Una empresa 'desokupa', a juicio en Sevilla: la Fiscalía la acusa de delitos de lesiones y coacciones

El operativo policial, a finales de octubre, en el edificio número 13 de la calle Luis Cadarso

Javier Ramajo


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Un juzgado de Sevilla ha estimado parcialmente el recurso de reforma interpuesto por las jóvenes que venían ocupando unas viviendas en los pisos de Pinillos, en el corazón del barrio de Nervión, a las que intentaron desalojar a finales de octubre varias personas de la empresa de desalojos Desokupa Expres. Aunque el juzgado había archivado provisionalmente el caso, fuentes judiciales han informado de que se han transformado las actuaciones en delito leve por coacciones y lesiones después de que la Fiscalía de Sevilla se adhiriera parcialmente al recurso de reforma de la acusación particular que ejercen las jóvenes.

Una actuación de los desokupas de Torremolinos fue denunciada ante un juzgado hace tres semanas

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La Fiscalía considera que los hechos ocurridos en los pisos, ocupados desde hace años en la capital hispalense, pudieran ser constitutivos de delitos leves de lesiones (artículo 147.2), tras los partes de lesiones presentados por tres denunciantes, y posible delito leve de coacciones, “imputables a los empleados de la empresa Desokupa express identificados por la Policía Nacional”.

El auto del juzgado, fechado el 9 de febrero, no es aún firme y contra él cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, si bien las fuentes aseguran que el asunto llegará sin duda a juicio tras la resolución del juzgado a raíz del escrito del fiscal, con fecha 3 de febrero. Cabe recordar que el juzgado, aunque luego sobreseyó provisionalmente el caso, libró un oficio a la Policía Nacional para que practicara las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciado por seis personas ocupantes relativos a posibles delitos de lesiones, amenazas y allanamiento de morada.

Según las jóvenes, que pudieron regresar aquella noche a las viviendas, la inmobiliaria Maben Itálica SL contrató los servicios de Desokupa Expres (DSKE) para proceder al desalojo, que llevaron a cabo “cinco integrantes” de la citada empresa con “bates de beisbol y machotas”. Esas personas, según también fuentes presenciales, utilizaron la técnica del butrón para poder entrar en el bloque del número 13 de la calle Luis Cadarso, si bien en el auto judicial no se ha calificado como delito de ningún tipo ese hecho comprobado por los agentes. “Me estaba tomando un café y de repente me vi a empujones por la escalera rodeada de neonazis”, relató una de las denunciantes. En su interior, seis personas fueron echadas a la fuerza, desahuciadas a la calle sin orden judicial que sustentara el lanzamiento, y acudieron a instancias de la propia Policía Nacional al juzgado de guardia de Sevilla.

Al juzgado de guardia

La abogada Ana Castaño, que representa legalmente a las denunciantes, comunicó a los agentes del 091 y de la UIP que la propietaria de los pisos no había cursado la pertinente denuncia, civil o penal, para que se procediera al desalojo y trató por ello de mediar con el operativo policial, una vez restituida la calma tras momentos de nervios y la presencia de otros vecinos. La respuesta que se encontró, según su relato, fue “aquí no va a entrar nadie”, según le espetó un agente pese a reconocer que no había denuncia previa y que se estaba produciendo un allanamiento de morada. “Tenemos órdenes expresas”, le añadieron a la letrada. “Lo normal, sin una denuncia, hubiera sido que la Policía hubiera restablecido el orden público y restituido la entrada de las inquilinas, pero nos mandaron al juzgado de guardia”, comenta. Fuentes policiales aseguran que la llegada de los agentes se produjo “cuando los ocupas ya estaban fuera”, y confirman que recomendaron que acudieran al juzgado de guardia para denunciar si así lo estimaban oportuno.

Los integrantes de Desokupa Expres, de Murcia, una vez que los agentes policiales abandonaron el lugar a la hora de comer, se habían atrincherado de nuevo en el edificio y habían impedido la entrada al mismo con un puntal, relató entonces la abogada. Bien avanzada la tarde, una vez que el juez de guardia había dictado ya el auto de restitución de la entrada y había enviado un oficio a la Policía Nacional para que posibilitara la actuación, según dijo la abogada, desde los servicios centrales policiales no se había constatado el contenido de la resolución judicial, por lo que los agentes del operativo no sabían cómo actuar. La opción que les daban a las personas del bloque 13 era entrar por un balcón subiendo al techo de uno de los furgones actuantes.

Advertidos finalmente del mencionado oficio, una vez que la letrada puso en conocimiento de la Policía la existencia del mismo, sobre las 23.00 los agentes pudieron de nuevo restituir la entrada, aunque no por la puerta apuntalada sino por un hueco del butrón hecho por Desokupa Expres, de modo que se pudo acceder de nuevo a los pisos desalojados a través del sótano, al que se entra por un local trasero por el patio grande comunitario. “La presencia policial no ha servido más que para amparar a los miembros de esta organización en lugar de devolver la posesión de las viviendas a sus habitantes”, escribieron en un comunicado las personas ocupas.

Según explicaron las denunciantes, que lamentaron la “pasividad abrumadora” de la Policía ante el desalojo “violento e ilegal”, dos personas disfrazadas de guarda de seguridad custodiaron el acceso al bloque número 15 de la calle perpendicular Padre Méndez Casariego, impidiendo a las convivientes que entraran o salieran también, siendo una de las habitantes de este edificio una mujer de avanzada edad que paga alquiler de renta antigua. Esta no era la primera vez que la inmobiliaria Maben Itálica contrataba los servicios de esa empresa para tratar de expulsar a los vecinos de este edificio. Según ha podido saber este periódico, la inmobiliaria contrató a un mediador para que intercediera entre las inquilinas, pero el acuerdo no fue posible. En los últimos meses, según las denunciantes, cometieron acciones tales como el intento de taladrar la cerradura de la puerta principal, pusieron pegamento en esa misma cerradura en varias ocasiones para impedir la entrada e incluso llegaron a colarse en la azotea de la casa saltando desde el edificio contiguo y provocando daños al mobiliario que se encontraba en la misma, relataron.

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