advierten: “La gestión hídrica en el entorno de Doñana es actualmente la mayor amenaza a la que se enfrenta, a corto, medio y largo plazo” y creen que habría que “declarar globalmente sobreexplotado el acuífero de Doñana”.

1.000 pozos ilegales

1.000 pozos a lo largo y ancho de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales le roban el agua a Doñana. Lo hacen al norte del espacio protegido, entregándole el agua que sostiene la vida a los cultivos de cítricos, fresas y otros frutos rojos. Para luchar contra los agricultores ilegales, el informe de 2013 contemplaba el “incremento del personal de guardería para control de extracciones” y la “revisión de los títulos de derecho del uso de agua de los aprovechamientos en aguas existentes”.

Juan José Carmona, portavoz de WWF en Doñana, apunta que “lo que anda todo el mundo esperando es que llegue el agua del trasvase, pero es un error esperar que el trasvase lo va a solucionar todo. Hay que aplicar las medidas oportunas: cierre de pozos, eliminación de fincas que rieguen ilegalmente y potenciar el ahorro. En 2013 anunciaron que iban a aumentar las guarderías. La guardería fluvial ha aumentado de una a dos personas. Las medidas no están sirviendo y el acuífero sigue igual un año tras otro”.

Los ecologistas de SEO/Birdlife tachan de “parche” el trasvase. “La reciente tramitación en el Congreso de los Diputados del trasvase de 15 hm3 anuales desde la demarcación Tinto, Odiel, Piedras hasta Doñana (demarcación del Guadalquivir) es un parche imprudente y otra muestra más de la desgobernanza total en política de aguas. Es una política basada en la oferta del agua y que no atiende a la gestión y control de la demanda de agua tal y como obliga la normativa europea”, sostienen.

16 sectores en riesgo

El acuífero tiene menos agua de la que cabría esperar por las lluvias y en estado de riesgo o prealerta, según la terminología utilizada por la administración. El acuífero se divide en 16 sectores: sólo uno se encuentra en un estado normal y el resto se hayan en riesgo: cinco en alarma, tres en alerta y siete en prealerta.

“Asimismo, 11 de estos 16 sectores del acuífero muestran una situación peor a la que le correspondería según la lluvia caída en el último año. Un hecho realmente preocupante si se tiene en cuenta que los dos últimos año hidrológicos han estado pluviométricamente dentro de la normalidad, con 526 mm en el año 2016/17. Además, de las cinco masas de agua subterráneas en las que se ha dividido el acuífero, tres están en mal estado ecológico”, denuncia SEO.

Las críticas no proceden solo del movimiento ecologista. También del sector científico. Carmen Díaz Paniagua es investigadora de la Estación Biológica de Doñana, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según las investigaciones de Díaz Paniagua, la bajada del nivel freático se debe al crecimiento urbanístico de Matalascañas, sus campos de golf y el crecimiento del sector de la fresa, que esquilma la zona norte, la más afectada. Todo esto tiene un efecto sobre las lagunas: algunas se han secado y otras, que eran permanentes, ahora son temporales.

“Antes, con un buen año de lluvia, se recuperaba el sistema. Ahora si tras un año de lluvias, llega uno normal, no se recupera. Como no hagamos una política de gestión del agua, nos quedamos sin Doñana”, le afirmaba a este diario.

Plan de la Fresa

El cierre de los pozos ilegales y el ahorro de agua por parte de los agricultores son dos de las soluciones principales para frenar la desecación de Doñana. Por un lado, el Plan de Ordenación de Regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana se puso en marcha para poner orden en los regadíos que esquilman ilegalmente el acuífero. El consejero de Medio Ambiente andaluz, José Fiscal, anunció en abril de 2017 que, desde que se puso en marcha el Plan de Ordenación de Regadíos de Doñana (más conocido como Plan de la Fresa) se han cerrado 300 pozos. Fiscal, al igual que los agricultores, apuesta por el trasvase del Gobierno como solución “absolutamente imprescindible”, en declaraciones a Europa Press.

Por parte de los agricultores, se han tomado también algunas medidas como el proyecto Ferdoñana, impulsado por SAI (Iniciativa para una Agricultura Sostenible), una plataforma que reúne a 90 grandes empresas del sector agroalimenticio, el objetivo del proyecto es “reducir entre un 20% y un 40% el uso del agua en el cultivo de frutos rojos, es decir, fresas, frambuesas, arándanos y moras” aplicando tecnología puntera.

Según SAI, las empresas que han participado en el programa cuentan con una superficie superior a las 7.000 hectáreas. Los agricultores se ahorran costes de agua, incrementan el rendimiento de sus explotaciones y contribuyen así a mantener vivo el parque natural y, por tanto, el ecosistema que sustenta su negocio... sin agua no hay Doñana.

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