A finales de 2021, entró en vigor el Real Decreto 903/2001, que modifica el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, que tenía como principal medida la obtención del permiso de trabajo de forma más sencilla para los/as jóvenes que han estado tutelados/as por la administración.
Con la legislación anterior, esta administración pasaba de protegerlos a maltratarlos.
En efecto, la normativa de Extranjería, previa a esta modificación, establecía una serie de trabas burocráticas inhumanas que abocaban a un callejón sin salida a muchas de estas personas. Por un lado, la mayoría de estos jóvenes salía del servicio de protección de menores con 18 años, sin permiso de residencia y trabajo. Por otro lado, aquellos con mayor suerte de salir con un permiso de residencia, éste no les permitía trabajar legalmente.
Además, en pleno confinamiento derivado del COVID-19 y tras una sentencia que generó jurisprudencia, el Estado Español empezó a exigirles entre 400€ y 2000€ de ingresos mensuales para poder mantener su permiso de residencia, sin tener validez medios económicos derivados de su acogimiento en una entidad social o prestación de cualquier tipo. ¿Cómo iban a justificar esos ingresos con 18 años si no les dejaban trabajar? El resultado era de esperar: una multitud de jóvenes perdieron su permiso de residencia por todo el territorio español.
“Un contrato de un año a jornada completa”
Esa frase martilleaba la cabeza de todos/as estos/as jóvenes y de las personas que les apoyan. Conseguir un contrato de esas características en España, actualmente, resulta muy complejo, pero sin permiso de trabajo y sin redes de apoyo, se convertía, en muchas ocasiones, en imposible.
“Por las noches no puedo dormir pensando en los papeles”, “tengo miedo cuando veo a la policía por si me cogen y expulsan” “no puedo esperar más, mi madre está enferma y necesita medicamentos, tengo que trabajar ya”, “todo el día pensando en los papeles, me da miedo volverme loco”, “me gustaría seguir estudiando y llegar a la universidad, pero cómo lo voy a hacer si tengo que trabajar todo el día”.
¿Cuánta carga emocional hay detrás de estas frases, tantas veces escuchadas por las personas que atienden a estos jóvenes? Frustración, impotencia, tristeza, rabia, miedo, desasosiego, incomprensión, irritabilidad, desesperanza y un sinfín de consecuencias emocionales y comportamentales sufren unos cuerpos y mentes que siguen en pleno desarrollo de su madurez.
Este cambio legislativo ha llegado tras la lucha de muchos colectivos, entidades sociales y sobre todo de los/as propios/as jóvenes que la sufrían y que en muchas ocasiones, ha provocado problemas de salud mental (ansiedad, depresión e incluso suicidio). Después de tanto esfuerzo, por fin se abre una puerta a la esperanza, a sentirse más motivados aún por su futuro, a poder sentir mejor la alegría frente a los momentos de soledad y miedo que tienen.
Esta parte de nuestra juventud arrastra una carga emocional desmesurada, en la que, a edades muy tempranas, en pleno desarrollo madurativo de la adolescencia, se enfrentan, en un país desconocido, sin familiares cercanos y apenas referentes adultos, a situaciones de vida muy complejas, donde una cantidad importante se ha visto con 18 años en la calle, en situación irregular, sin apoyo alguno y en plena exclusión social.
Los recursos que atienden a este grupo poblacional suelen estar infra financiados y mal dotados de personal y material. La búsqueda del contrato de un año a jornada completa copaba las jornadas laborales con el fin de que estas personas pudieran salir adelante. Apenas daba tiempo de abordar esa dimensión emocional que provocaba en ellos/as toda esta situación, viviendo con impotencia el no poder llegar a más: buscar y no encontrar recursos psicológicos que apoyen a aquellos/as a los/as que se detecta que empiezan a ser preocupantes sus niveles de ansiedad, trastornos del sueño, el comienzo de consumo de tóxicos, observar como aquellos que acaban viviendo en la calle se deterioran tan rápido, donde se intuyen depresiones, episodios de irrealidad, etc.
Ahora que se abre la posibilidad de acceder por sí mismos/as al mercado laboral precario que tiene el resto de jóvenes de la sociedad (contratos por horas, de un mes, etc.), los/as que estamos cerca de ellos/as, ¿Podremos dedicarle más tiempo al acompañamiento emocional? ¿Las administraciones darán un paso adelante para trabajar sobre la salud mental de estos/as jóvenes que no se está abordando en la actualidad?
Esperemos que así sea, pero, en este nuevo punto de partida ya es interesante reflexionar sobre cuánto puede cambiar la salud emocional de una parte de la población, un nuevo marco legislativo. Ahora mismo es incalculable el giro emocional que puede conllevar esta nueva situación en la vida de muchos jóvenes. También es difícil de evaluar cuántos casos de problemas de salud mental se podrán evitar si entendemos este nuevo reglamento como una especie de medicina preventiva.
A parte de todas las consecuencias prácticas que tendrá el nuevo reglamento y que ya empezamos a ver, estamos expectantes de saber cuáles serán las consecuencias en la salud mental de los/as jóvenes extutelados/as.
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