Gráfico para entender por qué los PGE pueden incrementar la desigualdad entre los territorios

La tajada que el Gobierno de España ha metido en su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en las inversión regionalizable, que ha pasado de 11.128,2 millones de euros el pasado ejercicio a los 8.597 que se proponen para éste, supone un golpe directo a una de las partidas clave para corregir los desequilibrios territoriales y por eso ha agitado a las comunidades autónomas. Dentro de otra serie de críticas, ésta ha sido la puntilla definitiva para que el Gobierno de Andalucía, territorio en el que esta partida pasaría de 1.825,24 millones de euros en 2016 a 1.156,76 este ejercicio, se plantee impugnar las cuentas.

Como comunidad autónoma más poblada, y sin embargo entre las que tiene más paro y la renta per cápita más baja, esto supone un duro golpe básicamente porque ataca la filosofía del modelo de financiación que defiende el Estatuto de Autonomía. Cabe recordar que la Administración General del Estado (AGE) cuenta, fundamentalmente, con dos instrumentos para corregir las diferencias de riqueza por habitante en España: la inversión regionalizable y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

Sus dotaciones vienen sufriendo recortes en los PGE desde 2011, año electoral en el que el Gobierno de Mariano Rajoy engordó estos conceptos. Pero, además, su caída afecta a algunas CCAA más que a otras, lo que contribuye todavía más a acentuar las disparidades. En concreto, la inversión regionalizable ha pasado de los más de 16.500 millones de euros de 2011 a poco más de 8.500. Es decir, este instrumento financiero de reequilibrio se ha visto reducido a la mitad desde 2011.

Evolución a la baja también para el FCI, que financia inversiones que son ejecutadas por las CCAA para hacer efectivo el principio de solidaridad. Lo perciben las siguientes: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. Suman más de la mitad de la población (58%) y también copan el desempleo: dos de cada tres parados del país viven en las mismas.

Para 2017, el FCI tiene una consignación propuesta de 432,4 millones de euros, lo mismo que en 2016, pero si se compara con 2011 (774,4) la caída es notable: un 44,2% menos. Es decir, se ha visto reducido también casi a la mitad agravando la situación de las receptoras.

Eso tiene una consecuencia y es, según se observa en los datos de la Contabilidad Regional de España, la dispersión en PIB per cápita entre las distintas CCAA. El coeficiente de variación está ya en un 23,5%, o sea, un incremento de 8,7% en el periodo. Esto significa que las siete regiones más ricas, que no participan del FCI, tienen en promedio un PIB per cápita que supera en 10.293 euros a las otras, según el cálculo de un informe de la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía basado en los datos del Ministerio. [Nótese que en el gráfico no se ha hecho este cálculo con la inversión regionalizable porque no estaba todavía detallada, pero con la propuesta crecerá la diferencia todavía más].

En dicho informe, los expertos concluyen: “Los recortes en estos instrumentos financieros están siendo negativos, ya que están contribuyendo al aumento de las desigualdades entre las CCAA más y menos desarrolladas. Las políticas dirigidas a reducir dichos desequilibrios han de ser un elemento central, más tras periodos de crisis donde deben incrementarse las prioridades dirigidas a las personas que más la han sufrido, en las regiones con menores niveles de empleo y renta”.

La Junta de Andalucía tiene una interpretación para esto, y la expone María Jesús Montero, para quien ha habido “una utilización partidista de las cuentas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, como instrumento de propaganda electoral”. Por ello, ha recordado que “justo antes de las elecciones generales”, ese 2011, “hicieron unos PGE que estaban inflados paro luego, sobre la marcha, recortarlos y adaptarlos a la nueva situación, y ahora toca a los ciudadanos pagar los platos rotos del oportunismo”.