El Defensor del Pueblo Andaluz pide blindar la inversión en derechos públicos

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado este martes en el Parlamento su Informe Anual sobre la actividad en 2017 de la oficina que encabeza en el que reflexiona sobre la existencia de derechos “ensombrecidos” y “debilitados” debido a restricciones presupuestarias y fallos en la gestión y coordinación que “impiden” una respuesta efectiva de la administración pública.

En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Juan Pablo Durán, Maeztu ha hecho hincapié en la “amenaza” que para la aplicación de dichos derechos supone en muchas ocasiones la falta de disponibilidad presupuestaria. Así, frente a la mediación de la Defensoría por este asunto, “reconocen que tienen razón pero no pueden hacer nada por la limitación de gasto”.

Es, para el Defensor, “unánime” la necesidad de una “importante” apuesta por la inversión en derechos públicos, blindando la misma para que no quede a expensas de la situación económica, así como de priorizar los derechos vinculados al Estado de Bienestar sobre los criterios económicos.

Sostiene el informe que la crisis sigue presente en la vida de miles de familias andaluzas en la medida en que todavía no se ha vuelto al punto de partida tras la misma, lo que el pasado ejercicio derivó en multitud de movimientos que reivindicaron más y mejores recursos públicos para volver a dicho punto de inicio, después de dos años en los que el foco estuvo en la “irreversibilidad” de algunos derechos conquistados y la generación de una brecha de “creciente” desigualdad.

Para el Defensor, las familias tienen la impresión de que la recuperación de los datos económicos no se acompasa a su situación, a lo que se une la “muletilla” de la administración --a la que Maeztu ve con “conciencia” pero sin planes ni medidas concretas para salir de esta situación-- aludiendo a la falta de dotaciones de presupuesto o problemas de gestión para no proceder a garantizar derechos vinculados a la educación, la salud, los servicios sociales, la vivienda o la justicia.

Los “grilletes” de la limitación del gasto

Tampoco se entiende, añade, que comunidades con superávit tengan los “grilletes” de la limitación del gasto. Por ello, apela a la necesidad de un cambio en la orientación política y de una administración “cercana y ágil” que responda de manera satisfactoria a la ciudadanía.

Como asuntos relevantes en este informe, la Defensoría ha incluido el derecho a una muerte digna, la exclusión financiera de comarcas rurales por la ausencia de cajeros y la escasa movilidad, la investigación sobre el proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana --respecto al cual el Defensor solicitó en Bruselas la suspensión definitiva del proyecto-- y el 'Brexit' y sus consecuencias para Andalucía.

En relación a este último aspecto, Maeztu ha recordado la postura oficial del organismo que dirige en el sentido de la “garantía de derechos” para los miles de trabajadores fronterizos y que acuden a diario a desempeñar su labor a Gibraltar, ya que el 'Brexit' traería aparejada una serie de consecuencias laborales sobre Seguridad Social, cotizaciones o derechos adquiridos.

Recalca, asimismo, la reunión programada con el negociador de la Unión Europea para este asunto, Michael Barnier, y la visita que, junto al Defensor del Pueblo estatal, Francisco Fernández Marugán, giro a la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, así como de la reunión mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis.

Menos quejas que en 2016

En cuanto al balance cuantitativo, el Defensor realizó en 2017 un total de 20.868 actuaciones, con 9.815 quejas, de las que 6.792 fueron nuevas --6.624 a instancias de parte y 168 de oficio-- y el resto tramitadas de años anteriores. La gestión de quejas tramitadas se redujo un 3 por ciento con respecto a las 10.128 de 2016.

También se atendieron 10.378 consultas, un 4 por ciento menos de las 10.800 de la campaña previa, lo que sumado a las 675 acciones de promoción de derechos ofrece el balance total. Fueron 170.872 personas las que requirieron en 2017 la intervención de este comisionado parlamentario: de éstas, 143.000 registraron una sola queja sobre el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, algo que ha ocurrido en otras ocasiones con casos como la mezquita-catedral de Córdoba, donde Maeztu aboga por una gestión profesional, que “se compadece mal con la liturgia de la Iglesia”.

El mayor número de quejas gestionadas en 2017 están relacionadas con la educación (1.072), la vivienda (942), el sector público (907), el medio ambiente (781) y el consumo (717). La mayor cifra de aumento de quejas nuevas con respecto al año anterior se produjo en igualdad de género --con un 105 por ciento, de 18 a 37 quejas--, obras públicas y expropiaciones --un 32,4 por ciento, de 74 a 98 quejas--, dependencia --22,9 por ciento, de 262 a 322 quejas-- y consumo --21,9 por ciento, de 401 a 489 quejas--.

Por último, respecto a epígrafes concretos, el Defensor destaca el incremento generalizado de los tiempos de respuesta asistencial y la paralización de las infraestructuras sanitarias, las quejas sobre educación especial y la climatización, la insuficiencia de plazas en residencias públicas y concertadas, el aumento de desahucios por impagos del alquiler y la falta de construcción de viviendas públicas, el adeudamiento del pago de ayudas previstas para los programas y ayudas para el fomento del empleo, el “colapso” de los órganos judiciales, la regulación de la emisión de música pregrabada como factor de contaminación acústica o la falta de apoyo de consumidores para la devolución del importe de las cláusulas suelo y de los gastos de formalización del préstamo hipotecario.