El otro retraso de trenes en Andalucía: Moreno entierra el traspaso del Cercanías que aprobó el Parlamento tras pedirlo Cataluña

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, se ha convertido en munición electoral en manos del PP andaluz de Juanma Moreno, que ha cargado duramente contra la gestión estatal de los trenes, atribuyendo “motivos políticos” a los fallos de seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, donde hace 10 meses también colisionaron dos trenes, con 47 muertos en Adamuz (Córdoba).

Moreno ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez una “revisión íntegra” del sistema ferroviario en Andalucía, sin embargo, en 2023 anunció el traspaso de competencias de los trenes de Cercanías a Andalucía, previa solicitud formal al Estado, y en cumplimiento de un artículo del Estatuto de Autonomía. Aquella iniciativa, que contó con el aval del Parlamento, lleva tres años enterrada, sin que la Junta haya iniciado los mecanismos necesarios para ejecutarla: convocar al Gobierno a la comisión bilateral para negociar el traspaso.

En noviembre de 2023, el presidente de la Junta dio un golpe de efecto durante el debate del estado de la comunidad andaluza apoyando, por sorpresa, las iniciativas de dos grupos a la izquierda del PSOE para solicitar formalmente el traspaso a Andalucía de las competencias sobre los trenes de Cercanías y la “financiación asociada correspondiente”.

La propuesta de la coalición Por Andalucía era muy concreta: el Gobierno de Moreno se comprometía a “convocar la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Junta de Andalucía a fin de reclamar el traspaso integral del Estado a la Junta, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz”.

La redacción de Adelante Andalucía era más ambiciosa: el Ejecutivo andaluz debía asumir el control del Cercanías a su paso por la comunidad autónoma “para poner un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes de Andalucía”. Moreno firmó las dos, con el voto de sus 58 diputados. “¿Se imaginan qué haríamos en Andalucía con los 6.000 millones de euros de financiación de los trenes de Cercanías?”, se preguntó el presidente andaluz durante el debate.

El PP-A gobernaba entonces con mayoría absoluta. De aquel giro de guion –algo muy poco común en un dirigente que se precia de ser “previsible”– salió un mandato del Parlamento andaluz instando al Ejecutivo de Moreno a iniciar el trámite para reclamar al Estado el traspaso de Cercanías. Moreno debía invocar la comisión mixta Junta de Andalucía-Gobierno central, un mecanismo de negociación bilateral blindado en el Estatuto de Autonomía, pero tres años después no lo ha hecho.

Ni la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, ni el departamento de Fomento, que gestiona la consejera Rocío Ruiz, han articulado ninguna gestión encaminada a cumplir el mandato del Parlamento andaluz que, con el voto mayoritario del PP, solicitó formalmente al Gobierno de Moreno que abriera un diálogo con el Estado para asumir la gestión de los trenes de corta y media distancia dentro de su territorio.

Del “agravio” a Andalucía al olvido en la comisión bilateral

El Ministerio de Política Territorial no ha recibido en tres años ninguna solicitud de la Junta de Andalucía para sentarse a negociar en el marco de la comisión bilateral, confirman fuentes del departamento de Ángel Víctor Torres. La Consejería de Presidencia ha eludido explicar a este periódico las razones de que, en tres años, no haya iniciado el trámite para el traspaso del Cercanías a Andalucía –un asunto que ha reaparecido varias veces en el Parlamento, a iniciativa de Adelante–. Tampoco ha aclarado si la Junta ha renunciado definitivamente a este propósito, que el presidente andaluz defendió en la tribuna de la Cámara en noviembre de 2023.

El apoyo sorpresivo que Moreno brindó a las propuestas de resolución de Adelante y Por Andalucía, dos grupos en las antípodas ideológicas del PP, se explica en el contexto político de entonces. El PSOE de Pedro Sánchez acababa de firmar un pacto con ERC que incluía el traslado de Rodalies a Catalunya, a petición del grupo independentista.

Desde el principio, el presidente andaluz ha hecho casus belli de los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los catalanistas –ya fuera la condonación de la deuda pública o la reforma del modelo de financiación autonómica–, denunciando el “agravio” y el “castigo” a Andalucía, frente a los “privilegios” para Catalunya.

En ese discurso tan autonomista, que recuperaba el lema de “no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, Moreno aprovechó la reivindicación de la izquierda andalucista en el debate del estado de la comunidad para subirse al carro y reclamar, desde el Parlamento, las competencias sobre los trenes de Cercanías que discurren por territorio andaluz.

En realidad, el dirigente popular estaba reclamando un derecho ya reconocido en el artículo 63.3 del Estatuto de Autonomía (reformado en 2007), que ningún presidente de la Junta (todos socialistas) había esgrimido antes. El apoyo de un PP con mayoría absoluta (58 diputados) a las propuestas de dos grupos que juntos sumaban siete escaños descolocó, incluso, al PSOE andaluz, que se abstuvo en aquella votación, aunque minutos después su líder, Juan Espadas, trató como pudo de justificarse.

Quien sí ha avanzado en la reclamación del traspaso de competencias de Rodalies a Cataluña es la Generalitat, que lleva meses preparando con el Ministerio de Transportes la transferencia de la infraestructura de la línea que recorre el Maresme (R1). El Govern de Salvador Illa ha trabajado de la mano del exministro Óscar Puente, desde que el PSOE y ERC firmaron hace tres años el acuerdo que luego reclamó para sí Juanma Moreno desde Andalucía.

El presidente andaluz no inició los trámites para negociar con el Gobierno de España. El traslado de Rodalies a Cataluña, no obstante, aún debe oficialiarse en un Consejo de Ministros, y pasar por la comisión bilateral Estado-Generalitat y por la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, donde se concretarán los plazos y la financiación para asumir la titularidad de las vías y las labores de mantenimiento de estaciones y catenarias. La empresa estatal Adif seguirá gestionando el control de la circulación ferroviaria.